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Al asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador cumplió una de sus promesas de campaña al eliminar la “mal llamada reforma educativa” del sexenio anterior con el entonces presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, una vez concretado este compromiso, no se presentó un plan alternativo para la educación mexicana, aseguran especialistas en educación.
Asimismo, coinciden en que uno de los grandes problemas de la administración actual es la ausencia de un proyecto más allá de la eliminación de los cambios realizados por la reforma educativa, la cual había sido solicitada por grupos de maestros afines al morenista López Obrador.
La interrupción de las clases derivados de la pandemia por Covid-19 y la falta de un plan para su reanudación resultaron en el abandono de estudios por parte de 1.4 millones de estudiantes, entre 2018 y 2023, según reportes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Banco Mundial y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). El regreso a clases se realizó en modalidad a distancia, pero, organizaciones civiles y la propia autoridad educativa estimó que 7.4 millones de alumnos mexicanos carecían de computadoras, teléfonos celulares o tabletas para participar en las clases.
Por otro lado, el ciclo escolar 2023-2024 estuvo marcado por el cambio de modelo educativo, la introducción de nuevos libros de texto, la falta de transparencia en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, una inversión reducida (96 pesos al año por docente) para la formación continua de maestros y afectaciones climáticas por la precaria infraestructura escolar.
Además, el ciclo escolar 2023-2024 concluyó sin conocer los resultados de la evaluación diagnóstica aplicada por la Comisión Nacional para la Mejoredu, que debería identificar áreas de oportunidad y mejora en el aprendizaje de los estudiantes.
Con respecto a la polémica que desataron los libros de texto gratuitos llevó a que miles de estudiantes comenzaran el ciclo escolar sin los materiales educativos; incluso, en estados como México, Guanajuato, Jalisco, Campeche, Querétaro, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes hubo retrasos en la entrega de entre 1 y 5 meses.
Durante el último ciclo escolar del sexenio, también hubo un paro de maestros de casi cuatro semanas en mayo, que dejó sin clases a estudiantes en Oaxaca, Chiapas, Baja California y Yucatán.
Por otro lado, la temporada de calor reveló la precaria infraestructura escolar y la falta de servicios básicos en el 25 por ciento de las entidades del país, lo que llevó a adelantar el cierre del ciclo escolar, establecer modalidad a distancia o modificar horarios debido a la falta de agua o energía eléctrica en estados como Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, Jalisco, Sonora, Durango y Guanajuato.
Según datos de Mejoredu, de las 238 mil escuelas de educación básica y media superior, 26 mil 463 no tienen electricidad; 56 mil 109 operan sin agua; 43 mil 558 no tienen lavamanos y cinco mil 950 planteles carecen de sanitarios. En total, el 40 por ciento de las escuelas carecen de los cuatro servicios básicos completos.
Además, estima que, para mejorar la infraestructura y servicios de las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y media superior se requeriría una inversión de 51 mil 932 millones de pesos, equivalente al 0.15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Cabe destacar que para el 2024, la administración de López Obrador destinó sólo el 3.2 por ciento del PIB a la educación, cuando el mínimo recomendado por organizaciones e instituciones nacionales e internacionales es del 4 por ciento.
Los especialistas en educación recomiendan que México debe invertir en el futuro de la nación, y que una reforma fiscal es necesaria para aumentar los ingresos del país y de educación; por lo que instan a la próxima administración presidencial, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, a aumentar el gasto educativo al menos en un 4 por ciento y a desarrollar políticas para la primera infancia; asimismo, fortalecer el desarrollo profesional docente para ofrecer una mejor educación a los jóvenes mexicanos.
En las últimas semanas la cifra de trabajadores contagiados se triplicó de 150 a 450, la mayoría con plazas laborales en compañías maquileras, cuyos salarios son muy bajos.
La Secretaría de Salud informó el jueves que ya son 116 mil 487 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.
Mientras de manera abusiva e impune se marea al pueblo con el disparate de un sistema de salud como el de Dinamarca, en los hechos, se desmonta lo poco que nos queda y se empuja a la población al servicio médico privado.
La nueva presidenta ocupará el cargo solo por nueve meses, y no dos años, como está establecido actualmente.
La ira y la frustración de miles de ciudadanos afroestadounidenses se hace más fuerte cada día.
La salud en México estaba mejor cuando existía el Seguro Popular, pero una vez que desaparece, la sanidad de las familias empeora.
El canciller Marcelo Ebrard informó que un mexicano figura entre las víctimas mortales por la balacera ocurrida durante los festejos del 4 de julio a las afueras de Chicago.
En un escenario de descomposición social como el actual, el cariño de la madre navega a contracorriente porque sus brazos no logran proteger a los hijos ante los males de nuestro tiempo.
Los únicos esfuerzos por levantar Acapulco de la postración son sus trabajadores y microempresarios.
El gobierno de México, tardaría hasta ochos años y nueve meses, según proyectó el periódico estadounidense The New York Times.
Según el Inegi, hay 17 millones de mexicanos que no tienen empleo, 48 millones están subempleados o trabajan menos horas de las que tienen disposición; y el 56 por ciento de los mexicanos “empleados” está en el sector de la informalidad.
Si no deseamos una explosión social destructiva ni aventuras “revolucionarias” sin brújula y sin timonel, el único camino es una reforma fiscal progresiva, que obligue a los más ricos a redistribuir la renta nacional mediante esta vía pacífica y racional.
Esta intención llega al descaro con el caso Lozoya, con el cual quiere perseguir públicamente a sus enemigos políticos y desprestigiarlos.
En su registro como candidata para la Presidencia por la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez hizo un llamado al Presidente a quitar las manos del proceso electoral en curso.
Luego de un ataque armado el pasado lunes, donde murió un campesino, se avisó a la Secretaría de Gobierno, sin embargo, los hechos siguen impunes y los afectados siguen abandonados a su suerte, denunció el líder social Dimas Romero.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera