Prestigiados analistas e investigadores de universidades, institutos y asociaciones civiles opinan que los avances de la lucha contra la pobreza en México no son para celebrar.
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Más de ocho meses han transcurrido después de que el Senado de la República aprobara una reforma que modifica el Artículo 123º Constitucional con el fin de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. La iniciativa de ley consiste, en síntesis, en que el incremento periódico al salario mínimo ya no sea menor al aumento inflacionario ocurrido en el mismo periodo, es decir, el aumento de los precios de los productos que los trabajadores consumen diariamente.
Esta reforma repercutiría en los Fondos para el Retiro de los trabajadores y en el pago de la Seguridad Social, desembolsos que los empleadores están obligados a efectuar; también beneficia a los empleados al servicio del Estado, como maestros del nivel básico, médicos, enfermeras, enfermeros, policías, miembros de la Guardia Nacional, etc. Todos ellos deberán recibir un ingreso basado en los promedios utilizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Todo el proceso legislativo se completó; diputados y senadores, así como los congresos locales aprobaron la reforma constitucional. Sin embargo, ésta no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y, por lo tanto, la modificación no ha entrado en vigor ni ha tenido algún efecto, permanece “congelada”, dicen observadores.
De los detalles de esta iniciativa, de los argumentos de los legisladores para su aprobación y del veto que en la práctica impide su promulgación habla nuestro Reporte Especial esta semana.
La protección del poder adquisitivo de los trabajadores y empleados públicos parece haber encontrado una fuerte resistencia, un obstáculo insalvable en el gobierno o en la clase patronal, que seguramente se niega a compensar el aumento de los precios con un incremento proporcional de los salarios, lo que significa disminuir el monto de sus ganancias obtenidas gracias al aumento de los precios de los productos que los trabajadores consumen cotidianamente.
El desarrollo y desenlace de este conflicto será una prueba para un gobierno que prometió transformar revolucionariamente la sociedad mexicana, que en su primer sexenio no lo consiguió y que en el actual aún está por mostrar su voluntad transformadora.
Prestigiados analistas e investigadores de universidades, institutos y asociaciones civiles opinan que los avances de la lucha contra la pobreza en México no son para celebrar.
Con la reforma electoral que pronto se aprobará en el Congreso de la Unión, el poder se concentrará aún más si el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) todavía no lo hubiera concentrado al máximo.
El crimen y todas las formas de delito, y la violencia que marcha siempre junto a ellos, han aumentado vertiginosamente durante este primer cuarto de siglo que está por terminar y parecen haberse acelerado como nunca en lo que va del gobierno de la “Cuarta Transformación”.
El Reporte Especial de buzos habla esta semana del rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) que el gobierno morenista ha venido intentando prácticamente desde el inicio del gobierno de AMLO.
La reforma afectó, por lo tanto, a los empleados y a los usuarios.
El delito de extorsión está presente en todos los rincones del territorio mexicano; ninguna de las 32 entidades federativas se encuentra a salvo de este azote.
La deuda pública de México y su tendencia a aumentar es un fenómeno antiguo, pero es notable su aceleramiento en la década en que surgió el gobierno de la “Cuarta Transformación”.
Si no se publica ahora, no entrará en vigor en 2026, advierte el priista.
El segundo tema se refiere a la veloz aprobación de 16 leyes realizada a principios del presente mes en el Congreso de la Unión.
Se fue AMLO y su objetivo principal quedó muy lejos de alcanzarse.
Con el bombardeo llevado a cabo por Israel contra Irán el 13 de junio y el asesinato de científicos y altos mandos de aquella nación dio comienzo la fase más peligrosa de la guerra imperialista de expansión en Medio Oriente.
La cacería humana ordenada por Donald Trump y llevada cabo el día seis de junio en Los Ángeles, California, ha puesto en primer plano el tema de la política inhumana contra los inmigrantes.
Las consecuencias de una mala política las paga la población, no los responsables.
La soberanía energética prometida durante el “primer piso” de la “Cuarta Transformación” no fue alcanzada, todo quedó en promesas.
El 30 de abril de 2025, el Senado de la República aprobó la Nueva Ley de Armas y Explosivos.
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Escrito por Redacción