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El pasado 13 de agosto de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2024. Guerrero volvió a aparecer en los primeros lugares: 58.1 por ciento de su población vive en situación de pobreza y 21.3 por ciento en pobreza extrema, sólo detrás de Chiapas. Las cifras que en el papel parecen frías y técnicas, en realidad reflejan la vida concreta de millones de guerrerenses: hogares sin agua potable ni electricidad, familias que sobreviven sin seguridad social, niños y jóvenes que abandonan la escuela porque en casa no hay dinero, comunidades indígenas y afrodescendientes sumidas en el abandono. La estadística es, en este caso, el retrato numérico de la desigualdad estructural.

El gobierno federal presume una ligera disminución en la pobreza estatal pasando del 60.4 por ciento en 2022 a 58.1 en 2024, pero esa “mejora” no altera las causas de fondo. Guerrero sigue a la cabeza en rezago educativo (28.3%), carencias de seguridad social (72.6%) y viviendas sin servicios básicos (47.4%). El ingreso per cápita mensual apenas alcanza los 4,516 pesos, cifra que lo coloca en el penúltimo lugar nacional. La reducción estadística no se debe a un cambio real en la estructura productiva, sino al efecto combinado de transferencias monetarias y a un método de medición que especialistas como Julio Boltvinik han denunciado como manipulado para “fabricar” la ilusión de avances.

Al mismo tiempo, la Oxfam México ha documentado que la desigualdad en el país se mantiene en niveles alarmantes: mientras los más pobres sobreviven con poco más de 70 pesos al día, los más ricos concentran ingresos diarios cercanos a los 32 mil pesos. En Guerrero la brecha es aún más brutal, el turismo de élite y los megaproyectos concentran la riqueza en Acapulco y zonas costeras, mientras la Montaña y la Costa Chica se hunden en condiciones de marginación extrema.

Nada de esto es casualidad. El sur de México, y Guerrero en particular, han sido históricamente concebidos como territorios de explotación, una abundancia de recursos naturales, mano de obra barata y un pueblo trabajador que, sin embargo, se mantiene al margen de los beneficios del “desarrollo”. Las políticas sociales, aunque alivian lo inmediato, no modifican la base económica que genera la desigualdad y, en los hechos, cumplen también una función política: contener el descontento social y mantener la pasividad, sin tocar los intereses de las grandes cadenas hoteleras, los terratenientes o el capital inmobiliario que acaparan los recursos de la entidad.

Lo que muestran los números del INEGI no es un éxito, sino la tenacidad de la desigualdad del modo de producción capitalista que condena a la mayoría y beneficia a una minoría. Por eso la solución no puede venir de paliativos ni de discursos triunfalistas. Guerrero seguirá en el mismo sitio de las estadísticas mientras no cambie la estructura económica que lo mantiene subordinado y dependiente. Lenin lo dijo: “no hay situación desesperada para las masas si están organizadas”, ahí está la salida: en la organización consciente del pueblo trabajador para abrir camino hacia una sociedad sin explotadores ni explotados.