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Durante la pandemia de Covid-19, nuestros gobernantes, sin distingo de jurisdicción o expresión partidista, se han esforzado en sembrar, unos más que otros, la idea de que vamos bien, que la recuperación económica es ya un hecho y que sus esfuerzos han dado resultado. Como estrategia efectiva para encubrir o justificar sus discursos, se auxilian en la estadística oficial, que se especializa en hacer ininteligibles y parciales los datos que emite la medición de los distintos rubros económicos.
Se nos ha dicho, por ejemplo, que en Oaxaca ha disminuido la pobreza el 2.7 por ciento y que ha avanzado en la escala nacional porque ahora ya no ocupa el tercero, sino el cuarto lugar en este rubro; que el ingreso de las familias ha aumentado 7.1 por ciento y que registra un crecimiento económico de 5.1 por ciento.
La realidad económica no puede entenderse solo con estos datos; ya que el crecimiento por sí mismo no significa desarrollo para todas las capas sociales. Además, basta un resumen noticioso de cualquier periódico para encontrar una fotografía que refleje el estado real de la situación. Por ejemplo, el encabezado de uno de los diarios con mayor circulación, afirma: Agudiza pandemia carencia alimentaria; luego, en un pie de la misma página: “A seis de cada 10 no les alcanza el salario para la canasta básica”. En la página 3-A hay otro titular que revela: Achaca Salud a protestas el desabasto de medicamentos; y finalmente en la 5-A, otra cabeza informa: Se come informalidad al empleo formal en Oaxaca.
Es decir, las noticias cotidianas denuncian los efectos reales de la pandemia, la poca efectividad del combate contra ésta, las mentiras de la recuperación económica y el hecho insoslayable de que los gobiernos han abandonado a los ciudadanos a su suerte, ya que muchos de ellos perdieron sus empleos y ahora dependen de la venta de “baratijas” en las calles; porque los pequeños y medianos empresarios cerraron sus negocios tras despedir a sus empleados por la falta de subsidios o exenciones fiscales. Al personal de Salud primero le negaron insumos, luego recortaron su presupuesto, se suspendió la construcción de más de 50 hospitales, despidieron más de dos mil trabajadores en plena pandemia y con todo esto, finalmente, los miles de ciudadanos oaxaqueños ahora situados en el “cuarto lugar en pobreza en el país” no tienen acceso a las obras y servicios sanitarios más elementales.
¿Y así dicen que vamos avanzando? La realidad niega los supuestos avances: Seis de cada 10 oaxaqueños no pueden adquirir la canasta básica, cifra equivalente al 60 por ciento y mayor al 57.3 por ciento del primer bimestre de 2020. Es decir, la pobreza ha aumentado y lo hace pese al crecimiento de la economía, que no se ha reflejado en las capas populares de Oaxaca, donde cada año mueren entre 600 y 700 personas; y el Secretario de Salud despidió a las trabajadores porque se manifestaron contra la falta de medicamentos, que negó pese a que su similar federal, Jorge Alcocer, declaró que desde junio no había reportes de cómo se habían distribuido las medicinas entregadas al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), es decir, mucho antes de que empezaran las manifestaciones.
Estando así las cosas, es peligroso que no se atiendan ni resuelvan las demandas legítimas de las organizaciones sociales, sean sindicatos, comunidades indígenas, asociaciones civiles, etc., porque el aumento repentino de las manifestaciones en Oaxaca es una muestra inequívoca de que la inconformidad crece y que las contradicciones se tensan aun más por el incremento de pobres en la entidad.
Y si a esto se suma la dureza policial y la radicalización de los funcionarios, se forma el coctel perfecto para que en Oaxaca surjan los brotes de violencia que nadie desea y con los que todos perdemos.
Para estudiar correctamente un fenómeno y resolverlo debe contextualizársele, abordarlo en sus múltiples determinaciones y vínculos externos que lo hacen algo concreto.
El MAN está consciente de que la pobreza se agudizará con la crisis socioeconómica actual y que si la inconformidad social no se encauza por vías legales su desbordamiento, verterá en el caos y las revueltas.
El 45 por ciento de las familias gastaron entre mil y 10 mil pesos, y 36 por ciento gastaron más de 10 mil pesos.
Ante el egoísmo y el materialismo vulgar que prevalecen en el mundo actual, no debemos olvidar la sencillez de la vida.
En diciembre, lo dispar de la opulencia y la miseria es más notorio.
Los olvidados es un filme sin concesión alguna a la moral dominante, a la hipocresía de esa misma moral podrida del orden social existente.
Las condiciones estructurales, como la calidad de los empleos y los ingresos, no han mejorado de manera significativa durante el sexenio actual.
Las tormentas tropicales causan inundaciones, deslaves, la muerte de varias personas, el derrumbe de casas, la suspensión de clases en escuelas y el bloqueo de vías de comunicación.
No hay duda, el poeta asume un compromiso con su época; se concibe como un medio para hacer llegar su mensaje a las masas.
El estado de Chiapas es la entidad con mayor número de infantes en condición de pobreza con un 77.3 por ciento.
Los tres países presentan el nivel más alto de desigualdad de ingresos y distribución de la riqueza.
La economía capitalista en su conjunto se organiza en torno a esta relación de explotación: de un lado explotados –trabajadores directos y asalariados– y del otro explotadores: todos los que, directa o indirectamente, se apropian del trabajo excedente.
Raynel Ramírez Mijangos y su familia han gobernado durante 22 años al frente de seis administraciones, caracterizadas por actos de corrupción, prepotencia y violencia física en procesos electorales.
Hay un fracaso estrepitoso en el combate a la pobreza por parte del gobierno de López Obrador y la creciente desigualdad sigue siendo el principal problema de México, advirtió Aquiles Córdova, analista político y líder social.
Los programas sociales no sacan de la pobreza a sus beneficiarios y en el mediano y largo plazo serán un riesgo de mayor déficit para las finanzas públicas del Gobierno Federal.
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Escrito por Dimas Romero González
Estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Anáhuac. Activista social por 20 años en entidades como Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero.