En las montañas de Chiapas, uno de los estados con más indígenas en México, la mayoría mayas, se ubica la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, famosa por su turismo, pero también porque es la región con mayor consumo de Coca-Cola en el mundo.

Los tzotziles y tzeltales –hablantes del bats’ ikop–, las etnias dominantes en los Altos de Chiapas, mantienen algunas de sus expresiones culturales prehispánicas más antiguas conservadas dentro del cristianismo sincrético que hoy practican, entre las que destacan la de los habitantes de San Juan Chamula que no se dejan fotografiar por temor a ser embrujados.

La población de Los Altos consta de 601 mil 190 personas, de las que 68 por ciento son de habla indígena. Únicamente la cabecera municipal de San Cristóbal permite la urbanización y las costumbres ajenas; pero fuera de sus límites, los territorios considerados autónomos se rigen conforme a los usos y costumbres de las comunidades.

Sin embargo, hay una bebida extranjera que ha logrado filtrarse en la dieta cotidiana de tzotziles y tzeltales, incluso en sus rituales religiosos: la Coca-Cola, cuyo consumo anual per cápita en la región, según el Centro de Investigaciones Multidisplinarias de Chiapas y Centro América (CIMSUR) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue de 800 tazas del refresco a finales de 2019, es decir, 13 veces más que el promedio mundial de 60 tazas.

Ese mismo año, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad Tufts publicaron los resultados de su estudio International Journal of Obesity sobre las muertes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas en México. La investigación informó que la muerte de 40 mil personas, el siete por ciento, estaba relacionada con este tipo de bebidas, de las que el 70 por ciento son producidas por The Coca-Cola Company.

En Los Altos, este refresco es incluso más barato que Ciel, el agua embotellada cuya distribución lidera también el consumo en la región. La Coca-Cola se vende al precio más bajo del país porque se elabora con 1.2 millones de litros diarios de agua de los mantos freáticos situados en Chiapas.

Diabetes, consumismo y ritualidad

El médico y antropólogo de CIMSUR, Jaime Page Pliego, reveló a buzos que “el problema de la diabetes en la población maya, más o menos, emerge en la década de los 70, cuando se establece una red carretera que se fue ampliando y que llega a su máximo después del movimiento zapatista y esto favoreció la llegada de todos los alimentos chatarra”. Varias de sus investigaciones confirman que los altos índices de la diabetes llegaron con la Coca-Cola, que antes había que cargar desde San Cristóbal durante más de un día de camino.

La diabetes es la principal causa de muerte en Chiapas, pero es mayor en Los Altos, porque la población indígena tiene mala alimentación y deficiente atención médica, factores que aumentan los riesgos de muerte por esta enfermedad.

El especialista advierte que en las décadas de los años 70 y 80, los planes de desarrollo del gobierno incluyeron programas de alfabetización en los pueblos originarios, los cuales propiciaron que los dirigentes sociales aprovecharon para sustituir a los expresidentes ladinos (mestizos), apoderarse del comercio de maíz y frijol, monopolizar estos alimentos y obtener concesiones de empresas refresqueras, entre las que llegó la Coca-Cola.

En ese periodo llegaron también a Chiapas grupos religiosos de cristianos evangélicos, cuyo respaldo humanitario y la prohibición de bebidas alcohólicas como el pox, de uso ritual tzotzil, fue sustituida con la Coca-Cola.

Page explicó que entre los tzotziles existía la obligación de nutrir a las deidades con los olores y el calor del pox que se elabora, igual que el refresco estadounidense, con caña de azúcar. La incidencia de los grupos religiosos y la satanización del consumo de alcohol sustituyeron gradualmente esa bebida con el refresco.

Por ello, hoy en Chamula, los altares cuentan con este refresco desde el pasado reciente, agregó el investigador. Es decir, la Coca-Cola se ha convertido en una ofrenda ritual para las deidades y, asimismo, en un símbolo de riqueza. En las principales celebraciones cívicas, sociales, culturales y religiosas resulta casi obligatorio su consumo.

Con la finalidad de recoger un testimonio sobre este tipo de ceremonias, tomamos una de las carreteras que los distribuidores de la Coca-Cola en Chiapas utilizan desde hace varios años para llevar el refresco a la comunidad de Chicumtantik, del municipio de Chamula, a unas tres horas de San Cristóbal.

Ahí el jilol, curandero, realiza sanaciones del alma. Primero pregunta al paciente cuáles son sus malestares; después toma la muñeca de una de sus manos para detectar su torrente sanguíneo e interpretar sus males. “La sangre no te camina bien. Tu chul’el no está contigo”, advierte.

Después se dirige a un altar donde hay imágenes de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, Jesucristo y San Judas Tadeo, además de algunas cruces de origen maya y elementos de uso ritual mayas, como el pom (incienso) y el pox.

Con 50 velas colocadas en un orden específico, el cual se determina por la enfermedad a tratar, el curandero comienza a rezar en tzotzil; luego repite la misma oración, pero ahora con una Coca-Cola en la mano y mostrando invocaciones. Después de 15 minutos, señala al paciente: “Ya está caminando, ya regresó”, mientras ofrece bebidas a todos los presentes.

“El pox es como para tapar, para que no entre en mi casa”, explicó el curandero. El pox, así como el refresco, se utilizan para ofrendar a las deidades (demonios) no deseadas en el hogar o en el corazón de las personas. “Es nuevo, apenas unos años que empezó. Antes solo se utilizaba el pox”, explicó a buzos.

Estas prácticas rituales ahora son características de la cabecera municipal de San Juan Chamula. Su iglesia principal no tiene reconocimiento oficial del Estado Vaticano debido a los rituales de sacrificio que los indígenas efectúan, entre ellos de gallinas que se ofrendan con rezos en tzotzil, pox y Coca-Cola frente a imágenes de santos y vírgenes católico-romanas.

En San Juan Chamula se vive hoy uno de los sincretismos religiosos más inverosímiles del mundo, pero también uno de los experimentos médico-religiosos más adictivos e inconscientemente más peligrosos para la salud de sus creyentes; pues la principal causa de muerte en Los Altos de Chiapas se genera precisamente por la diabetes. El doctor Jaime Page lo esboza así:

 “Yo tengo artículos en donde digo que se trata del exterminio con la Coca-Cola, por un lado, se enferman y por otro no existen los recursos para que puedan controlar su enfermedad (…). El problema es que la empresa sabe que su producto está produciendo daño y a pesar de eso lo siguen promoviendo y se oponen a las políticas (de salud) ¿Eso qué es?… ahí no hay ética.”

Gobierno, ecocidio y capitalismo salvaje

Los Altos de Chiapas, en general y San Cristóbal de las Casas en particular se convirtieron en el epicentro de las noticias nacionales e internacionales el 1° de enero de 1994, cuando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró la guerra al gobierno y al ejército mexicano y tomó el control de las principales poblaciones de esa región, en oposición a la reciente firma del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) por los gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.), Canadá y México.

El seis de mayo de 1994, cuatro meses después y en pleno conflicto, el gobierno mexicano concedió el primero de dos permisos para la explotación de pozos de agua ubicados en las faldas del monte Huitepec. Esta primera concesión (11CHS100004/30FMDA17) fue otorgada a Inmuebles del Golfo, S. de R. L. de C.V, para explotar 108 mil 734 metros cúbicos (m³) al año. La segunda (11CHS100959/30FMDA16) se otorgó al mismo grupo en 1996, para extraer 311 mil 40 m³ al año.

Estos volúmenes dan un total de 437 mil 250 m³ al año, es decir, 437 millones 250 mil litros de agua anuales, 1.97 millones en promedio al día. Esta cantidad contrasta con los 16 mil m³ que recibe anualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de San Cristóbal de las Casas. Estas cifras no han pasado desapercibidas para los habitantes de este valle, que se han organizado para detener el “ecocidio”.

Uno de los grupos sociales organizados es la Coordinadora de Comunidades del Sur (Cocosur), cuyo subcoordinador Dámaso Villanueva comentó a esta revista que se han interpuesto innumerables denuncias dirigidas a autoridades municipales, estatales y federales, pero que hasta la fecha no han tenido éxito.

El ambientalista reveló que el contraargumento de las autoridades es que la violación a los derechos de las empresas multinacionales puede costarles demandas multimillonarias, “A nosotros en nuestras casas nos ponen un medidor de agua para que paguemos en relación a lo que se gasta. Es lo que le hemos dicho al gobierno: si no los podemos correr, pónganles un medidor y que paguen por litro de agua que se gasten… Tenemos 10 años esperando”.

México es uno de los países más peligrosos para los defensores de recursos naturales, y dentro del país esta región es una de las más riesgosas. Pero la Cocosur seguirá en la lucha y Dámaso explica por qué: “tengo esperanza de que mis nietos tengan agua. Muchos de mis compañeros han sido agredidos, golpeados, los han encarcelado; yo mismo sufrí cárcel unos años atrás (...) salí con la intención de no callarme; por supuesto que sí tenemos miedo. Pero vamos a seguir”.

La causa por la que el Estado mexicano no ha considerado la opinión de los ciudadanos que, en el caso de las concesiones a los permisionarios de la Coca-Cola, surgieron hace mucho tiempo; pero la relación de contubernio más evidente se produjo en el sexenio 2000-2006, cuando la Presidencia de la República fue ocupada por el exgerente concesionario de esa empresa trasnacional en México, Vicente Fox Quesada.

Él mismo admitió, en la publicación Bussines Insider, que una de las primeras donaciones para su campaña política a la Presidencia de México fue hecha por la compañía, a la que el perteneció en los años 70. Fox nombró a Cristóbal Jaime Jáquez como director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien, durante 12 años, había trabajado como supervisor de ventas y director general de Coca-Cola en México.

Durante su gestión en la Conagua, Jáquez denegó una solicitud para cancelar concesiones a la Coca-Cola hecha por el síndico de San Cristóbal de las Casas, Miguel Ángel de los Santos, quien alegó la sobrexplotación de los mantos freáticos. La respuesta del entonces funcionario público, contenida en el comunicado No. 347-20, fue la siguiente:

“En el caso del acuífero San Cristóbal de las Casas, se encuentra en condición geohidrológica de subexplotación y con disponibilidad de agua para otorgar nuevas concesiones”. Jáquez aseguró que la extracción no repercutía en el suministro urbano, ya que los pozos concesionados a la empresa Inmuebles del Golfo provienen de mantos ubicados a 150 y 200 metros de profundidad.

También argumentó que Chiapas es la entidad con mayores precipitaciones de agua al año en todo el país, pero omitió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que es el tercer estado de la República Mexicana con más hogares sin acceso a agua potable; ya que el mayor rezago en servicios urbanos se localiza en el medio rural, donde reside la totalidad de las poblaciones indígenas.

Las afectaciones a los más pobres

El acuífero de Huitepec llevaba agua a la comunidad indígena de San Felipe desde viejos tiempos, a través de manantiales y pozos artesianos; pero hoy, algunos de ellos se han secado y se complica mucho conseguir agua para consumo básico. Juan Urbano, excomisariado tradicional de San Felipe, contó a buzos que la reforma constitucional que el expresidente Carlos Salinas de Gortari hizo en 1992 propició desintegración de los núcleos de tierra de propiedad comunal.

La reforma al Artículo 27°, realizada con el compromiso de dotar de servicios urbanos básicos como agua potable, drenaje, electricidad, etc., a las familias que se oponían a aquélla, solo causó la venta de tierras, el abandono de cultivos alimentarios y la privatización de muchas parcelas, hoy ocupadas por empresas capitalistas que acaparan el agua.

“A veces es cuestión de suerte encontrar agua en los pozos de 10 metros que nos toma excavar hasta un mes. Da preocupación saber que la vida de antes ya no se va a vivir otra vez igual... ahora, estos tiempos han cambiado mucho y solo estamos esperando, pues se van a llevar toda el agua, la van a aprovechar las empresas trasnacionales. Se van a venir los despojos…”, dice con preocupación y lágrimas en los ojos.

Las mujeres son las más afectadas por este problema, explicó Angélica Schenerock, Coordinadora General de Agua y Vida; Mujeres, Derechos y Ambientes A.C., porque son ellas quienes se encargan de proveer de agua a sus familias y para hallarla, deben recorrer varios kilómetros y cargarla en cubetas. Por ello, muchas de ellas padecen serios problemas en la espalda, desnutrición y enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua insalubre.

En los Altos de Chiapas, el consorcio Fomento Económico Mexicano (Femsa) controla el agua potable, el mercado de bebidas dulces y azucaradas, y los rituales indígenas sincréticos. En gran parte de las comunidades rurales y algunas poblaciones urbanas puede escasear el agua potable, pero nunca en las embotelladoras de la Coca-Cola.

Para comprar alguno de sus refrescos, solo recurren a uno de sus múltiples expendios diseminados en toda la región, pero para conseguir agua potable natural, hay que caminar varios kilómetros.

“Se ha documentado la dotación de Coca-Cola a niñas y niños lactantes, es decir, de pecho”, la coordinadora general de Agua y Vida, quien también denunció que precisamente son las familias más pobres quienes pagan más por agua, en comparación con las grandes empresas y los habitantes de centros urbanos y turísticos, como Ocosingo y San Cristóbal.

En San Cristóbal, por ejemplo, el suministro de agua es prioritario en los barrios a tres kilómetros de radio respecto al centro, donde se hallan los hoteles y los restaurantes. Pero barrios distantes como Cuxtitali, fundado por mayas-quichés de Guatemala, solo tienen agua cinco horas a la semana y la mitad del año debe acopiar el agua de lluvia.

Unos días antes de que se decretara el regreso a la “nueva normalidad” por la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, Marcos Sirón y otros habitantes de la localidad protestaron para exigir a las autoridades una solución a su demanda de agua potable, y que se limitara la explotación del agua a las empresas como Coca-Cola Femsa.

“En meses pasados, con la situación del Covid-19, decían que la gente se lavara; pero no tenían ni siquiera agua para tomar ¿Cómo puedes llamar a que la gente no salga de su casa, si no tienes lo esencial que es el agua? ¡Esto es aberrante!”, denunció Sirón.

Coca-Cola solo paga alrededor del cinco por ciento de sus ganancias netas en impuestos, y sus permisos para extraer agua fueron extendidos hasta 2035; a pesar de que en sus reportes anuales admite que los únicos factores de riesgo son la escasez de agua o que el Estado cancele las concesiones; pero el actual partido en el gobierno, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ha confirmado si está a favor de la población o de las grandes empresas.

“Tenemos que luchar muy duro; tenemos que unirnos todos. El capitalismo nos trae la muerte y si no nos defendemos y no nos unimos, toda la gente del campo y la ciudad prácticamente dejaremos que nos estén robando la vida”, expresó el excomisariado indígena Juan Urbano.