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Especialistas argentinos advierten que los jubilados enfrentan un notable deterioro en sus condiciones de vida debido a las políticas de ajuste fiscal, orientadas a alcanzar el déficit cero, implementadas por el presidente Javier Gerardo Milei desde diciembre de 2023.
De acuerdo con datos de CNN Español, el 63.5 por ciento de los jubilados recibe la pensión mínima de 279.121 pesos argentinos (257 dólares o aproximadamente cinco mil 104 pesos mexicanos, según el tipo de cambio de marzo de 2025). A pesar de los bonos adicionales otorgados por el gobierno para “mitigar” el impacto de la política fiscal, estos han perdido valor frente a una inflación del 117.8 por ciento en 2024.
La reforma a las jubilaciones impulsada por Milei, que comenzó a aplicarse en 2024, establece que la pensión mínima se ajusta mensualmente según la inflación; pero, no ha sido suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Al respecto, Eugenio Semino, defensor público de la Tercera Edad, alertó que “los jubilados pagan el ajuste literalmente con su vida. Nadie puede vivir con 350 mil pesos argentinos (poco más de seis mil pesos mexicanos)”.
A esta crisis se le suma el veto presidencial a una ley que buscaba aumentar las pensiones, aprobada en septiembre de 2024, y la eliminación de medicamentos gratuitos del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), lo que ha agravado aún más la situación, dejando a millones de jubilados en condiciones de pobreza extrema.
Según medios internacionales como la Voz de Galicia, seis millones de pensionados viven por debajo de la línea de pobreza, lo que el defensor Semino describió como “una crisis humanitaria”.
Esta situación ha generado un rechazo generalizado y protestas recurrentes, pues cada miércoles, desde el inicio del mandato de Milei, los jubilados se manifiestan frente al Congreso argentino para exigir mejoras en sus pensiones y el cese de las políticas de austeridad. Estas movilizaciones pacíficas, se han intensificado en los últimos meses, con respuestas violentas por parte de las autoridades argentinas.
Cabe recordar que el pasado miércoles 12 de marzo de 2025, durante la protesta semanal, los jubilados fueron acompañados por hinchas de fútbol de clubes como Boca Juniors, River Plate y Chacarita, así como por sindicatos y agrupaciones sociales. Esta protesta se convirtió en una de las más grandes desde el inicio del mandato de Milei.
En respuesta, elementos del Ministerio de Seguridad Nacional, bajo el mando de Patricia Bullrich, reprimieron a los manifestantes con cañones lanzaaguas, gases pimienta y lacrimógenos; además de balas de goma.
El saldo, reportado por BBC News Mundo y otros medios argentinos, incluyó más de 120 personas detenidas y al menos 46 heridos. Entre los lesionados destacó el fotoperiodista Pablo Grillo, quien se encuentra en estado crítico tras sufrir una fractura de cráneo por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.
El presidente Milei acusó a los manifestantes de intentar orquestar un “golpe de estado” con la ayuda de los hinchas de fútbol y otras agrupaciones, vinculándolos con la expresidenta Cristina Kirchner.
Las protestas culminaron con cacerolazos nocturnos en barrios de Buenos Aires, como Almagro, Caballito y Villa Urquiza. Además, los hechos del 12 de marzo han sido catalogados por organizaciones de derechos humanos como el operativo represivo más violento desde 2001, según la Comisión Provincial.
"Nos gustaría que algunas cuestiones vayan evolucionando, como la seguridad, nos encantaría vivir en un país más seguro", señaló el presidente de la CCI France México, Xavier de Bellefon.
La decisión presidencial no busca en realidad garantizar la seguridad y el orden de Ecuador, como mencionó Moreno, sino que pretende sofocar las protestas sociales.
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Incluye la atención médica para las niñas y, para las mujeres adultas, la falta de seguro de desempleo, prestaciones de maternidad y pensiones.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.