Durante la pandemia de Covid-19, nuestros gobernantes, sin distingo de jurisdicción o expresión partidista, se han esforzado en sembrar, unos más que otros, la idea de que vamos bien, que la recuperación económica es ya un hecho y que sus esfuerzos han dado resultado. Como estrategia efectiva para encubrir o justificar sus discursos, se auxilian en la estadística oficial, que se especializa en hacer ininteligibles y parciales los datos que emite la medición de los distintos rubros económicos.

Se nos ha dicho, por ejemplo, que en Oaxaca ha disminuido la pobreza el 2.7 por ciento y que ha avanzado en la escala nacional porque ahora ya no ocupa el tercero, sino el cuarto lugar en este rubro; que el ingreso de las familias ha aumentado 7.1 por ciento y que registra un crecimiento económico de 5.1 por ciento.

La realidad económica no puede entenderse solo con estos datos; ya que el crecimiento por sí mismo no significa desarrollo para todas las capas sociales. Además, basta un resumen noticioso de cualquier periódico para encontrar una fotografía que refleje el estado real de la situación. Por ejemplo, el encabezado de uno de los diarios con mayor circulación, afirma: Agudiza pandemia carencia alimentaria; luego, en un pie de la misma página: “A seis de cada 10 no les alcanza el salario para la canasta básica”. En la página 3-A hay otro titular que revela: Achaca Salud a protestas el desabasto de medicamentos; y finalmente en la 5-A, otra cabeza informa: Se come informalidad al empleo formal en Oaxaca.

Es decir, las noticias cotidianas denuncian los efectos reales de la pandemia, la poca efectividad del combate contra ésta, las mentiras de la recuperación económica y el hecho insoslayable de que los gobiernos han abandonado a los ciudadanos a su suerte, ya que muchos de ellos perdieron sus empleos y ahora dependen de la venta de “baratijas” en las calles; porque los pequeños y medianos empresarios cerraron sus negocios tras despedir a sus empleados por la falta de subsidios o exenciones fiscales. Al personal de Salud primero le negaron insumos, luego recortaron su presupuesto, se suspendió la construcción de más de 50 hospitales, despidieron más de dos mil trabajadores en plena pandemia y con todo esto, finalmente, los miles de ciudadanos oaxaqueños ahora situados en el “cuarto lugar en pobreza en el país” no tienen acceso a las obras y servicios sanitarios más elementales.

¿Y así dicen que vamos avanzando? La realidad niega los supuestos avances: Seis de cada 10 oaxaqueños no pueden adquirir la canasta básica, cifra equivalente al 60 por ciento y mayor al 57.3 por ciento del primer bimestre de 2020. Es decir, la pobreza ha aumentado y lo hace pese al crecimiento de la economía, que no se ha reflejado en las capas populares de Oaxaca, donde cada año mueren entre 600 y 700 personas; y el Secretario de Salud despidió a las trabajadores porque se manifestaron contra la falta de medicamentos, que negó pese a que su similar federal, Jorge Alcocer, declaró que desde junio no había reportes de cómo se habían distribuido las medicinas entregadas al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), es decir, mucho antes de que empezaran las manifestaciones.

Estando así las cosas, es peligroso que no se atiendan ni resuelvan las demandas legítimas de las organizaciones sociales, sean sindicatos, comunidades indígenas, asociaciones civiles, etc., porque el aumento repentino de las manifestaciones en Oaxaca es una muestra inequívoca de que la inconformidad crece y que las contradicciones se tensan aun más por el incremento de pobres en la entidad.

Y si a esto se suma la dureza policial y la radicalización de los funcionarios, se forma el coctel perfecto para que en Oaxaca surjan los brotes de violencia que nadie desea y con los que todos perdemos.