No hay nada más vital y estratégico que el acceso a la alimentación. Aunque el hambre puede evitarse, en 2020, más de 690 millones de personas la padecieron y, este año, en plena era Covid-19, habrá más de 330 millones de hambrientos, privación que se opone a las multimillonarias ganancias de trasnacionales de la industria agropecuaria, clave en la expansión capitalista. Esta brecha aleja al mundo de la meta Hambre Cero, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2030, pues los Estados no logran imponer políticas que frenen la apropiación corporativa del derecho a la alimentación. A solo nueve años de que se cumpla el objetivo, ese es el gran desafío en México y nuestra región.

El hambre es el sufrimiento asociado a la falta de alimento, define la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La fórmula desigualdad + pobreza + control corporativo de las cadenas globales de producción del agro-negocio + la industria masiva del sector, profundizó la inseguridad alimentaria de los más pobres en el planeta.

Diariamente, millones de latinoamericanos, asiáticos, africanos, europeos y estadounidenses pasan hambre o consumen menos de las mil 800 calorías que requieren al día para no padecer subnutrición y con ello perder capacidad para sobrevivir. Detrás de esta privación del derecho a la vida, la dignidad y libertades humanas, está el frío cálculo geopolítico del capitalismo para generar riqueza a costa del control social, sanitario y económico en países de los que extrae su riqueza.

Las multinacionales del sector industrial de alimentos controlan la producción de granos, semillas, cárnicos, químicos y fertilizantes. Además se vinculan orgánicamente a laboratorios y procesadoras de alimentos, cadenas globales de supermercados, firmas de publicidad y medios corporativos. La expansión de las trasnacionales agroindustriales desplazó a los productores rurales y, hoy, contribuyen con 2.4 mil millones de dólares (mdd) a la economía mundial; solo en 2018, el agro-negocio significó el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Es tal el poder económico, de gestión y corrupción de estos gigantes, que rebasan las leyes de competencia, fiscales, sanitarias y ambientales establecidas por los Estados y sus instituciones. Esta capacidad de cabildeo y cooptación les garantiza impunidad. Así privan a millones de personas del derecho a producir su comida de forma tradicional, expulsan a comunidades de sus tierras (que destinan al monocultivo o a presas); deterioran la biodiversidad y el medio ambiente e imponen hábitos alimenticios que ocasionan males crónicos.

En el llamado “tercer mundo”, la expansión del complejo industrial abandonó el concepto de soberanía y seguridad alimentaria. Hace 50 años, esos países tenían excedentes anuales de productos agrícolas; África recién descolonizada exportaba comida; México, como el resto de América Latina, vendía cereales, frutas, vegetales y cárnicos diversos.

Con las políticas neoliberales aumentó el déficit de alimentos y el sur, antes rico productor de alimentos, se volvió dependiente de los excedentes del norte industrial. Treinta años de expansión del complejo agroindustrial empobreció a los productores locales y obligó a los consumidores a adquirir alimentos de las corporaciones que deciden de qué deben alimentarse. Frenar su abusivo control sobre la producción alimentaria robustece las instituciones multilaterales para eliminar el proteccionismo económico de los países industrializados e imponer normas más estrictas que garanticen la sanidad y calidad de los productos ofrecidos por las corporaciones.

Comida, el botín

Corporaciones de comida abusan de los productores y consumidores pobres, a quienes venden alimentos altos en energéticos y pobres en nutrientes. Así, los consumidores, ya vulnerables, corren más riesgo sanitario, revela el informe de la Incubadora de Defensa de la Salud Global (IDSG, 7.XI.2020). Esas firmas obstaculizan, a la vez, el avance de políticas de salud pública y contra sus malas prácticas, alegando supuestos efectos económicos negativos.

Para ellas, la comida es un botín. Con la pandemia han ganado miles de millones por las compras de pánico: aumentaron precios hasta en 60 por ciento y redujeron cantidad y calidad a los bienes. Se ufanaban de ser socialmente responsables y promovieron de forma antiética el consumo de productos ultraprocesados que mostraron como sanos y de buena calidad.

Productos calificados de peligrosos para la salud como CocaCola, McDonald’s, Nestlé y PepsiCo lanzaron, en plena era Covid-19, “acciones solidarias” como donar sus productos chatarra a niños en escuelas y poblaciones pobres, en lugar de ofrecer alimentos de alto valor nutricional. Solo en Estados Unidos (EE. UU.) estos gigantes industriales invirtieron millones de dólares en publicidad para presentarse como actores de ayuda contra la pandemia y empresas socialmente responsables, reveló un estudio realizado por IDSG en 18 países.

Tácticas similares han usado tradicionalmente en América Latina y en México. Un antecedente fue la protesta, en marzo de 2015, de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas –que une a trasnacionales de productos procesados en la región– porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instancias pedían restringir el consumo de sus productos debido a que no cumplen las normas nutricionales.

Los firmantes criticaron medidas como impuestos a bebidas azucaradas y el etiquetado de alimentos con información básica. Pese a evidencias de la OMS, de Oxfam y el estudio legislativo de Sobrepeso y Obesidad en México, de Irma Kánter, el sector bloqueó políticas para prevenir obesidad, diabetes tipo 2, cáncer e hipertensión.

No obstante, los gobiernos tienen herramientas para acotar los abusos corporativos en el sector. Volver a la agricultura, ganadería y pesca locales crea capital e intercambios externos. Solo así se terminará con la pobreza extrema y aportar a las poblaciones nutrientes básicos, señala el Banco Mundial (BM). La transformación de la estructura tradicional agrícola a favor del agronegocio activó los problemas sociales. En 30 años causó el éxodo de campesinos a zonas urbanas o a otros países, donde padecen marginación, denuncia Consuelo Soto Mora.

México, el gran mercado

El liderazgo y dominio de las corporaciones en el sistema de producción y distribución alimentaria en México va en expansión. Asociado a la apertura económica y desregulación, se tradujo en el dominio de territorios con múltiples modalidades de operación y espacios para controlar la mayor parte de ciudades, explica el experto José Gasca.

México es el mayor consumidor de productos ultraprocesados en América Latina, con 214 kg al año por persona. También es el mayor consumidor de refrescos en el mundo, con 119 litros por persona al año, según Auromonitor International. El resultado de esa dieta son obesidad y enfermedades no transmisibles. Nuestro país es mercado clave para los negocios de CocaCola, que entre 2010 y 2020 invirtió 12.4 mil mdd, monto superior al que invierten China, EE. UU., África Central y Filipinas.

La ratificación del T-MEC anticipó el crecimiento del sector agroalimentario en 2020. Los sectores de mayor importancia son la industria de la panificación, avícola, carne y huevo; alimentos procesados: las carnes frías sumaron 999 mil toneladas pese a que representan un producto de alto riesgo cancerígeno. En su análisis para este año, los directivos de la industria alimentaria en México previeron que su reto será no brindar productos de mejor calidad, sino asegurar la confianza de los inversionistas para sostener el crecimiento económico, reportó The foodtech (febrero, 2021).

Además del monocultivo y la invasión de organismos genéticamente modificados (OGM: transgénicos), la industrialización alimentaria contrae problemas socioambientales. Uno de ellos es la palma de aceite, básico como agrocombustible, alimento, fármaco, cosmético, detergente y como decorativo. En 2018, cada europeo consumió 59.3 kilos de este aceite, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque su consumo no es recomendable para la salud ni para la sustentabilidad, advierte el Instituto del clima, Medio Ambiente y Energía de Wuppertal.

En Colombia, México y Brasil, este cultivo se impulsó con políticas gubernamentales que trasladaron recursos dirigidos a pequeños productores (campesinos e indígenas) para integrar un sistema de plantaciones acorde a lógica agroindustrial y la reproducción capitalista. Por ello, este cultivo se asocia a conflictos sociales como los que se observan en las entidades de mayor producción: Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, advierten Agustín Ávila y Jadson Albuquerque.

Hambre y geopolítica

En EE. UU., el 12 por ciento de sus 328.4 millones de personas pasa hambre. En 2020, debido a la pandemia, más de 42 millones de estadounidenses vivieron en inseguridad alimentaria porque, como individuos o familias, no calificaron para programas federales de nutrición y acudieron a bancos de comida locales, revela la organización Datos y Estadísticas sobre el Hambre (HFS). Afroamericanos, latinos y nativos indígenas registraron, en EE. UU., las más altas tasas de inseguridad alimentaria por la sistémica injusticia racial, revelan la organización Alimentando a EE. UU. y el informe Inseguridad Alimentaria de Familias.

En 2019 vivían en inseguridad alimentaria 35.2 millones de personas (por el desempleo, crisis económica y alza en el costo de la vida). Para ellos, la comida se convirtió en un lujo incosteable y este 2021 más de 13.7 millones de estadounidenses, propietarios de su casa, carecen de certeza alimentaria, alertó un estudio de Hunger Facts Statatistics (HFS). En la superpotencia son más visibles los vínculos y los retos que hay entre la inseguridad alimentaria y la geopolítica, los cuales tienen que ver con el acceso a recursos naturales, al rediseño del espacio físico por las corporaciones, los cálculos políticos y los conflictos armados, así como su impacto en el cambio climático y la gobernabilidad.

Hoy, el mundo vive una frontal competencia por los recursos agrícolas, que se traduce en rivalidad geopolítica. El hambre, como táctica de guerra, se observa en Nigeria, Somalia, SurSudan Siria y Yemen, condenó el Consejo de Seguridad de la ONU. Al añejo binomio conflicto armado y hambre tienen dos nuevas modalidades que influyen en la privación de alimentos y nutrientes para las poblaciones: el bloqueo económico financiero (contra Cuba) y las sanciones (Venezuela, China, Rusia y Bielorrusia).

Los intereses geopolíticos sobre puntos de tensión impactan en la respuesta internacional, pues imposibilitan la asistencia de actores humanitarios multinacionales y particulares a las personas, porque no logran evadir las barreras logísticas. De ahí que comunidades, naciones y grupos étnicos sean las principales víctimas. El informe del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación de la Paz (6.XI.2020) advierte que la geopolítica de la seguridad alimentaria enfrenta barreras al objetivo de cero hambre para el año 2030.

Así como las corporaciones suman esfuerzos para ampliar sus mercados y fortalecer monopolios a través de innovación, inteligencia competitiva, herramientas de inteligencia artificial (sensores en el campo, drones que monitorean cultivos) y soluciones de investigación cada vez más poderosas, la democratización del acceso a los alimentos requiere una acción concertada. Democratizar la globalización para salvar el planeta, propone el analista Odón Elorza. Promover acciones concertadas para reducir la emisión de carbono al nivel que se necesita, plantea Naomi Klein. En México, académicos y expertos proponen volver la mirada al campo y la producción local.