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Al fuerte estrés que un trabajador debe superar cada día en su ámbito laboral, se agrega una serie de retos que lo agobian aun más: la precariedad salarial, el desempleo en ascenso, la informalidad, el cambio climático, los avances tecnológicos (la inteligencia artificial) y una legislación laxa por la que estos problemas se filtran e instalan para conculcar sus derechos laborales. Por ello surge la pregunta: ¿estamos listos los mexicanos para enfrentar tales retos?
En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la población desocupada corresponde a 1.6 millones de personas; pero con base en esta misma fuente podemos afirmar que 35 millones de mexicanos padecen algún grado de vulnerabilidad en sus trabajos, ya sea porque éstos son informales o subempleos debido a que hay patrones que no respetan la jornada laboral de ocho horas, como la ley estipula.
Además, en México, la mayor parte de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas cuya endeble economía propicia la inestabilidad laboral y la precariedad salarial de sus trabajadores, quienes viven en permanente incertidumbre. En el caso de las grandes empresas, nacionales y trasnacionales, los trabajadores enfrentan la misma situación porque el desempleo masivo los obliga a aguantar los abusos de los patrones y porque saben que afuera únicamente hay miles de changarros.
Por esta dramática situación se requiere que en México sean respetadas a cabalidad las leyes laborales, para que se generen trabajos dignos, bien remunerados y formales; y que el Estado propicie la creación de empleos que cumplan con estas características, definidas por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
Otro de los grandes retos que resulta indispensable enfrentar con urgencia en el país es la gran brecha que hay entre el trabajo manual, que aún predomina en la mayor parte de las empresas industriales, y el avance incontenible de la inteligencia artificial en la producción automatizada.
Esta brecha es más notoria ahora, después de la pandemia de Covid-19, ya que obligó a muchas empresas y empleados a recurrir al teletrabajo, es decir, a laborar a distancia mediante el uso de equipos de cómputo y conexiones a Internet. Este tipo de empleos, además de provocar problemas financieros a los trabajadores, ha generado un aumento en el síndrome de Burnout, que la Organización Mundial de la Salud clasificó en el año 2000, como un estrés crónico que afecta la salud mental y física de los trabajadores.
Los programas que el actual gobierno ha creado para disminuir el desempleo –entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro– son una mofa, porque sus beneficiarios no necesariamente son personas desempleadas, porque representan solo una pequeña parte del problema; y porque se prestan al uso de varias prácticas de corrupción.
México requiere grandes cambios en materia laboral para hacer frente a los nuevos retos que hoy envuelven y agobian a los trabajadores; y para que éstos se superen deben recurrir urgentemente a la educación política y la organización laboral que les permita reconocer que la solución está en el uso de su fuerza como clase social específica.
Es necesario que los trabajadores asimilen que para enfrentar sus actuales retos deben saber que el principio de explotación es el mismo de siempre; pero que éste es hoy más intenso, más discreto y a tal grado más efectivo, que muchos han creído el cuento de que sus patrones sienten un “gran efecto” por ellos, cuando en realidad aumentan sus inmensas riquezas a costa del esfuerzo y la miseria de la clase trabajadora. Por ello, no cabe duda de que la unión de los trabajadores representa el único remedio para superar los cambios actuales.
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Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
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Escrito por Capitán Nemo
COLUMNISTA