La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) afirmó el pasado 15 de diciembre que concluirá este año con al menos 90 denuncias contra autoridades que violentaron los derechos de los ciudadanos pertenecientes al estado de Veracruz.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha estado en tendencia debido a la reciente persecución política que ha desatado en contra del líder social de esa entidad, Samuel Aguirre, perteneciente al Movimiento Antorchista.
Debido a que dicho movimiento le ha exigido resultados de su gobierno, en beneficio de los más pobres, así como la resolución de las demandas de cientos de veracruzanos, el gobernador del estado desencadenó una persecución política en contra del dirigente, ya que realizó una maniobra en la que falsificó la firma de Samuel Aguirre para culparlo de fraude y meterlo a la cárcel.
A principios de este mes, la organización no gubernamental Resistencia Ciudadana Xalapeña, que ofrece asesoría jurídica, denunció que cada semana recibe entre 150 y 200 reportes de detenciones bajo la imputación de “ultraje a la autoridad” en todo Veracruz.
Lo anterior, debido a que el gobernador García Jiménez mandó a arreglar la ley para que lo respeten. En febrero pasado, ordenó reformar el Código Penal del estado de Veracruz para endurecer el delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual castiga las “amenazas” o agresiones a los servidores públicos. La mayoría morenista de la legislatura local obedeció.
Desde entonces, a la autoridad no se le ofende en Veracruz, y menos al gobernador. Quienes desobedecen pueden pagar su atrevimiento hasta con siete años de prisión, más el periodo en que las instancias judiciales procesen la sentencia.
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