El nueve de octubre de 2024, el Senado de la República aprobó un dictamen para adicionar a la Sección VI del Artículo 123 de la Constitución un párrafo que establece que el incremento anual del salario mínimo “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”. Es decir, que el incremento del salario mínimo deberá ser al menos igual a la inflación registrada o bien, que el salario mínimo deberá mantener su capacidad de compra.

El proyecto de reforma a la Constitución también añadía que el sueldo mensual de los maestros de nivel básico, los miembros de la Guardia Nacional, los integrantes de la Fuerza Armada permanente, los policías, médicos y enfermeros “no puede ser menor al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”; esto es por encima de 18 mil pesos para abril de 2025.

Los legisladores de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), apoyados por los del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) aprobaron una reforma que prevé el incremento al salario mínimo al menos igual a la inflación registrada, para mantener la capacidad de compra.

Esta modificación no sólo tiene impacto en los sueldos directos, sino que implica el incremento de los montos de ahorro para el retiro respectivos y pagos a la seguridad social que corresponden al empleador, puesto que éstos dependen, entre otras cosas, del sueldo que perciben los empleados.

El portal de Internet del Senado de la República señala que la finalidad de esta ley es mejorar las condiciones de las familias a través de un salario digno que pueda satisfacer las necesidades de los trabajadores del sector público y sus familias, que les permita una vida digna, sin carencias, y se respeten sus derechos económicos y sociales.

Y añade que esta propuesta es un acto de “justicia” para los trabajadores, dado que los salarios, durante décadas, han perdido valor debido a la inflación, por lo que dicha medida blindará los salarios de los trabajadores.

Una vez aprobada en el Senado, el paso siguiente para que quedara establecida esta iniciativa como ley era enviar el dictamen aprobado a los órganos legislativos de los estados de la República y de la Ciudad de México. Los 31 congresos aprobaron la iniciativa.

Esta reforma al salario mínimo es importante porque impediría la pérdida de poder adquisitivo del salario que por décadas hostigó a los trabajadores que veían cómo, aun cuando el salario nominal aumentase, éste alcanzaba para menos.

Sin embargo, a pesar de que se ha concluido todo el proceso, extraña que aún no se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que los discursos de justicia se conviertan en papel mojado, pues la justicia, como suele repetirse, si es lenta no es justicia.

Puede decirse que esta ley se encuentra congelada; que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la misma Presidencia le están aplicando un “veto de bolsillo”, pues en los hechos se niegan a firmar una ley que ya fue aprobada por el Poder Legislativo. 

No es que se le estén haciendo correcciones, observaciones ni mucho menos. Simplemente se quedó olvidada en el bolsillo de la mesa directiva y de la Presidencia. Y, de esta suerte, los trabajadores, cuyos contratos laborales fueron negociados o renegociados en 2025, ya no pudieron invocarla para obtener sus beneficios.

Empleados de segunda y de tercera en el sector público

El gobierno mexicano es el gran empleador. Cuenta con 20 veces más trabajadores que Walmart-México, el empleador privado más grande del país. En 2023, según el dato más reciente disponible en las estadísticas oficiales del Inegi, los tres niveles del gobierno empleaban a 5.5 millones de personas; esto es, 14 por ciento de los empleados de la nación. 

En 2023, el Gobierno Federal tenía contratado al 22 por ciento de esos 5.5 millones de empleados del sector público; los estatales, al 50 por ciento; los municipales al 17 por ciento; y el restante 11 por ciento estaba formado por empleados de las entidades públicas de la seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2024, el Gobierno Federal destinó 1.48 billones de pesos al pago de sueldos y salarios, esto es, 16.3 por ciento del presupuesto anual del gobierno. Con base en este dato, el promedio salarial bruto de un empleado del Gobierno Federal rondaría los 88 mil pesos mensuales. 

Pero este promedio no permite visibilizar el hecho de que unos cuantos funcionarios, apenas la octava parte de este sector, tienen sueldos hasta tres veces mayores que los de la gran mayoría de los trabajadores.

Según el PEF 2024, los empleados de los niveles A y B, que representan 15 por ciento del total, perciben sueldos de entre 8 mil 150 y 11 mil 500 pesos al mes. Esto es, apenas un salario mínimo al mes. El grueso de los empleados del Gobierno Federal, 35 por ciento, se halla en los niveles C y D. En este caso, los sueldos mensuales rondan los 12 mil y 18 mil pesos. Es decir, que la mitad de los trabajadores del Gobierno Federal, según esta estadística, apenas rebasaba los dos salarios mínimos.

El dictamen de ley ya aprobado hace énfasis en la situación de profesores, empleados del sector de la salud pública, policías y miembros del Ejército. No es para menos.

En México, alrededor de medio millón de empleados son policías contratados por un organismo del sector público. De ésos, 42 por ciento son policías estatales; 36 por ciento, municipales y 22 por ciento miembros de la Guardia Nacional o ministeriales federales. Aunque el sueldo base promedio de estos empleados es de 15 mil 800 pesos –esto es, en torno a los dos salarios mínimos y por debajo del sueldo mensual promedio del IMSS–, otra vez, nos enfrentamos con desigualdades relevantes entre los sueldos que se perciben. Hay policías de segunda y de tercera. Buena parte de los policías municipales no percibe ingresos de más de un salario mínimo, además de que no cuentan con un contrato que les garantice el acceso a la seguridad social ni su lugar de empleo, etc.

Por otro lado, las enfermeras y enfermeros de México contratados en el sector público suman alrededor de 450 mil. Siete de cada diez están contratados por el IMSS y el ISSSTE.

Desigualdad salarial en el sector público

Un ejemplo de las diferencias en los salarios dentro del sector público es el que se da entre los profesores. Nancy es docente en Acatlán de Osorio, Puebla; lleva laborando 21 años en el nivel bachillerato. Ella comenta que su sueldo depende de las horas que tenga asignadas. El pago es de 400 pesos la hora-clase. Si bien ella puede laborar 22 horas a la quincena, hay profesores que tienen asignadas únicamente seis, nueve o 12 horas a la semana.

El profesor Mateo, por ejemplo, sólo tiene asignadas 15 horas. Para sobrellevar los gastos diarios tiene que recurrir a créditos. “Estar empleado en el gobierno facilita el trámite de créditos”. Así es como trata de sacar adelante a su familia. 

“En el caso de los Telebachilleratos, es más recurrente que los profesores tengan más de 30 horas asignadas, pero esto se debe a que no hay profesores para atender a los jóvenes por lo que atienden a varios grupos a la vez”, comentó Nancy, entrevistada por buzos.

Precarización de los docentes.

La Licenciada Nuria, profesora de contrato del subsistema de Telebachilleratos comunitarios en Puebla, señaló que los docentes tienen que estar renovando su contrato cada año. Su sueldo no rebasa los 11 mil pesos mensuales, muy insuficiente para mantenerse ella y su familia. “No tenemos ningún bono, ni el del día del maestro ni el del día de la madre ni créditos para la vivienda; se supone que tenemos derecho al ISSSTEP, pero hay que estarlo renovando anualmente, nada de eso, nada”. Ella dice que tiene que completar su ingreso con otras ocupaciones. Lo mismo hacen sus compañeros, aunque tengan cargos de dirección en las escuelas, “tienen tienditas, trabajan en estacionamientos o en Uber; la mayoría tiene otro trabajo, no nos alcanza”. La situación se agrava en los primeros meses del año porque, dado que se renueva el contrato, no les pagan sino hasta marzo; o cuando tienen que pagar cursos obligatorios de actualización, condición necesaria para que los vuelvan a contratar. 

En las instituciones de salud del Ejército y Pemex, sólo 30 por ciento de los trabajadores está contratado por las secretarías de Salud nacional y estatales. Según el Inegi, 28 por ciento de estos profesionales de la salud tienen contratos temporales y una tercera parte hace dobles turnos para compensar los sueldos bajos. La mitad de los trabajadores tienen nivel educativo de técnicos y percibe un sueldo mensual promedio de 11 mil 810 pesos –apenas un salario mínimo y medio, casi siete mil pesos por debajo de lo legal, de haberse publicado la reforma en el DOF–; la otra mitad, los enfermeros con licenciatura y especialidad, percibe un sueldo mensual promedio de 18 mil 500 pesos –el equivalente a dos salarios mínimos, en el promedio del IMSS.

Según los datos más recientes de Inegi y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en México hay 1.8 millones de docentes; la mayor parte (66 por ciento), en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Estos trabajadores perciben un sueldo mensual promedio de 18 mil 900 pesos, también apenas el equivalente a dos salarios mínimos. Nos faltaría referir la precariedad de los casi 400 mil trabajadores de intendencia y el otro tanto de personal de apoyo administrativo de las escuelas.

De lo anterior se desprende la urgencia de que el Estado remunere realmente a estos trabajadores; particularmente a los que constituyen el cuerpo de los servicios sociales que el gobierno presta a toda la sociedad mexicana. ¿Qué detiene entonces la publicación en el DOF de la inclusión del párrafo en la que se estipula este derecho de tales trabajadores?

Las trampas de la 4T

Toda la legislación está basada en el salario mínimo. También la política salarial. El incremento del salario mínimo nominal entre 2019 y 2024 fue de 142 por ciento; descontando el efecto de la inflación acumulada en esos años, que suma 45 por ciento, el salario mínimo registró un incremento real estimado de 96 por ciento. Ciertamente, este incremento es histórico; no obstante, el salario mínimo en 2025 apenas alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria de una persona, no de una familia.

La estadística oficial, publicada por el Coneval, indica que la canasta alimentaria en abril de 2025 tenía un costo de dos mil 379 pesos por persona al mes y la canasta básica ampliada, de cuatro mil 680. De esta suerte, un salario mínimo de siete mil 440 pesos mensuales alcanza para alimentar a dos personas y para que vivan con lo elemental 1.6 personas. El salario mínimo no permite sufragar los gastos del trabajador y su familia. A pesar de los incrementos al salario mínimo, éste no puede considerarse remunerador.

Hay que anotar que, además, una buena parte de los trabajadores que incluye la nueva legislación son contratados por los municipios y los estados, y no por el Gobierno Federal, quien ha cerrado la llave de los recursos que antes les entregaba.

En la reforma de 2021, que implicó el incremento de los sueldos de algunos trabajadores de base, el gobierno encontró una forma tramposa para evitar el pago de las prestaciones que implica el incremento. En los trabajadores del sector público beneficiados, este incremento viene registrado como “Apoyo del bienestar” en lugar de un incremento en su salario base. Por este medio, tanto su ahorro para el retiro como el resto de las prestaciones se estiman con base en un sueldo menor.

El presupuesto no alcanzaría

En noviembre de 2024, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) presentó una estimación del incremento de la masa salarial provocada por el incremento del salario mínimo. A decir de este organismo, el monto global de los salarios apenas se incrementó dos por ciento en 2024. 

Es así porque el incremento del salario mínimo no beneficia directamente a todos los trabajadores, sino al grupo de empleados que percibe un salario mínimo o menos y que ronda el siete por ciento de la población ocupada. Era un mensaje tranquilizador para el sector privado.

No obstante, por lo que toca al gasto del Gobierno Federal, no se puede decir que el incremento de los sueldos haya impactado poco en el erario. Los sueldos de sus empleados en 2025 representan 24.5 por ciento del gasto programable. Un incremento sustancial, si consideramos que, en 2018, este gasto representaba 21 por ciento del total programable. Esto significa que el incremento de los sueldos ha sido mayor que el incremento del presupuesto total. Veamos.

Entre 2019 y 2024, el gasto en nómina federal se incrementó 41 por ciento –pasó de un billón a 1.48 billones. Considerando que el incremento en el personal fue de siete por ciento, podemos deducir que la razón más importante fue el necesario y justo incremento de los salarios de los empleados con menores sueldos.

Entre 2019 y 2024, el PEF creció 18 por ciento, Menos de lo que requirió para afrontar el incremento salarial de sus empleados, el del servicio de la deuda pública y de los gastos no planeados de los megaproyectos. Para cumplir, debió de recortar el gasto social y la inversión pública. Por eso, parecería razonable que el Gobierno Federal no esté dispuesto a elevar otra vez el sueldo de sus funcionarios más precarizados.

Pero incrementar o no los sueldos no es una disyuntiva sin salida. Lo es, mientras se mantenga su negativa de llevar a cabo una reforma fiscal progresiva; es decir, en la medida en que la 4T se niegue a que los grandes capitales industriales y financieros que operan en México paguen el incremento del presupuesto.

Esta negativa a cobrar más impuestos a los grandes empresarios ha provocado que el Gobierno Federal hoy tenga las manos atadas para llevar a cabo cualquier aumento de su gasto, como el de los necesarios incrementos salariales a sus trabajadores más precarios.

Por lo tanto, una buena parte de los empleados del Gobierno Federal, particularmente los que tienen ingresos menores al costo de la canasta básica, habrán de sufrir las consecuencias de un gobierno que en el discurso se dice popular, pero que en los hechos no está dispuesto a dar ni un pellizco a las grandes fortunas de este país.

La precarización de la fuerza de trabajo en México, que se inició en la década de los 80, estuvo impulsada por el modelo económico neoliberal que preconiza las ganancias del capital mediante la reducción de los salarios, esto es, el empobrecimiento de los trabajadores.

El caso es que, en México, la instrumentación del modelo se hizo sin que los trabajadores se opusieran de manera efectiva contra su empobrecimiento. Los trabajadores se hallaron inermes ante el embate del capital, sin organizaciones que defendieran sus derechos y la parte del producto social que les permita tener una vida digna. Seguimos igual. Sin su organización, sin fuerza para defender lo que le corresponde, no habrá quien redima a los trabajadores de nuestra patria.