Los cuatro municipios mexiquenses que se encuentran en el top 10 nacional son gobernados por Morena.
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El 1º de octubre, la alcaldesa morenista de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, cumplió el primer año de su segundo gobierno trianual y durante el primer trimestre aumentó la percepción de inseguridad, ya que pasó de 60.8 a 71.9 por ciento (11 puntos más); de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este incremento la convirtió en la segunda alcaldía más insegura de la Ciudad de México (CDMX), después de Xochimilco, cuya evaluación en este rubro correspondió a 77.6, y el de Iztapalapa resultó en 70 por ciento.
Estos malos resultados evidencian que los alcaldes de las tres demarcaciones han hecho poco o nada para evitar que los dos millones de gobernados sientan que es muy incierto y peligroso vivir ahí, porque en cualquier momento pueden ser víctimas de la delincuencia. Además de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, Morena gobierna en otras ocho de las 16 alcaldías de la considerada gran metrópoli del Valle de México.
En el primer trienio de Berenice Hernández (2022-2024) en Tláhuac, la incidencia delictiva aumentó 20 por ciento respecto al mismo año de su antecesor Raymundo Martínez, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese lapso se abrieron 21 mil 806 carpetas de investigación, mientras que en el gobierno de su antecesor se contaron 18 mil 768. Es decir, la mejor estrategia de seguridad de la alcaldesa únicamente consistió en un discurso, un sueño.
Pero el pan de cada día en Tláhuac no sólo es el problema de la inseguridad, sino también la autorización de unidades residenciales, cuyas viviendas costarán más de cinco millones de pesos (mdp) por cada una, mientras el gobierno de la alcaldesa se niega rotundamente a autorizar –¡sí, solamente firmar un permiso!– para edificar una unidad habitacional con viviendas para cientos de familias de escasos recursos económicos. La construcción ya fue autorizada por el gobierno central de Clara Brugada mediante el Instituto de la Vivienda; pero no avanza porque Hernández Calderón se opone.
En esa alcaldía, el clima político se enrarece cada día debido al mal gobierno de esta señora que, mientras plantea paz y bienestar, niega viviendas a la población que todos los días vive en la inseguridad, que ahora es causada no solamente por los delincuentes, sino también por las intensas lluvias que provocan inundaciones con aguas negras en la mayoría de las veces, para lo que hasta ahora no existe un plan de emergencia que apoye a los afectados.
La crítica más reciente a la titular de Tláhuac, ventilada por la prensa, consiste en que, al segundo trimestre del primer año de gobierno de su segundo mandato, en el único programa social de su administración con un presupuesto proyectado de cinco millones 400 mil pesos, sólo ejerció un millón 350 mil, de los cuales, únicamente 490 mil pesos llegaron a los “beneficiarios”, porque el resto se ocupó en logística y para los talleristas.
El “programa social”, que buscaba fomentar actividades recreativas entre la población infantil y adolescente, se ha convertido en una burla y una exhibición más del gobierno morenista en Tláhuac, demarcación donde habitan 65 mil 278 menores de 12 años, de los cuales 31 mil 979 son niñas y 33 mil 299 niños. De éstos solamente se beneficiaron 33 (21 hombres y 12 mujeres) con apoyos de siete mil 500 a 15 mil pesos.
Por ello, no se necesita ser un analista genial para observar que Hernández Calderón no gobierna adecuadamente, al contrario. Tláhuac está en el ojo del huracán, las protestas se incrementan y su población ya no está dispuesta a escuchar más demagogia. Por eso, miles de colonos han acudido al Movimiento Antorchista Nacional (MAN) de la CDMX, organización dirigida por la arquitecta Gloria Brito Nájera, y le han solicitado que encabece su protesta.
Por lo pronto, en estos días, unos dos mil habitantes de Tláhuac acudirán a la “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir su intervención y que se autorice la construcción de viviendas populares. Esperamos que los granaderos no intervengan en respuesta, repitiendo lo ocurrido el 23 de septiembre contra los estudiantes oaxaqueños que pidieron a la Presidenta intervenir para que les regresaran sus albergues.
En Tláhuac y en todo el país, los mexicanos deben ser escuchados y sus peticiones atendidas. Ya llegará el tiempo de las elecciones y las facturas serán cobradas. Por el momento, querido lector, es todo. ![]()
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).