La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
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Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "merece" ser sometida a juicio político por alentar y participar en las manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma en la materia, advirtió la diputada de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna.
Asimismo, la exsenadora señaló que la magistrada presidenta de la SCJN incurre en responsabilidades administrativas, conflicto de interés y otros delitos, como el ejercicio ilícito de funciones, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y pago indebido de remuneraciones.
Padierna Luna expuso que la impartición de justicia es un servicio público de interés general que debe prestarse de manera continua y sin interrupciones. Afirmó que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que dejar de desempeñar las funciones del cargo es una causal de responsabilidad.
Cabe destacar que a pesar de que el Poder Judicial aclaró, desde el inicio del paro, que no se dejarían de atender emergencias ni de resolver asuntos urgentes, con guardias laborando para cumplir estas funciones, la integrante de Morena en San Lázaro insistió en que se está violando la Ley.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera