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Con penas de tres a seis años de prisión o multas que oscilan entre los 700 a mil 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), legisladores de la Ciudad de México buscan inhibir el uso y la difusión no autorizada de imágenes de personas fallecidas en accidentes o crímenes en la capital.
Se trata de la iniciativa que presentó la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, la cual también plantea sancionar a quienes compartan o comercialicen dichas imágenes sin el consentimiento de los familiares.
Las sanciones se incrementarán en un tercio si las víctimas son mujeres, niños o personas en situación de vulnerabilidad, como medida adicional de protección. Sánchez Barrios explicó que la iniciativa responde a casos recientes de comercialización de imágenes de decesos, como el caso del actor Octavio Ocaña, cuyas fotos fueron filtradas a medios.
Cabe destacar que la propuesta incluye la adición del artículo 208 bis y la modificación del artículo 293 Quater del Código Penal del Distrito Federal.
“La pena y la multa para quienes incurran en el ilícito deben ser lo suficientemente significativas para disuadir a los delincuentes, evitando que incurran en este tipo de prácticas. Si lo hacen, se garantizará un efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas”, argumentó la legisladora.
Se espera que el próximo gobierno sexenal ahora sí se hará válido el lema de campaña, “por el bien de México, primero los pobres”, y no el que durante los seis años recientes practicó Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “por el mal de los pobres, primero los ricos”.
Al menos 141 mil 987 menores en México se encuentran en la orfandad, han tenido alguna pérdida de sus cuidadores o han muerto.
Elimina el requisito de convocar con un día de anticipación a las comisiones en sesiones extraordinarias.
Sí por México considera que ésta sólo obedece al afán del Presidente, de ser aplaudido y aceptado, sin tener nada que ver con las urgencias de los mexicanos: la necesidad de salud, educación, seguridad, y empleo.
“Hemos identificado que estos cinco estados tienen una fuerte presencia de delincuencia organizada y tienen una alta disponibilidad de armas de fuego”, afirmó Carlos Juárez, director del IEP.
Los colectivos que protestaron calificaron de “asesina” a la diputada federal del PAN, Teresa Castell, al tiempo que exigían procesar propuestas a favor de los derechos de su comunidad LGBTTTIQ+.
El rezago en la recuperación de empleos en la Ciudad de México, por ejemplo, es un tema que necesariamente se tiene que trabajar en lo inmediato.
Los luchadores sociales, al planear y ejecutar sus acciones, no deben tener en cuenta solo los intereses particulares de su grupo, sino los de toda la lucha social de los marginados en general.
Cuando se trata de masacres masivas, EE. UU., el “país de la democracia”, encabeza las listas mundiales.
Clara Brugada organizará el proceso de transición con cada Secretaría en el gobierno de la Ciudad.
La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” convocó a todos los sectores de la sociedad a sumar fuerzas a favor del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
Este 8 de febrero Editorial Esténtor presentará su nuevo material, autoría de Aquiles Córdova Morán, que se sumará al extenso catálogo de cerca de 30 libros orientados a la politización, concientización y organización del pueblo mexicano.
En lugar de privilegiar el diálogo, las organizaciones feministas han sido objeto de mofa y de calumnia; calificarlas de conservadoras o herramientas del neoliberalismo es cometer violencia contra ellas desde el poder.
En México no existe una verdadera oposición política; por lo tanto, no ha jugado un buen papel ante el gobierno de López Obrador para hacer verdadero contrapeso en las decisiones de gobierno.
El Senado aprobó con 71 votos a favor y tres abstenciones eliminar el artículo 158 del Código Civil Federal, que establece que en caso de divorcio las mujeres no podrán casarse sino 300 días después de diluir su matrimonio anterior.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera