Los transportistas demandan un incremento en la tarifa, de 6 a 14 pesos, además de bonos de combustible.
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Diputados locales de oposición consideraron que el anuncio del Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, de “retirar” los dictámenes del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), no está dentro de sus facultades, debido a que el Congreso local no es una “oficialía de partes” de Morena, sino un poder autónomo.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, Ricardo Rubio Torres, consideró positivo que el gobierno capitalino reculara y que no se apruebe por la afirmativa ficta, como podría haber ocurrido este viernes 8 de diciembre, cuando se cumple el plazo y, ante la nula discusión de ambos programas en ese órgano.
“Martí Batres no manda en el Congreso y debe aprender a respetar al Poder Legislativo; al anunciar el retiro del dictamen le falta al respeto a los diputados, a los técnicos que elaboraron los dictámenes y a los ciudadanos”, señaló.
“Qué bueno que el gobierno central y el oficialismo nos haya hecho caso, escuchó a la ciudadanía y optó por recular en este tema que tanto daño hubiera causado los pueblos y barrios originarios en materia de planeación urbana y quienes siempre rechazaron ambos documentos”, indicó el panista.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Ernesto Alarcón, señaló que en proyectos futuros se deben realizar las consultas respectivas y cuidar las formas y los tiempos con pleno apego a las leyes que nos rigen.
En tanto, Maxta González, también diputada del tricolor, aseguró que el retiro del PGOT y PGD es “un triunfo social de los pueblos, barrios y diversos colectivos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México”, e insistió en que el Congreso local no es “una oficialía de partes de Morena y sus aliados”.
“Sin duda, son dos proyectos que nacieron muertos, con vicios de forma y de fondo, y Morena, junto con el Gobierno, ya sabían que la oposición iba a tirar ambos proyectos con el evidente costo político que ello implicaba”, concluyó Rubio Torres.
Los transportistas demandan un incremento en la tarifa, de 6 a 14 pesos, además de bonos de combustible.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera