El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, aplica la misma política de centralización presupuestal de su hermano el exmandatario Ricardo (ahora Senador); y en lo que va de este año ha dejado en la orfandad fiscal a la mayoría de los 58 municipios de la entidad.

El pasado 27 de enero, Monreal presidió el Encuentro Estatal con Municipios, durante el cual anunció que, a partir del día siguiente, dispondrían de mil 105 millones 658 mil 954 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y mil 193 millones 673 mil 687 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

En esa reunión, el mandatario reconoció también que, debido a las “decisiones erróneas en la última década y al despilfarro de pasados gobiernos”, en Zacatecas había 55 mil 200 personas en condiciones de pobreza extrema: “más de tres mil 800 viviendas con piso de tierra, más de mil 500 con muros y techos endebles y 119 mil 500 zacatecanos carecen de servicios básicos como agua, luz y drenaje”.

En presencia de la delegada de los Programas del Bienestar, Verónica Díaz Robles, el gobernador advirtió que más adelante emularía al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y reiteró que el dinero enviado por la Federación a través del FISM se destinaría a atender las necesidades de infraestructura social básica de las comunidades históricamente discriminadas como las mujeres, los indígenas y las personas con discapacidad.

Monreal Ávila aprovechó la oportunidad para exhortar a los ediles “para que, como zacatecanos y servidores públicos se conduzcan con honestidad, transparencia y apego a la ley al momento de ejercer estos fondos”.

Ahora, en el inicio de marzo de 2022, los únicos recursos de la Federación disponibles en Zacatecas proceden del llamado Fondo 3 –que antes ejercían los municipios y hoy concentra el gobierno morenista– y los alcaldes de la entidad no tienen con qué hacer frente a los gastos de mayor responsabilidad social de la población.

Éste es el segundo trienio en que los presidentes municipales sufren las políticas de la llamada “Cuarta Transformación” (4T), en gran medida a causa de los recortes presupuestales y la desaparición de varios programas como el 3x1, cuyo fondo se integraba con el 25 por ciento de las aportaciones de los migrantes zacatecanos en Estados Unidos (EE. UU.).

También fue eliminado por los diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus comparsas de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), el programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que brindaba apoyo financiero a los 300 municipios de la República con más problemas de inseguridad pública.

Uno de los pocos alcaldes zacatecanos que se han mostrado críticos del Gobierno Federal de AMLO es Saúl Monreal Ávila, de Fresnillo, quien en su momento indicó que la rifa del avión presidencial fue un fraude porque los 20 millones de pesos que ganó en premios el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la demarcación no le han sido entregados, al parecer por decisión de AMLO.

Semanas atrás, el edil de Fresnillo también había expresado públicamente su inconformidad hacia el gobierno estatal de su hermano David Monreal y el Federal de AMLO, por su indiferencia ante la ola de crímenes que asuela a ese municipio y buena parte de los municipios de Zacatecas.

Maestros protestan por falta de pagos

El pasado 21 de febrero, cuando se retomaron las clases presenciales en todos los niveles educativos de Zacatecas, tras el paso a color verde del semáforo epidemiológico, los docentes protestaron, se manifestaron y tomaron edificios públicos en demanda del pago de dos quincenas, sus aguinaldos y otros apoyos.

Los maestros, de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo dirigente es Óscar Castruita Hernández, ocuparon las instalaciones de las secretarías de Educación y Finanzas, además de algunas alcaldías, aduciendo “la falta de compromiso con el magisterio estatal, porque ahora se quiere deslindar de su obligación como patrón de los docentes” y advirtieron que no las abandonarían, en tanto no hubiera una respuesta positiva.

La respuesta de Monreal fue responsabilizar a la Federación. Tras 18 días de protesta, que incluyó la toma de casetas de cobro de las carreteras de Calera y Osiris, los siete mil docentes recibieron los salarios que se les adeudaban; el mandatario aclaró que su gobierno los había cubierto con recursos estatales que estaban destinados a obras públicas del sector salud, desarrollo social y para el campo y que, por lo mismo, la solución era eventual debido a que el pago de nómina magisterial es responsabilidad del Gobierno Federal.

Es decir, les advirtió que no tenían garantizada la cobertura de las siguientes quincenas porque la obligación corresponde al gobierno de AMLO.

Pero en Zacatecas, a los problemas financieros de gobiernos y ciudadanos se suman los de la inseguridad pública, que se incrementaron con la llegada de Morena al Ejecutivo estatal y a muchos gobiernos municipales. Es de tal magnitud, que el 19 de febrero se organizó la primera protesta ciudadana para demandar públicamente que los gobiernos Federal y local implementen un plan para enfrentar la violencia delictiva y que se busque a las múltiples víctimas de desaparición forzada.

El contingente estuvo conformado por familiares de víctimas y ciudadanos solidarios, quienes caminaron por las calles de la capital de Zacatecas para exigir a las autoridades que frenen la pugna entre los grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio de la entidad. La manifestación se realizó luego de que se difundiera la muerte de cinco estudiantes originarios del municipio de Francisco R. Murguía (Nieves).

Durante la marcha pacífica se escucharon consignas que hicieron referencia al alto nivel de violencia ejercida contra mujeres y hombres en los últimos años; también denunciaron la ineficiencia del Gobierno Federal en el cuidado de las personas; y en algunas pancartas hubo frases como “Zacatecas ciudad de cantera roja” (en alusión al derrame de sangre) y “No hay peor cártel que un gobierno indiferente”.

Otra serie de hechos violentos que han causado preocupación e indignación fue el asesinato de varios mineros en Fresnillo el sábado 12 de febrero –inusitado por su alto nivel de violencia en un sector ajeno a ese tipo de acciones– y el de 15 efectivos policiales, que pertenecían a diversas corporaciones estatales y que fueron asesinados en un mismo día, 14 de febrero. La última víctima fue una mujer de la Policía Estatal, ultimada en la colonia Villas de Guadalupe.

Estos hechos escalofriantes, según datos oficiales, han ubicado a Zacatecas en la primera posición nacional con más policías ejecutados en lo que va de 2022 y lo llevan a superar la cifra de 36 efectivos asesinados en 2021.

Trancoso: muestra de mal gobierno

Pero los problemas no acaban con los arriba enunciados. Los trabajadores jubilados del ISSSTE en la entidad debieron recurrir a la defensa de sus derechos sociales, adquiridos durante más de 30 años de labores, cuando el gobierno de Monreal intentó arrebatárselos; y para alcanzar este objetivo ha querido desprestigiarlos acusándolos de abusivos.

La situación que enfrenta es muy parecida a la de los maestros del SNTE que, en la pasada campaña electoral, promovieron muy entusiasmados la candidatura de Monreal Ávila a la gubernatura y que ahora sufren el desprecio de quien entonces decía que “amor con amor se paga”.

A casi medio año de recibir la administración del estado, el ahora gobernador se encuentra extraviado en su manifiesta incapacidad para gobernar una entidad donde la pobreza de la mayoría de los habitantes, la carencia de recursos fiscales propios y la indiferencia de la Federación lo han llevado a centralizar presupuestos y decisiones políticas en el gobierno de Zacatecas.

El candidato a presidente municipal de Trancoso convenció a los votantes de que todo cambiaría cuando llegara a esta posición, pero igual que David Monreal, hoy está perdido porque, desde hace casi tres meses, le tienen tomado el palacio municipal debido a que los recortes de la Federación y la indiferencia del gobierno estatal le inmovilizaron la 4T que había prometido.

Además, en ese mismo lapso, Antonio Rocha no ha logrado destrabar el conflicto por su carencia de iniciativa, porque quienes lo echaron a la calle fueron cerca de 50 trabajadores que arbitrariamente corrió de sus empleos; y porque otro grupo social también ofendido reclama justicia en Plaza de Armas de Trancoso. 

Patricia Cordero Juárez, lideresa de los despedidos, insiste en dialogar con Rocha para solucionar el problema, el cual debe atenderse colectivamente y no en lo individual, como el alcalde pretende para obligarlos a abandonar su protesta. El reclamo enérgico de los trabajadores es el pago de siete quincenas que se les adeudan.

La insensibilidad política del alcalde morenista se evidencia en que los manifestantes deben sufrir el frío intenso y los riesgos de la inseguridad pública que prevalece en Zacatecas debido a los frecuentes enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada que dirimen sus disputas en esta entidad.

En Zacatecas se refleja a cabalidad la misma demagogia, ineptitud e irresponsabilidad que caracteriza al gobierno de AMLO en el nivel federal; todas las áreas, desarrollo social, economía, salud, educación y seguridad pública están abandonadas. Es el mismo discurso basado en el combate a la corrupción, la austeridad del gobierno y la ayuda a los pobres, que no es más que propaganda mentirosa y fraudulenta.

Los zacatecanos han observado cómo David Monreal Ávila copia los modales de AMLO, su habla pausada, sus gestos y responsabiliza de sus errores a gobiernos pasados para ocultar su incapacidad y justificar la falta de soluciones a los graves problemas de todo tipo que agobian a la sociedad zacatecana.