Dice el Artículo cuarto constitucional: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. Pero la ley es letra muerta. Lejos de atender el problema, muchos gobiernos incluso persiguen a quienes demandan su solución.

Oficialmente, 93 por ciento de los hogares tienen acceso al agua potable, pero de éstos, solo 68 por ciento la reciben diariamente; el resto de la población (44 millones de personas) la recibe de forma intermitente o no tiene acceso (Inegi, 2018). El problema es aún más grave. “Sin embargo, si se contrasta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están mejor desarrollados y con mayor información, bajamos hasta un nivel de cumplimiento a 25 por ciento en cuanto a servicios de agua bien gestionados (cursivas mías, APZ).” (Cienciamx, 5 de diciembre de 2018, Agencia Informativa Conacyt, citando a López M., Carlos, Colmex). México ocupa el cuarto lugar mundial en número de personas viviendo en severa escasez de agua (México Sostenible).

En miles de comunidades rurales, la gente recorre largas distancias para sacar agua de pozos, que en el estiaje se secan. De las 188 mil localidades rurales, 42 por ciento se consideran “aisladas”, y en éstas habitan 6.9 millones de personas. Por su aislamiento padecen carencias de "alimentos y productos de consumo cotidiano, educación y servicios de salud básicos, acceso al agua potable, drenaje y electricidad” (Conapo, 10 de febrero de 2017).

El gasto público no se aplica en la medida necesaria a mejorar la infraestructura hidráulica. Se pierden ingentes cantidades de agua por fugas. El 76 por ciento del agua se emplea en agricultura y 14 por ciento en uso doméstico, y “En México, el sector que más agua desperdicia es el que más la consume: el sector agropecuario (agricultura y ganadería). Las estimaciones de la Comisión Nacional del Agua mencionan que 57 por ciento del agua que consume, se pierde por evaporación pero, sobre todo, por infraestructura de riego ineficiente, en mal estado u obsoleta” (Aqua.org.mx, Conagua). Algo similar ocurre en las ciudades: “Al respecto, la OCDE mostró que México tiene nueve ciudades, de las 42 estudiadas, con mayor porcentaje de pérdida de agua potable disponible y bajos índices de tratamiento de aguas...” (Osorno C. Cuauhtémoc, México Sostenible, 17 abril de 2017).

La distribución del líquido es inequitativa. Las colonias residenciales de clase alta reciben sobradamente más agua que las populares. Por ejemplo, en la Ciudad de México, un Reportaje de The Guardian (12 de noviembre de 2015) indica que la presión del agua es mucho más alta en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, “donde se ubica buena parte de los campos de golf de la ciudad”, mientras en Iztapalapa los grifos frecuentemente están secos. Ciertamente, es también un factor importante el problema cultural, la falta de conciencia sobre el uso racional del agua. ​

Llamar potable al agua es un eufemismo. La Real Academia define el concepto “potable” como “Que se puede beber”, algo casi imposible de ver en los sistemas de agua entubada. Más técnicamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS)precisa que el agua es potable cuando es limpia y segura, es decir, no implica riesgos de enfermedades infecciosas o de otro tipo para la salud, incolora, inodora, insípida, libre de elementos en suspensión (turbidez), de contaminantes y de microorganismos patógenos. Lejos estamos de alcanzar estos estándares de calidad, y no se ve, hoy por hoy, cómo lo lograremos.

Advierten especialistas que los acuíferos están sobreexplotados, lo cual presagia una no muy lejana crisis de agua. A ello contribuye, además de los factores mencionados, el exceso de extracción por parte de grandes empresas. Solo algunos ejemplos. En Baja California, entidad con graves carencias hídricas, el gobierno autorizó la instalación, en el Valle de Mexicali, de una planta cervecera perteneciente a Constellation Brands, que consumirá anualmente 20 millones de metros cúbicos de agua; “exportaremos” más cerveza, pero agotaremos el agua. Coca-Cola, bebida de la cual somos el primer país consumidor (Coca-Cola, informe anual 2016), produce un litro de refresco por cada 2.7 litros de agua potable que extrae de los acuíferos. Ante la contaminación del agua de las tuberías, la gente prefiere comprar refrescos y agua embotellada. En 2009, Coca-Cola exportó a Estados Unidos 4.4 millones de cajas unidad, 10 por ciento más que en el año anterior. Están también los casos de General Motors y Kimberly Clark, que han trascendido a la prensa en Coahuila, y tantas otras; ni qué decir de las cerveceras. Parte del interés de las transnacionales para invertir en México es el uso de agua subsidiada. Adicionalmente, empresas agrícolas norteamericanas vienen a producir a México en busca del agua. Y vienen las secuelas. Al escasear el líquido se sobreexplotan los acuíferos: en 2016 se extrajo 24 por ciento más de agua que en 2003 (Cuentas Económicas y Ecológicas), y esto trae consecuencias: según el citado artículo de Cienciamx, al perforar a mayor profundidad, el agua extraída contiene más arsénico, y provoca mayor incidencia de cáncer.

Para resolver este gravísimo problema se requiere, en primer lugar, una verdadera sensibilidad social, y segundo, real visión de Estado, un proyecto de nación de largo plazo que destine grandes recursos a construcción y modernización de la infraestructura hidráulica e instalación de plantas tratadoras de aguas residuales. Debe asimismo regularse mejor el uso industrial del agua, para su protección como parte de la soberanía nacional. Por este camino se transita al verdadero bienestar, real y efectivamente. Lamentablemente, esto hoy no ocurre; al menos no hay anuncio de obras de gran calado en este rubro, como el tren maya, mucho menos importante. Contra toda lógica, contra el mandato constitucional y contra lo que la necesidad social exige, el gobierno actual se mueve en sentido opuesto: la Cuarta Transformación suprimió el Ramo 23 del PEF, quitando a los municipios los escasos recursos de que disponían para construir obras de agua potable. Y entonces, ¿quién, cuándo y cómo se hará responsable de atender el tremendo problema del agua? Lo dicho: no hay solución a la vista; mientras tanto, el pueblo seguirá padeciendo, y los recursos naturales agotándose.