El jueves 23 de enero de 2025, un grupo de hombres armados entró al albergue cultural “Villas de Monte Albán”, ubicado en la calle Danzantes del municipio de San Martín Mexicapan, Oaxaca. La noticia fue difundida por distintos medios locales como Libertad Oaxaca, Periódico Contexto e infocuorum.com; pero las autoridades siguen sin atender las denuncias de los moradores y estudiantes.

El gobierno estatal ha hecho caso omiso a las demandas de los estudiantes: brindar certeza jurídica y entregar el albergue a los estudiantes que, ante la agresión de que fueron víctimas, emprendieron una lucha nacional.

Según el testimonio de los agredidos, tras los hechos violentos del 23 de enero, tuvieron que llamar a la policía; sin embargo, ésta dejó que los jóvenes se enfrentaran solos al problema.

“La verdad tenía miedo; sentí ese palpitar de corazón bien rápido; y sentí escalofríos al estar llamando al 911 porque no contestaban; fue un momento de desesperación. Se supone que las autoridades están para ayudarte ¡y no hacen nada!, ya vienen estos güeyes y nos van a madrear, ¿y qué vamos a hacer?, sólo somos nosotros, puros chavos.

“Ya más tarde llegaron las patrullas y las policías; pero en vez de ayudarnos o ponerse en nuestro lugar nos dijeron: “¿saben qué? ahí aviéntense ustedes la chamba, nosotros ya nos vamos y queda bajo su responsabilidad y eso ya no es nuestra bronca”, reveló en entrevista para buzos Renata, estudiante de pedagogía en el CUT y moradora del mismo albergue.

El sábado 26 de abril, nuevamente un grupo de delincuentes “cholos” conocidos en San Martín Mexicapan como Los Pewees regresó a saquear la casa y una tienda de abarrotes que representa una fuente de ingresos para el mantenimiento de ése y otros albergues estudiantiles de Oaxaca pertenecientes a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR).

Según el testimonio de Cristofer, un exmorador de la casa, ahora subdirector de la preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, Los Pewees llegaron armados con tubos, palos y pistolas, entraron al lugar y lo saquearon; rompieron vidrios, hicieron pintas, sacaron camas, muebles y otras pertenencias del albergue y de la tienda.

Gael, de apenas 15 años, sufrió directamente las agresiones del 26 de abril. Renata relató que decidió regresar por él, porque lo habían descalabrado. “Hay que regresarnos por él; pues nos regresamos, y ahí veníamos corriendo y ya venía el chavo (Gael) ahí medio muerto y medio vivo, corriendo. Ya cuando salimos, vimos que estaba así, como muy débil, pues no sé qué tenía, solamente lo cargamos y ya venían saliendo otros chavos, unos salieron y otros se quedaron. Entonces entre nosotros dijimos ‘güey, los demás no están, ¿por qué nada más somos nosotros? vamos a regresar por ellos’, pero no fuimos porque eran un chingo y no traíamos ni dinero para el pasaje; no sé cómo le hicimos: nos agarramos en bolita y nos fuimos todos los que pudimos escapar”.

El atentado más reciente ocurrió el cinco de agosto, en el albergue “Dr. Juan Manuel Celis Ponce” ubicado sobre la calle 5ª de Jesús González Ortega, camino que conduce a La Pilastra, un barrio en la localidad de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

“En esa ocasión no estábamos ahí, andábamos en la universidad y en otras actividades”, contó para buzos uno de los moradores del albergue que pidió no revelar su nombre por razones de seguridad; él confirmó que en esa ocasión, alrededor de las 5:30 de la tarde, un grupo de aproximadamente 30 policías municipales ejecutaron un desalojo sin orden judicial, de forma arbitraria e ilegal, por órdenes del alcalde morenista Isidro César Figueroa Jiménez.

Inmediatamente después del operativo, el edil difundió videos en redes sociales mostrando el inmueble como un predio abandonado, publicaciones que luego borró. Por eso no es una locura que la FNERRR denuncie la existencia de una campaña sistemática de desalojos forzados, agresiones y el desvío de millones de pesos (mdp) destinados a sus albergues.

Sicarios y porros al servicio del Estado

El asunto se tornó maquiavélico cuando los dirigentes precisaron que, durante el desalojo de Villas de Monte Albán, el mismo presidente participó con el grupo delictivo de Los Pewees para violentar a los habitantes, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 18 años; o cuando el presidente de Miahuatlán (que usa chaleco antibalas) manda a una cuadrilla de 30 policías a usurpar una casa “para estudiantes”, en lugar de mandar esa misma cuadrilla a controlar a los grupos delictivos que operan en la zona.

A decir de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, entre enero y mayo de 2025, en la entidad hubo 350 homicidios dolosos: 320 hombres y 30 mujeres.

Las regiones más afectadas fueron el Istmo (117 casos, 36.8 por ciento), la Costa (81 casos, 25.3 por ciento) y Valles Centrales (47 casos, 14.7 por ciento). Además, existe un clima de violencia política y desapariciones.

A finales de febrero de este año, ocho jóvenes desaparecieron en las playas de Oaxaca; luego fue localizado un vehículo con nueve cuerpos, pero el caso no se ha aclarado aún y la opacidad es la nota constante.

En junio, la alcaldesa de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue asesinada a balazos al interior del Palacio Municipal. Fue el segundo atentado contra un alcalde oaxaqueño en 2025, después de que, en mayo, fuera emboscado el edil de Santiago Amoltepec.

La agresión en el albergue de Miahuatlán debería indignar a los oaxaqueños, debido a que refleja la violencia que los rodea, especialmente en regiones estratégicas como el Istmo y la Costa, donde grupos delictivos se disputan el territorio por el que circulan migrantes y otras mercancías ilícitas.

María Fernanda Arocha, gerente de investigación para Centroamérica y Tiziano Breda, analista senior de América Latina y el Caribe, en su informe La Serie Especial de Elecciones en México de ACLED, exponen que estas zonas, por su ubicación, son un paso obligado hacia la frontera con Centroamérica y son codiciadas por los cárteles, que utilizan la violencia para consolidar rutas, lo que se traduce en asesinatos, desapariciones y un clima generalizado de temor entre la población.

En la práctica, esto significa que los gobiernos locales permiten que los delincuentes operen libremente, ya sea por incapacidad para contenerlos o por intereses compartidos, mientras tratan a los estudiantes a punta de pistola.

“De pronto entraron agresivamente, nos encañonaron con armas de fuego y nos obligaron a salir. Intentamos defendernos, pero nos golpearon. Llamamos al 911 y nunca respondieron”, denuncia otra de las moradoras que vivió dos de los tres desalojos estudiantiles ocurridos en lo que va de 2025.

El asunto legal de los albergues 

La denuncia de la FNERRR es legítima, en tanto existe una justificación legal sustentada y sostenida.

El primer albergue (Villas de Monte Albán) fue otorgado a los estudiantes hace más de nueve años a través del Ramo 23 que, legalmente, es un instrumento político presupuestario, o sea, una forma de la ley para otorgar recursos del Estado a determinadas obras, en este caso, a una obra de infraestructura. Los recursos fueron gestionados por el Movimiento Antorchista Nacional mediante la Cámara de Diputados y se autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El predio, integrado por diez lotes, fue donado al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para que eliminar las “trabas legales” y a través de un convenio que establecía que, una vez concluida la construcción, se entregaría en comodato a los estudiantes. El acuerdo fue reconocido por los gobiernos estatal y Federal en 2018, pero el recurso no se aplicó como estaba previsto.

El gobierno sólo invirtió cinco mdp para la primera etapa de la construcción y el resto del dinero se quedó en una cuenta de cheque de Banorte, banco por el que se realizó la transferencia.

Según el último documento que exhibieron los estudiantes, el dinero restante asciende a 35 millones 590 mil 518.70 pesos, cifra que fue reclamada por la FNERRR en tiempo y forma a razón legal de su ejecución. Esto se detalla en una circular emitida en marzo de 2019 por el gobierno municipal, que tenía la obligación de devolver a la tesorería federal ese dinero si éste no había sido ejercido, pues el tiempo de la construcción caducaba en ese año, o en su defecto comprobar el gasto en un lapso no mayor al primer trimestre de 2019; sin embargo, eso no ocurrió, por el contrario, el gobierno de la capital oaxaqueña se deslindó del problema argumentando que esa responsabilidad era de la administración pasada; y en septiembre de 2025 ese dinero sigue “extraviado”.

La administración de Francisco Martínez Neri (2022-2024) reconoció que el dinero etiquetado había sido gastado en otros rubros y que no se informó a la Federación. Ése es el asunto legal sobre el primer albergue, “por eso –dicen los líderes estudiantiles– el gobierno ha comenzado una lucha violenta y mediática contra el reclamo de los moradores”.

El problema se complicó cuando el comisariado de bienes comunales de San Martín Mexicapan interpuso un amparo reclamando que el terreno se encontraba en su polígono comunal, con lo que permitió que el gobierno “se camuflara en la bronca”; el gobierno dejó que los comuneros pusieran en litigio el terreno para así ocultar el hecho de que los 35 millones permanecen sin justificarse.

Testigo de la fundación del albergue y del largo camino que los estudiantes han tenido que recorrer, Cristofer confirma esta maniobra oficial: “ajá, pues estábamos en ese pleito (del comodato) cuando salen unos comuneros reclamando que ese predio en realidad era de ellos. El predio era muy grande y una parte de ese predio era del albergue. O sea, no era todo para el albergue. Los comuneros dicen que ese predio no es propiedad privada, sino comunal y el municipio decidió no presentar pruebas en tiempo y forma, lo que permitió que el juicio avanzara en favor de los comuneros.

“Entonces, en ese pleito donde se supone que el municipio debe defender lo que es propiedad del municipio, no lo hizo y mejor se colgó de ese litigio y comenzaron a decir que, por ese pleito, no se podía ejercer el dinero, seguramente con la intención de quedárselo”, asegura el fundador del albergue. “Es un pleito muy grande por intereses políticos y económicos de mantener esos 35 mdp”.

El segundo albergue está en una situación similar, pues igual que el otro, fue adquirido por la Asociación Civil Rufino Tamayo y Clara Córdova Morán, e inmediatamente fue donado al municipio de Miahuatlán, no sin antes firmar y sellar un contrato de comodato para que los estudiantes lo utilizaran durante un periodo de 99 años en calidad de “albergue cultural”. El documento advierte textualmente “La duración del presente comodato será por 99 años” contados a partir del 17 de octubre de 2016 al 16 de octubre del año 2115. Pese a ello, “en una reunión que tuvimos con el alcalde Figueroa Jiménez, él aceptó la existencia del comodato; pero al mismo tiempo, dijo que 99 años es mucho tiempo y que él no se podía hacer responsable de ese acuerdo; dijo que nos podía dar el comodato solamente lo que dura su mandato (dos años)”.

Tras el desalojo, los estudiantes se vieron obligados a mudar temporalmente su albergue a una casa situada en la calle 24 de febrero del mismo municipio; lastimosamente tienen que pagar una renta mensual de ocho mil pesos, “algo que se vuelve complicado de costear conforme pasa el tiempo”, sostiene uno de los moradores.

Pese a ello, los jóvenes permanecen en la lucha y han llegado a un aparente acuerdo con el edil, que les “prometió” un nuevo terreno, con escrituras y la legalidad de acuerdo a su uso, pero “ese terreno que nos mostró es un terreno muy pequeño, de 11 x 28 m². Estamos luchando para que sea más grande” aseguraron.

Sin infraestructura estudiantil

Estos atentados bien dirigidos son apenas una parte de un problema estructural que consiste en la falta de inversión en la educación; según el estudio Principales retos en el ejercicio del derecho a la educación 2024, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en rezago educativo, con 29.1 por ciento de su población en esta situación, muy por debajo de la media nacional, que alcanza 19.4 por ciento; es decir, tres de cada 10 niños no tienen acceso a la educación. Los factores que contribuyen al abandono escolar en la entidad son diversos: la pobreza, la lejanía de las comunidades y, sobre todo, la falta de infraestructura adecuada.

“Decidí salirme (de mi casa) a la edad de los 16 años, principalmente por la cuestión económica; no quise ser una carga para mis padres; y pues preferí que ellos le invirtieran más a mis hermanitos”, dice Oswaldo Martínez, quien es originario de Santa Catarina Quioquitani, Yautepec, Oaxaca, comunidad situada en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

El problema se intensifica cuando la Federación limita los recursos a los estados con mayor nivel de precariedad. La organización Mexicanos Primero informa que la falta de equidad en la asignación de recursos para infraestructura educativa entre los estados resulta muy evidente. Por ejemplo, según este organismo, en 2023 y 2024, el Estado de México (Edomex) recibió mayores recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destinados a cubrir las necesidades infraestructurales de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria; mientras que Oaxaca, con 13 mil 666 planteles de educación básica, y donde siete de cada 10 habitantes no tienen los servicios básicos completos, recibió menos del tercio de los recursos asignados al Edomex.

Esta realidad es evidente en muchas escuelas del estado, como la telesecundaria ubicada en la calle La Esperanza, a veinte minutos del centro de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Sus instalaciones son rudimentarias, se trata de un largo edificio de madera dividido en tres secciones (primero, segundo y tercer grado). En lugar de barda, una reja metálica cubre el terreno. Hay un tinaco para que los jóvenes tomen agua y es todo.

Por eso los estudiantes de la FNERRR siguen en pie de lucha, defendiendo sus albergues estudiantiles y trabajando por una mejor educación en México. “Solamente le pido al gobierno que apoye a la juventud, especialmente a los estados pobres, por las situaciones que estamos viviendo”, señala Camila Hernández Pacheco, de 17 años, moradora del albergue estudiantil “Doctor Juan Manuel Celis Ponce”.

“Los invitamos a unirse a nuestras luchas, a jugar un papel importante para el cambio de esta sociedad”, agrega, entrevistado por buzos, Oswaldo Martínez, estudiante del Centro Universitario Tlacaélel (CUT), campus Oaxaca y morador del albergue estudiantil “Villas de Monte Albán”.