Detrás del persistente avance del Gobierno Federal en el control de los recursos públicos destinados a los dos mil 477 Municipios Libres del país, se asoma el conocido objetivo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de eliminar todo poder o institución autónoma en México.

Bajo la “Cuarta Transformación” (4T), el 45.4 por ciento de los alcaldes mexicanos, es decir, mil 125 presidentes municipales que hoy pertenecen al partido oficial, no protestan.

Los denunciantes de las arbitrariedades, que perjudican a la población local de los ayuntamientos, son apenas mil 352 ediles opositores, entre ellos, los 226 del Partido Acción Nacional (PAN), que han denunciado la persistente centralización administrativa de los recursos públicos.

Agrupados en la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), esos ediles expusieron que la 4T está pisoteando el Artículo 115° de la Constitución, expedido en 1917, que originó al “Municipio libre” surgido del poder autónomo, con personalidad jurídica y facultades para administrar su presupuesto.

Y también las violaciones a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), expedida originalmente en 1953, reformada y ampliada en 1978 que, si bien otorgó al Gobierno Federal la facultad de recaudar impuestos en los territorios estatales y municipales, también fijó su obligación de redistribuir ese dinero para el desarrollo equitativo local, no para perpetuar los rezagos.

En términos del “Pacto Federal” derivado de la Constitución de 1824, las actuales 32 entidades que conforman la República Mexicana, y los dos mil 477 municipios, integran una Federación de actores autónomos locales encabezados por un Gobierno Federal.

Un documento de la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis, de la Cámara de Diputados explica que “El Pacto Federal fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación, nunca para perpetuar contrastes y rezagos”.

“Ello exige avanzar a un federalismo que sea un eficaz instrumento de redistribución de los recursos y las oportunidades. Este Plan reconoce que todos los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los órganos del Gobierno Federal deben asumir corresponsablemente los programas y acciones para equilibrar recursos y oportunidades a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios”.

Los alcaldes de partidos opositores denuncian que, desde 2018, la 4T ha efectuado maniobras financieras para pasar dinero público de una bolsa a otra; “etiquetando” recursos para ser aplicados en acciones acordes a su plan político nacional y no con base en las necesidades locales, además de recortar dinero a los gobiernos calificados como “adversarios” políticos para ponerlos “de rodillas”, revelan.

Reclaman que la población de los municipios resulta afectada por las operaciones financieras de la 4T con el dinero público, incluidos los habitantes de municipios gobernados por morenistas, aunque éstos no denuncien nada.

Desde 2018, los recursos públicos para los ayuntamientos han sufrido altibajos, con magnos recortes y luego mínimos incrementos al año siguiente que no alcanzan a cubrir los rezagos ocasionados, además de sufrir continuas reasignaciones, etiquetas y “recortes hormiga”.

Convocan a presidentes municipales a alzar la voz frente a recortes 

Frente a los recortes que aplicaron la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, así como los gobiernos estatales, en el caso de Puebla, el gobernador morenista Alejandro Armenta, la presidenta municipal de Santa Inés Ahuatempan, Edith Villa Trujillo, convocó a todos los presidentes municipales a alzar la voz y protestar.

“A todos los municipios nos están dando muy poco, dicen que hay obras del bienestar, pero en realidad también es muy poco. Tenemos que unirnos y no quedarnos callados, el recurso no es del Gobierno Federal, de una dependencia federal o estatal o del gobernador, es del pueblo”, dijo en entrevista la alcaldesa emanada del Movimiento Antorchista.

A partir de la administración de López Obrador, con el afán de quitar intermediarios a los presidentes municipales nos ataron de las manos para gestionar y solicitar ante las dependencias, lo que ha repercutido en que no se atiendan diversas necesidades de los municipios. “Pero ahora lo estamos viviendo nuevamente, se repite la historia con la presidenta Claudia Sheinbaum”, añadió.

La mayoría de los municipios han padecido recortes en varios rubros, en el caso de los fondos federales para infraestructura básica recortaron un 10 por ciento del presupuesto, lo que ha dificultado resolver varias necesidades de la población.

Santa Inés Ahuatempan es un municipio ubicado en la Mixteca Poblana y catalogado como indígena; y a pesar de requerir mayor presupuesto, aplicaron un recorte del 10 por ciento. No sólo eso, el Gobierno Federal prometió que invertiría mas recursos por ser población indígena, pero esto no ha ocurrido.

“Nos recortaron, sí, pero no nos han apoyado con obras para los pueblos indígenas. Pero va uno a las dependencias federales, a la SCT, no hay recursos y no nos quieren atender, en el gobierno estatal por igual, reciben las solicitudes, pero hasta ahí”, señaló Villa Trujillo, quien insistió en que su administración ha aprovechado su presupuesto de manera eficiente y transparente, además de informar a la población que los recortes han sido aplicados desde los gobierno estatal y Federal, por lo que los convocó a protestar y alzar la voz no sólo a los habitantes de Santa Inés Ahuatempan, sino a los mexicanos afectados por los recortes presupuestales.

Y siguen los recortes

Para 2026, el “segundo piso” de la 4T está publicitando un incremento de tres por ciento en los recursos públicos para las administraciones locales; pero haciendo también reasignaciones de dinero y recortes específicos en rubros locales sensibles, como salud y seguridad pública.

También avanza la centralización administrativa de los recursos públicos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargada de diseñar “fondos especiales” y “etiquetar” el dinero distribuido para conducir el gasto conforme a las perspectivas políticas de la 4T, no sin considerar las necesidades locales, como reclaman algunos ediles. A la Secretaría del Bienestar y sus becas le han reasignando recursos de otros rubros presupuestales.

Esto ocurre desde 2025, cuando la 4T dispuso para este rubro del dinero del Ramo 33, originalmente destinado a la infraestructura local, pavimentación, drenajes, etcétera; ésta es la principal denuncia de los 226 alcaldes panistas, quienes señalan que los recortes, reetiquetaciones y reasignaciones de dinero destinado a cubrir las necesidades específicas de las administraciones municipales, no solamente perjudican a la población asentada en municipios gobernados por opositores, sino también a los que están gobernados por Morena y sus aliados, que son la mayoría, aunque éstos se abstengan de protestar.

Recortes escondidos

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se anticipa un monto total de 2.8 billones de pesos (bdp) para estados y municipios, con aproximadamente 174 mil millones de pesos (mdp) más que en 2025, en “participaciones” y “aportaciones federales”; pero se recortan recursos municipales para Salud Pública, Ramo 23 y Convenios de Descentralización.

Esos 174 mil mdp representan un incremento global de tres por ciento respecto a 2025, según el análisis del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFCP).

Pero en los detalles puede verse una disminución de 9.1 por ciento, equivalente a cinco mil mdp menos que en 2025, en la asignación de dinero para Salud Pública local, que queda en 80.7 mil mdp para 2026.

Al gasto federalizado contenido en el Ramo 23 del presupuesto, destinado a provisiones salariales y económicas, se asignarán 13.5 mil mdp para el año próximo, es decir, se recorta 4.6 por ciento respecto a 2025.

Esa caída en el Ramo 23 deriva principalmente de “la reducción al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos”, según refiere el CEFCP.

También se disminuyen en 4.5 por ciento los recursos públicos destinados a otro apartado relevante de las administraciones locales, estipulado en los “Convenios de Descentralización”, que bajarán de 134.9 mil mdp en 2025 a 133.3 mil mdp en 2026.

Un nuevo y “grave atraco” 

Mauricio Tabe, alcalde capitalino de Miguel Hidalgo y presidente de la ANAC, integrada por los 226 ediles del PAN, reclamó, el 22 de septiembre, un nuevo y “grave atraco” para 2026, de 13 mil mdp al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) sumado al ejercido en 2025 para destinar el dinero a la Secretaría del Bienestar.

Los recortes a ese fondo municipal en 2025 y 2026 suman más de 20 mil mdp, dinero que se hubiera utilizado en las alcaldías para trabajos de pavimentación, bacheo, caminos rurales, entre otros, expuso Tabe en la Cámara de Diputados, acompañado por los legisladores federales del blanquiazul.

“El recorte al FAISMUN no es un tema menor; se trata de recursos que sirven a la gente… estamos denunciando dos graves atracos: el de 2025 y el que se pretende cometer en 2026… defender el municipalismo es defender las demandas más sentidas de la ciudadanía”, aseveró Tabe.

Héctor Saúl Téllez, diputado federal panista, condenó que el gobierno de la 4T pretenda asignar a la Secretaría del Bienestar esos 20 mil mdp recortados al FAISMUN en una “actitud alevosa”.

Mientras tanto, José Elías Lixa, coordinador de los diputados federales del PAN, reclamó que el gobierno pisotee la fórmula para la distribución de recursos a las administraciones locales descrita en la Ley de Coordinación Fiscal. Puntualizó que, entre los desequilibrios existentes, el Gobierno Federal se queda con el control del 80 por ciento de los recursos destinados al “gasto federalizado”; de donde se envía el 16 por ciento a los estados y solamente cuatro por ciento a los ayuntamientos.

Por su lado, la diputada federal Carmen Rocío González, presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal denunció violaciones a lo dispuesto en el Artículo 115° Constitucional y en la LCF; “pretenden tener de rodillas a los alcaldes, quitándoles de manera ilícita y tramposa los recursos que les corresponden”, alertó.

Inconformes con los recortes presupuestales aplicados por el gobierno de la 4T, los 226 ediles integrados en la ANAC han presentado recursos de Controversia Constitucional ante el Poder Judicial de la Federación.

El edil de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Daniel Carrillo, se pronunció el 18 de septiembre en contra del recorte a las alcaldías: “lo que quieren hacer es inconstitucional; la balanza fiscal no puede inclinarse a favor de una sola dependencia federal en detrimento de los municipios”.

“Estos recursos no son de libre disposición; se destinan a obras fundamentales en comunidades olvidadas. Si se pretende concentrarlos en la Secretaría del Bienestar se atenta directamente contra los vecinos de las zonas marginadas”, enfatizó el edil.

Expuso que la medida federal afectará a gobiernos municipales de diferentes partidos políticos, incluidos los del bloque oficial encabezado por Morena, y no solamente a los ayuntamientos con mandatarios emanados del PAN u otras expresiones políticas.

El alcalde neoleonés perteneciente a la ANAC mencionó que, entre 2018 y 2020, el gobierno de la 4T ya suprimió miles de mdp de fondos federales que iban dirigidos a comunidades indígenas y de afrodescendientes: “hoy se habla de fortalecer a esos grupos, pero se nos quitan las herramientas para hacerlo”, demandó.

Los alcaldes del partido blanquiazul realizaron la Cumbre de Municipios por Ciudades Sustentables para todas y todos en Mérida donde, el 20 de septiembre, la politóloga Lisa Carmona, coordinadora de la ANAC, expuso que la agrupación está convocando no solamente a los alcaldes del PAN, sino a cualquier presidente municipal que quiera sumarse a defender los recursos de sus ayuntamientos.

“El mensaje es claro: no al recorte que debilita a los municipios, sí a la construcción de una agenda común que fortalezca a las comunidades… los municipios son el primer contacto con la gente y no podemos aceptar que se disminuyan recursos que sostienen programas sociales de vivienda y de cuidado ambiental”, expuso Carmona.

Centralización, signo de la 4T 

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la centralización de los recursos para infraestructura básica municipal puede observarse, por ejemplo, en el presupuesto para 2024, en que las administraciones estatales y municipales sufrieron un recorte de 6.3 mil mdp, dinero originalmente destinado a proyectos de infraestructura municipal.

Sin embargo, los recursos fueron reasignados a un programa federal de Comunicaciones y Transportes –iniciado en ese año electoral– con el que supuestamente se desarrollarían tramos carreteros en territorios estatales. Este caso es similar al que se contempla para 2026, cuando el gobierno de la 4T pretende asignar recursos pertenecientes al fondo FAISMUN, originalmente destinado a infraestructura básica local, para que los ejerza la Secretaría del Bienestar en sus becas.

Desde el inicio de la 4T, en 2018, los recursos para la inversión en infraestructura pública se concentraron en las magnas obras, convertidas luego en elefantes blancos dependientes del presupuesto.

En ese caso están el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se privilegiaron en el presupuesto, dejando sin atender la necesidad de obras básicas en los municipios, según aclara un estudio de la organización México Evalúa.

En su análisis sobre infraestructura pública de 2018 a 2024, del 20 de febrero de 2025, México Evalúa indicó que AMLO dispuso del presupuesto más alto de la historia, además de incrementar la deuda pública, dinero que destinó preferentemente a sus megaobras, marcadas “por sobrecostos multimillonarios, lo que refleja la mala planeación”.

Esto ha ocasionado –subraya México Evalúa– menores recursos para la obra pública, profundizando el rezago en sectores estratégicos como agua, energía y transporte; pero también “es una receta tóxica que ralentiza la modernización de infraestructura, afecta la productividad, daña el nivel de servicios para la población y amplía la brecha en el desarrollo regional”.

Escamoteo del “bienestar”

Desde el primer PEF del sexenio pasado se aplicaron recortes a municipios, de tal manera que, en la glorieta de la Minerva, en Guadalajara, Jalisco, al menos 112 alcaldes de partidos opositores se manifestaron el 20 de diciembre de 2018 denunciando una injusta reducción en sus transferencias presupuestales para 2019. En ese mitin, los ediles señalaron que no estaban pidiendo “dádivas”, sino exigiendo a la Federación un trato de respeto y un presupuesto digno para sus comunidades, con necesidades por resolver en servicios públicos e infraestructura básica.

El primer presupuesto del “segundo piso” de la 4T retomó la tendencia del gobierno anterior, y aplicó recortes de “distinto tamaño” a los recursos públicos destinados a las administraciones locales.

Para 2025, se destinaron 2.6 bdp a las administraciones locales, lo que representó una disminución de 1.2 por ciento comparado con lo asignado en 2024, según los análisis de especialistas del CEFP de la Cámara de Diputados.

Un año antes, para el presupuesto 2024, ya se había aplicado un recorte de siete mil mdp a municipios y estados, reducción que los legisladores de oposición calificaron como “otro golpe” para debilitar a sus ayuntamientos, aumentando la tendencia a centralizar el presupuesto.

Y así ocurrió cada año desde 2018; por ejemplo, en el presupuesto para 2022 se recortaron las transferencias presupuestales para los municipios en 36.8 por ciento, lo que motivó protestas de algunos ediles opositores, que jamás fueron atendidas.

Perjudican a la población

Las protestas de los ediles opositores frente a los recortes presupuestales se han repetido desde 2018. El 10 de noviembre de 2021, al menos 350 alcaldes del PRI, PAN y PRD, integrantes de la “Alianza por México”, acudieron a la Cámara de Diputados para exigir infructuosamente la restitución del 36.8 por ciento recortado en el presupuesto para los municipios en 2022.

Esos recursos estaban destinados a obras de mantenimiento y mejoras en la prestación del servicio de agua potable, vialidades, espacios públicos, desarrollo de espacios públicos y en general, para el Ramo 23 y el Ramo 33 del presupuesto, destinados a los fondos metropolitanos de salud y seguridad pública.

César Garza Villarreal, presidente municipal de Apodaca, Nuevo León, y presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) cuestionó que, en los primeros tres años del gobierno de AMLO, entre 2018 y 2021, se había registrado “una agresión permanente al federalismo”.

“El 50 por ciento de los municipios de México está en una condición de quiebra operacional”, reclamó Garza en un encuentro parlamentario de noviembre de 2021, en el que protestó por la desaparición de fondos municipales como el de seguridad pública (Fortaseg) y el de Desastres Naturales (Fonden).

Ante los recortes contenidos en el presupuesto 2025, 40 alcaldes de la región mixteca oaxaqueña acudieron a la Cámara de Diputados para asistir a un foro el 22 de noviembre de 2024, ahí expusieron graves carencias en las instalaciones hospitalarias, caminos deteriorados, escuelas sin servicios públicos y daños estructurales no reparados.

Alberto Peña Pérez, presidente municipal de Santiago Nundiche, donde viven poco más de mil personas, narró que el ayuntamiento disponía únicamente de ocho mdp para obras públicas, y otros ocho millones para reparar caminos que se encuentran en muy mal estado.

Griselda Alvarado, presidenta municipal del ayuntamiento de Tlapancingo, Oaxaca, destacó la urgencia de atención sanitaria porque, en su localidad de dos mil personas, las mujeres fallecen por complicaciones de embarazo, mientras otras personas mueren por piquetes de alacrán, porque no hay como atenderlas.