Comerciantes establecidos de los 340 mercados públicos de la capital del país anunciaron una protesta permanente en las cercanías de sus centros de trabajo y en las principales calles del Centro Histórico ante la insistencia de 18 legisladores del Congreso de la Ciudad de México de participar como proveedores en el programa “Abasto Popular” o “Abasto del Bienestar”. Los locatarios ubicaron a 250 personas, entre diputados locales, federales, concejales y de casi todos los partidos políticos ofreciendo mercancías en diferentes partes de la Ciudad de México (CDMX), practica que realizan desde hace varios años.

“Nosotros lo que pedimos es que todos los diputados dejen de vender verduras y productos en los llamados abastos populares; hasta el momento quedan 18 legisladores y en cuanto no quede un solo diputado vendiendo, nosotros dejaremos de movilizarnos, de hacer protestas y manifestaciones de resistencia en las calles de la CDMX”, advirtió Edgar Mendieta, vocero del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la capital del país.

Rechazan competencia desleal

Los comerciantes establecidos reportaron una disminución significativa en sus ventas, con pérdidas económicas estimadas entre 40 y 50 por ciento. En algunas zonas, la disminución ha sido del 80 por ciento en las ventas de productos perecederos. Acusaron a los políticos de utilizar recursos públicos, como vehículos oficiales y personal administrativo, para promover y operar los abastos populares. Esto les da una ventaja injusta sobre los comerciantes establecidos.

Consideran que la venta de productos realizada por políticos representa una competencia desleal, ya que no cumple con las normativas sanitarias, fiscales y administrativas que sí se exigen a los comerciantes establecidos. Esto les permite ofrecer mercancías a precios más bajos, lo que afecta directamente las ventas de los mercados tradicionales.

Los afectados calificaron el programa como una forma de proselitismo político disfrazado de política social, lo que ha generado descontento y frustración entre los 77 mil locatarios de los 340 mercados públicos de la capital del país. Otro aspecto que los vendedores denunciaron es la falta de regulación en los puestos móviles de venta, lo que representa un riesgo sanitario para los consumidores.

Aseguran, además, que este programa pone en riesgo la existencia de los mercados tradicionales, de los que depende el sustento de miles de familias.

Éstas son las razones que los llevaron a organizar protestas y bloqueos en la CDMX para exigir la cancelación del Programa de Abasto Popular y la creación de políticas que fortalezcan a los mercados públicos.

Que los diputados se dediquen a lo suyo

Los inconformes señalaron que los diputados locales no son comerciantes ni vendedores de verduras y que, por el contrario, deben desempeñar bien su papel, que es crucial en el gobierno de la CDMX; “representan a los ciudadanos; tienen la responsabilidad de crear y modificar leyes que beneficien a la comunidad. También aprueban las contribuciones necesarias para cubrir los gastos del Estado, revisan y aprueban el presupuesto anual de la ciudad entre muchas otras actividades”, señaló Mendieta.

“Nosotros lo que queremos que hagan los legisladores es que cumplan lo que dice la Ley, y lo que la Ley les manda es fiscalizar el presupuesto. Esto debido a que comerciantes establecidos de la alcaldía Gustavo A. Madero reclamaron que no les llega el presupuesto a los Mercados Públicos, por lo que queremos saber dónde están los 200 mil pesos que les corresponden a esos mercados y que no les llegó el año pasado. Son 53 mercados públicos en esa alcaldía y en total en toda la ciudad, estamos hablando de más de 10 millones de pesos, a ningún mercado le llega el dinero, ¿donde está ese dinero y por qué los legisladores no fiscalizan esos recursos?”, reclamó el líder de comerciantes. Entrevistado por buzos, Edgar Mendieta señaló que ése es un tema que deberían estar viendo los diputados de la CDMX, la aplicación de los recursos y su destino…y “no dedicarse a vender legumbres, abarrotes o fruta para hacer proselitismo político con los impuestos de los capitalinos, en lugar de hacer su trabajo como legisladores”.

A pesar de las protestas, Paulo Emilio García González, vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, aseguró que los legisladores no van a interrumpir los Abastos del “Bienestar”, que existe un acuerdo firmado con locatarios de los mercados públicos en donde se comprometen a no instalar los puntos de venta cerca de los mercados públicos, como tampoco habrá publicidad cerca de éstos. “Se firmó un acuerdo con ellos (locatarios), el acuerdo fue que no se venda cerca de los mercados públicos, no se haga publicidad cerca de los mercados públicos, nosotros respetamos la opinión de los comerciantes establecidos, pero tenemos otro entendimiento, otro concepto de la representación popular, debido a que sabemos que los diputados locales, no son burócratas, que se dedican a hacer leyes, donde es fundamental responder a la ciudadanía, debido a que esos programas impulsados por los legisladores ayudan a la economía familiar”, señaló.

Informó que tras iniciadas las protestas se instalaron diversas mesas de trabajo, donde se ha dialogado con todos los grupos de los 340 mercados públicos. Entrevistado por este semanario, el portavoz de Morena informó también que, en las mesas de trabajo, los locatarios mantienen pláticas con Protección Civil, Bomberos, la Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco), “hay muchos temas, hay algunos problemas que son estructurales, hay también rezagos normativos muy grandes, debido a que el reglamento de mercados es de mediados del Siglo XX, es de 1950”. Paulo Emilio García González minimizó la protesta de los comerciantes establecidos asegurando que se trata de “una facción” encabezada por opositores a Morena, e insistió en que las mesas de trabajo han permitido el diálogo con todos los comerciantes.

Locatarios rechazan supuesto acuerdo

Sin embargo, los comerciantes establecidos rechazaron la existencia de algún diálogo e insistieron en que solamente algunos comerciantes afines a Morena firmaron un acuerdo, pero que ese número de locatarios no representa el sentir de los 340 mercados de la CDMX y de los más de 77 mil locatarios que laboran diariamente en ellos. Recordaron que fueron esas razones las que los llevaron a realizar protestas y bloqueos en la CDMX para exigir la cancelación del Programa de Abasto Popular y la creación de políticas que fortalezcan a los mercados públicos.

Los locatarios recordaron que la primera marcha para protestar por el problema de los centros de “abasto popular” fue el 23 de julio de 2025. En esa fecha, comerciantes de más de 280 mercados públicos de los 340 que existen en la CDMX, así como tianguistas agrupados en el Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos marcharon hacia el Congreso Capitalino para expresar su rechazo a los abastos populares promovidos por diputados, concejales y funcionarios públicos.

Su movilización no recibió respuesta de los diputados locales, situación que el 27 de julio los obligó a realizar bloqueos en 14 avenidas de la CDMX para exigir una vez más la cancelación de los “abastos populares”. Aunque varios bloqueos se retiraron, otros se mantuvieron en ciertas zonas hasta que los alcaldes de tres demarcaciones se comprometieron a intervenir.

El movimiento anunció una segunda jornada de protestas para el 30 de julio, con un bloqueo en cada una de las 16 alcaldías. Tras las protestas y afectaciones, los comerciantes establecidos lograron que al menos seis alcaldías se comprometieran a impediir esta práctica en sus territorios, lo que motivó la liberación anticipada de algunas vialidades bloqueadas.

Revientan sesión

El conflicto entre diputados locales y los locatarios de mercados llegó al pleno del Congreso local, donde comerciantes invitados por Movimiento Ciudadano (MC) interrumpieron la sesión del miércoles tres de septiembre, que fue suspendida. Mientras se discutía un punto de acuerdo presentado por el coordinador de los diputados de MC, Royfid Torres, para exigir que suspendieran definitivamente estos programas, los gritos de los comerciantes desde las gradas del Congreso local generaron un ambiente de tensión.

Los legisladores de Morena abandonaron el pleno, argumentando que no había condiciones para discutir el punto de acuerdo presentado por MC. En tribuna Royfid Torres, señaló que la participación de los diputados en el “abasto popular” es una labor que se ha normalizado entre funcionarios y que se realiza como un mecanismo de proselitismo política, disfrazado de apoyo a la economía de las familias.

Más tarde, los locatarios amagaron con nuevos bloqueos en la víspera de las fiestas patrias. En conferencia de prensa, en el Congreso capitalino, el Movimiento Plural de Comerciantes indicó que el referido acuerdo sólo lo habían firmado comerciantes afines a Morena que no representan a los 77 mil locatarios de los mercados públicos.

Diálogo tenso

Algunos congresistas locales han cuestionado la efectividad y legalidad de los programas de abasto popular. La falta de regulación clara y la competencia desleal son algunos de los argumentos esgrimidos.

Los comerciantes cuentan con el apoyo de la comunidad, que ve en los mercados tradicionales un pilar importante de la economía local y la dinámica social. Hasta el momento, los comerciantes han mantenido un diálogo “tenso” con autoridades locales y legisladores, quienes han sido criticados por promover este programa sin considerar el impacto en los mercados tradicionales.

Antecedentes del conflicto

El programa Mercomuna, que apoya con recursos a los pequeños comercios, provocó las primeras protestas de los locatarios a las que luego se le incorporaron 13 mil comerciantes de mercados públicos. Pero las tarjetas con los depósitos en efectivo no funcionaron, lo que motivó la inconformidad de los locatarios hacia ese programa.

El nueve de enero, el descontento creció cuando la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) publicó, sin consultar a los locatarios, los lineamientos sobre las acciones públicas de los mercados públicos tal como lo marca la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la CDMX en conjunto con la Consejería jurídica. La Ley contenía un número importante de errores jurídicos, situación que fue considerada “inoperante”. La nueva ley afectaba a los locatarios de 340 mercados públicos, por lo que muchos de ellos se dirigieron a las autoridades de la Sedeco, pero no fueron recibidos.

Éste y otros casos hicieron que los locatarios establecidos en diferentes mercados públicos capitalinos buscaran la intervención de las autoridades competentes; como no obtuvieron respuesta, el 22 de enero se manifestaron frente a la Sedeco, pero tampoco fueron recibidos ni obtuvieron respuesta a sus demandas. En vez de eso, el Secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, acusó a los locatarios de ser un movimiento financiado por un excandidato a jefe de gobierno y señaló directamente al panista Santiago Taboada.

En respuesta, los comerciantes realizaron una nueva manifestación, esta vez a las oficinas de Cravioto, donde rechazaron la acusación. “Se hizo esa movilización con miles de locatarios y se logró levantar una minuta, donde el secretario de gobierno capitalino se comprometió a reunirse con los locatarios cada 15 días”, señaló, Edgar Mendieta.

“Fue en esas mismas mesas de trabajo donde se habló y rechazó a los abastos populares, se ubicó a 250 personas, entre diputados locales, federales, concejales y partidos políticos de estar haciendo abastos en diferentes partes de la CDMX, práctica que venían desarrollando cinco años atrás. Fue un tema que se expresó en las mesas de trabajo del Movimiento Plural de los Mercados Públicos, los comerciantes denunciamos que esa práctica era recurrente”, señaló el también comerciante Edgar Mendieta.

Los locatarios anunciaron que en los próximos días instalarán 10 plantones en igual número de alcaldías, exceptuando seis demarcaciones, entre ellas Cuajimalpa, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en las que “los ediles se han comprometido a impedir que se siga llevando a cabo de esta forma el abasto popular”. Hasta el momento, los alcaldes Carlos Orvañanos Rea, Luis Mendoza y Evelyn Parra Álvarez han retirado del lugar a los legisladores, concejales y demás funcionarios públicos que los han querido realizar, razón por la cual no habrá bloqueos en esas alcaldías”, informaron.