Hace un par de semanas, agricultores de más de 20 estados de la República –entre ellos Sinaloa, Michoacán, Baja California, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y San Luis Potosí– bloquearon durante más de 10 horas unas 30 carreteras principales para exigir al Gobierno Federal precio de garantía de siete mil 200 pesos por tonelada de maíz, la reasignación de 35 mil millones de pesos (mdp) en apoyo a este cultivo y la aplicación de políticas públicas para el sector agrícola, después de que el precio de este grano básico sufriera la brutal caída de cinco mil a tres mil 200 pesos por tonelada.

La inconformidad de los productores de maíz, trigo y frijol generó tanto “ruido” que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, tuvieron que firmar un acuerdo con los líderes de los productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Sin embargo, agricultores de otras entidades aún protestan por la misma exigencia.

Desde hace mucho tiempo, la producción mexicana de maíz amarillo, trigo, oleaginosas y arroz dejó de ser autosuficiente debido a que muchos agricultores evadían el cultivo de estos granos, porque los importados resultaban mucho más baratos y los propios no pueden competir con los extranjeros en el mercado interno. El resultado derivó en la dependencia alimentaria de México respecto al exterior en un 49 por ciento, cuando lo recomendable es que se estabilizara en 35 por ciento para garantizar la autosuficiencia.

El Gobierno Federal debería recordar que hay dos tipos de agricultura: la de subsistencia y la comercial, y que requieren políticas distintas por sus características y necesidades específicas. No es correcto que se acorrale e ignore a la agricultura comercial productora de alimentos para las mayorías; ésta aporta materias primas para la agroindustria y crea divisas mediante exportaciones, cuyo ingreso en 2023 para el país representó 51 mil millones de dólares (mdd).

El problema agrario ya es viejo, pero creció mucho durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando el Gobierno Federal cambió su política agropecuaria con la reducción de inversiones y la eliminación de apoyos públicos, acciones que se combinaron con los cíclicos aumentos de los precios internacionales. En realidad, la crisis en el campo siempre ha sido una bomba de tiempo y para desactivarla se requiere la inversión de mucho dinero y voluntad política del gobierno. Muy lejos de la realidad quedó la promesa del expresidente en torno a que “se dará prioridad a la siembra de cuatro alimentos básicos en el consumo de los mexicanos: trigo harinero, maíz, frijol y arroz; y es en ellos donde se pretende alcanzar la autosuficiencia alimentaria”.

En rigor, las actuales movilizaciones de inconformidad de los productores agropecuarios se gestaron desde el inicio del gobierno de AMLO, a partir de 2019, cuando modificó los programas agrícolas vigentes, a los que tildó de neoliberales y se propuso “reformar” o “reorientar” el presupuesto asignando apoyos directos a los pequeños productores. Eliminó el Ingreso Objetivo, la Agricultura por Contrato y los Esquemas de Cobertura de Precios, con lo que provocó la caída de la producción agrícola.

A pesar de que órganos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han recomendado trabajar en la sustentabilidad y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que ha dictaminado que sólo hay soberanía alimentaria cuando un país produce 75 por ciento de sus alimentos, la importación de granos básicos de México en 2023 fue de 27 mil 500 mdd y en 2024 de 53 mil mdd. La dependencia en granos correspondió al 49 por ciento; en trigo, equivale a más del 56 por ciento, en soya 96 por ciento y en arroz 86 por ciento.

Para mejorar la seguridad alimentaria, es necesario restaurar los apoyos y reorientar el gasto público hacia investigación, innovación y agricultura sostenible, además de evitar planteamientos como el de AMLO, quien estableció que “cada campesino y cada familia deben producir sus propios alimentos en economía campesina” o repetir la atrocidad que el mismo expresidente cometió de 2022 a 2024, cuando sólo destinó un financiamiento a la agricultura equivalente al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto, debajo del 1.2 por ciento asignado entre 2000 y 2022.

Las protestas de los productores son legítimas y no hay razones para no escucharlas y mucho menos ignorar las necesidades de la agricultura comercial, que está en manos de ejidatarios y pequeños propietarios en todo el país. El campo, pues, está en un panorama complicado y seguirá golpeando a los mexicanos más pobres. Por el momento, querido lector, es todo.