La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Ya nadie ignora que las anticipadas campañas de propaganda político-electorales que las coaliciones partidistas están realizando, son para promover a sus candidatos a los 19 mil puestos de elección popular que se plantearán en los comicios generales de 2024: la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), las gubernaturas de Puebla, Chiapas, Jalisco, Morelos, Tabasco, Guanajuato, Veracruz y Yucatán, la renovación de una docena de legislaturas estatales y de numerosas alcaldías municipales.
Esta “fiebre” electoral se refleja en todos lados; y en el caso de las “precandidatas” de la coalición oficialista Claudia Sheinbaum y su opositora Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, las promociones publicitarias hoy se aparecen “hasta en la sopa”; aunque las de la aspirante morenista inició desde que asumió la Jefatura de Gobierno de la CDMX en diciembre de 2018.
Según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), los actos anticipados de campaña son aquellos que se realizan “bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
Hasta ahora, todo lo que han hecho los partidos políticos, y de manera destacada el parido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena), son actos anticipados de campaña sin que las autoridades de la LGIPE hayan logrado imponer el orden ni evitar la reiterada comisión de numerosos delitos electorales, porque a las organizaciones políticas les vale “un cacahuate” la ley.
En los últimos cuatro meses hemos visto acciones políticas que debieron ser sancionadas, como han sido los miles de folletos, espectaculares, volantes, pintas, y eslóganes en la prensa escrita y audiovisual que, en todas las entidades del país, se publicitan con el rostro de Sheinbaum y sus discursos, en los que habla de sus aspiraciones de contender por la Presidencia de la República en 2024.
Recientemente se difundió que el tope financiero para las campañas de 2024 será de 660 millones de pesos (mdp), monto 46.5 por ciento mayor al fijado para la elección presidencial de 2018 y 87 por ciento mayor a la de 2012. Esta cifra equivaldrá a un gasto electoral diario de 7.3 mdp, cifra cuestionada debido a la “austeridad republicana” de Morena, cuando en el país hay más de 54 millones de personas sin acceso a la salud, el número de pobres aumentó en más 10 millones; y en el actual Gobierno Federal se han cometido 168 mil 844 homicidios dolosos: uno cada 15 minutos y 95 diarios.
El tope de 660.9 mdp de los candidatos presidenciales para sus campañas del tres de marzo al 29 de mayo de 2024 será superior al de las campañas federales de 2012 y 2018, que fue 429.5 mdp cuando fue electo AMLO. Además, en la próxima campaña presidencial, los siete partidos políticos nacionales recibirán 10.4 mdp, cifra que representa 53.86 por ciento más con respecto a los 6.7 mdp que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en 2018. Otra vez, ¡qué bonita austeridad!
Este gasto electoral millonario demuestra dos cosas: primero, que es contradictorio con la política de austeridad proclamada por AMLO y que, por tal motivo, ésta es sólo un discurso falso y demagógico; y, segundo, que los políticos de todos los partidos únicamente proyectan una imagen mediática o mercadotécnica en la mente de los mexicanos sin importarles hacer propuestas de solución a los graves problemas de pobreza, desigualdad y empleo que padece la población del país.
Ambos hechos deben llevar a los mexicanos a observar que los partidos políticos son buenos para las campañas electorales, pero malos para gobernar; y que Morena es su muestra más reciente porque, en menos de cinco años, ha hundido al país en el desastre político, económico y social más completo. Es ya hora de formar una organización proletaria y un partido de trabajadores con candidatos que salgan de las entrañas mismas del pueblo. Sólo así, México podrá salir adelante. Por el momento, querido lector, es todo.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Los estados más afectados son: Chihuahua, Jalisco y Chiapas.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).