La reforma salarial y los intereses patronales

editorial

Redacción 28 junio, 2025

Más de ocho meses han transcurrido después de que el Senado de la República aprobara una reforma que modifica el Artículo 123º Constitucional con el fin de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. La iniciativa de ley consiste, en síntesis, en que el incremento periódico al salario mínimo ya no sea menor al aumento inflacionario ocurrido en el mismo periodo, es decir, el aumento de los precios de los productos que los trabajadores consumen diariamente.

Esta reforma repercutiría en los Fondos para el Retiro de los trabajadores y en el pago de la Seguridad Social, desembolsos que los empleadores están obligados a efectuar; también beneficia a los empleados al servicio del Estado, como maestros del nivel básico, médicos, enfermeras, enfermeros, policías, miembros de la Guardia Nacional, etc. Todos ellos deberán recibir un ingreso basado en los promedios utilizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Todo el proceso legislativo se completó; diputados y senadores, así como los congresos locales aprobaron la reforma constitucional. Sin embargo, ésta no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y, por lo tanto, la modificación no ha entrado en vigor ni ha tenido algún efecto, permanece “congelada”, dicen observadores.

De los detalles de esta iniciativa, de los argumentos de los legisladores para su aprobación y del veto que en la práctica impide su promulgación habla nuestro Reporte Especial esta semana.

La protección del poder adquisitivo de los trabajadores y empleados públicos parece haber encontrado una fuerte resistencia, un obstáculo insalvable en el gobierno o en la clase patronal, que seguramente se niega a compensar el aumento de los precios con un incremento proporcional de los salarios, lo que significa disminuir el monto de sus ganancias obtenidas gracias al aumento de los precios de los productos que los trabajadores consumen cotidianamente.

El desarrollo y desenlace de este conflicto será una prueba para un gobierno que prometió transformar revolucionariamente la sociedad mexicana, que en su primer sexenio no lo consiguió y que en el actual aún está por mostrar su voluntad transformadora.

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