La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) afirmó el pasado 15 de diciembre que concluirá este año con al menos 90 denuncias contra autoridades que violentaron los derechos de los ciudadanos pertenecientes al estado de Veracruz.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha estado en tendencia debido a la reciente persecución política que ha desatado en contra del líder social de esa entidad, Samuel Aguirre, perteneciente al Movimiento Antorchista.
Debido a que dicho movimiento le ha exigido resultados de su gobierno, en beneficio de los más pobres, así como la resolución de las demandas de cientos de veracruzanos, el gobernador del estado desencadenó una persecución política en contra del dirigente, ya que realizó una maniobra en la que falsificó la firma de Samuel Aguirre para culparlo de fraude y meterlo a la cárcel.
A principios de este mes, la organización no gubernamental Resistencia Ciudadana Xalapeña, que ofrece asesoría jurídica, denunció que cada semana recibe entre 150 y 200 reportes de detenciones bajo la imputación de “ultraje a la autoridad” en todo Veracruz.
Lo anterior, debido a que el gobernador García Jiménez mandó a arreglar la ley para que lo respeten. En febrero pasado, ordenó reformar el Código Penal del estado de Veracruz para endurecer el delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual castiga las “amenazas” o agresiones a los servidores públicos. La mayoría morenista de la legislatura local obedeció.
Desde entonces, a la autoridad no se le ofende en Veracruz, y menos al gobernador. Quienes desobedecen pueden pagar su atrevimiento hasta con siete años de prisión, más el periodo en que las instancias judiciales procesen la sentencia.
La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
La reforma no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios.
El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
Analistas han advertido que, sin una transformación profunda de las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera, la reforma electoral de Sheinbaum continuará siendo inútil.
El empresario Fernando Paniagua Garduño aportó 189 mil pesos para financiar nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en 2023.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
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Escrito por Redacción