Antes de la pandemia de Covid-19, el estado de San Luis Potosí (SLP) tenía un rezago de 32 mil viviendas; el confinamiento sanitario y la crisis económica agravaron de manera alarmante la situación y el alza del desempleo, la pérdida de ingresos familiares y la inflación han dejado a muchos trabajadores sin la posibilidad de conseguirlas siquiera a crédito de largo plazo.

Además, las pocas casas construidas, en los últimos años se ubican en zonas muy alejadas; están hechas con materiales de mala calidad, su costo es muy elevado y muchas de las familias que habían conseguido un departamento a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) han tenido que abandonarlas por la pérdida de su empleo y el aumento en los pagos mensuales.

“Para que te atiendan en la delegación de Infonavit de San Luis Potosí, hay que llegar muy temprano, en la madrugada o un día antes, para alcanzar número de ficha”, denunció una de las afectadas del centenar de personas que hacía fila desde las cuatro de la mañana para solicitar el retiro de sus ahorros o la cancelación de sus créditos debido a la difícil situación económica que enfrentan por la falta de recursos y porque dan prioridad a los productos de la canasta básica, cuya alza fue muy superior al promedio del índice general de precios del 7.07 por ciento en 2021.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno estatal registró que más de cinco mil obreros fueron despedidos y, por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la entidad reveló que, en números redondos, hay más de 900 mil potosinos en condiciones de pobreza.

Ésta es otra de las causas de fondo, porque cientos de trabajadores retiran los ahorros de los Administradores de Fondo para el Retiro (Afores) o del Infonavit para paliar un poco su precaria economía familiar, o bien anulan su crédito de vivienda.

En esta situación se halla la señora Ernestina Bravo Sánchez, obrera de la zona industrial de San Luis Potosí capital, quien acudió a las instalaciones del Infonavit a cancelar los pagos de la vivienda que tenía a crédito, ya que le aumentaron de mil 500 a tres mil 800 la mensualidad y, por la pérdida de su empleo, ya no pagó dicha cuota, porque en su nuevo trabajo apenas obtiene cuatro mil 800 al mes.

“Vengo a cancelar el crédito de mi vivienda, ya no puedo pagar las mensualidades de la casa, estoy en la ruina, tengo empleo, pero con lo que me pagan no alcanzo para pagar la mensualidad y luego se van incrementando los pagos, ya quisiera para comer”, expuso ante una funcionaria de la delegación estatal de esa dependencia.

Si deja su vivienda de Infonavit, ¿a dónde se irá vivir? Se le inquirió.

“¿Pues a dónde? Me voy a la casa de mi hermana al Fraccionamiento Los Arbolitos. Ya me dejó un cuartito para vivir con mis dos hijas adolescentes y mi hijo, que va a la primaria. Allí vamos a vivir amontonados, porque mi hermana tiene a su esposo y sus hijos que ya están grandes. Y, pues, no hay de otra. Así tenemos que acostumbrarnos a vivir en medio de muchas limitaciones, pagar renta para mí es imposible porque apenas tengo para comer”.

De dos millones 822 mil 255 habitantes, un millón 207 mil potosinos viven en condición de pobreza, es decir el 42.8 por ciento. Además, en la entidad hay un índice de hacinamiento de 2.5 personas por habitación. El Coneval afirma que el 16.4 por ciento de la población –462 mil 849 potosinos– carece de vivienda de calidad.

Otro porcentaje elevado habita en vecindades que ofrecen cuartos a familias obreras con una renta mensual de entre mil 200 y mil 500 pesos. Otros miles de familias viven en chozas sobrepuestas en pisos de tierra y armadas con troncos de madera, láminas y techos de cartón que carecen de servicios de agua, drenaje y electricidad.

A decir de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las personas que viven en estas condiciones de pobreza están expuestas a transmitir ésta a sus hijos y nietos, ya que los niños y adolescentes no tienen posibilidades de estudio y reproducirán las condiciones de subdesarrollo personal.

Un documento del programa Un-Hábitat de la ONU revela que el hacinamiento no es un problema grave en los países desarrollados. En Canadá, por ejemplo, menos del uno por ciento de su población vive en habitaciones compartidas con más de tres personas, en contraste con los países de América Latina y el Caribe donde 49 millones viven hacinados.

Viviendas caras, estrechas y malas

En el último estudio sobre vivienda de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), consta que en San Luis Potosí hay un déficit aproximado de 32 mil viviendas, de las cuales entre 25 mil y 27 mil corresponden a la capital y su zona conurbada.

Gloria González, mercadóloga experta en flujos del mercado inmobiliario, afirma que los precios por metro cuadrado reportan un alza significativa, incluso compiten con algunas colonias de la Ciudad de México (CDMX), lo que representa un gran problema para la población de clase media de la entidad, cuyo salario mensual promedio, al cierre de 2020, era de siete mil 670 pesos, de acuerdo con datos del Banco BBVA.

Los ingresos laborales de San Luis Potosí se hallan debajo de la media nacional, razón por la que es sumamente difícil que las personas con más de 30 años de edad puedan adquirir una vivienda; y pese a que la mayoría se ubican en las áreas residenciales cercanas a la Zona Industrial –la delegación Pozos, entre otras– tienen precios de un millón y medio de pesos o más.

Sin embargo, el mercado inmobiliario ha ido a la baja debido a la pandemia de Covid-19, el desempleo, y el crecimiento de la informalidad, que de acuerdo con data.org, supera el 58 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en San Luis Potosí.

Luis Alvarado Moreno, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), informó que San Luis capital es la ciudad donde los predios destinados a la vivienda son 40 por ciento más caros que en la región del Bajío, que encarece aún más el costo final de una propiedad inmobiliaria.

La entidad se ubica en el noveno lugar nacional de precios por metro cuadrado. El Registro Único de Vivienda (RUV) consigna que la CDMX, Guerrero, Baja California, Quintana Roo, Baja California Sur y el Estado de México tienen las primeras posiciones. La zona metropolitana de la capital potosina, ubicada en el poniente, es la de más alta demanda.

“Un terreno ahí puede costar más de 20 mil pesos por metro cuadrado. En ciudades como Puebla, el metro cuadrado ubicado en su zona metropolitana cuesta en promedio tres mil 500 pesos”, reveló Alvarado Moreno, quien explicó que, en otras entidades, los predios de esas características se ofertan hasta en ocho mil pesos el metro cuadrado. “Estos factores impiden que los potosinos puedan acceder a una vivienda o predio en SLP”, puntualizó.

El presidente local de la Canadevi, Julián Ramírez Abella, comentó que la falta de proyectos habitacionales en la región mantiene en crisis al sector de construcción y que éste solo está generando 10 por ciento del total de empleos. Sin embargo, espera que el porcentaje aumente “una vez que se inicie la aprobación de más viviendas”.

Ramírez Abella afirmó que en SLP deberían construirse al menos 10 mil viviendas por año, con lo que se generarían 40 mil empleos.

Un proyecto fallido

Sin embargo, en la entidad no hay programas para la construcción de vivienda popular en ninguno de los tres niveles de gobierno –Federal, estatal y municipal– y el mismo Infonavit se encuentra inmovilizado.

Entre 2003 y 2009, durante el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, hubo un proyecto que se denominó Ciudad Satélite, ubicado en la región oriente de la capital para cubrir las necesidades de vivienda económica de la Zona Industrial; pero con el paso de los años se le abandonó y en ese asentamiento, hoy, solo 400 familias aceptaron instalar sus departamentos.

El proyecto original preveía la construcción de 30 mil viviendas que tendrían centros de salud, iglesias, espacios recreativos y centros comerciales; pero solo se construyeron cerca de seis mil viviendas debido a que el Gobierno Federal eliminó el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y redujo a cero el apoyo a la vivienda.

Ciudad Satélite se ubica a 20 kilómetros del área Metropolitana de SLP; no cuenta con seguridad pública ni servicios de alumbrado público, recolección de basura y de salud; por lo que, en casos de emergencia, sus habitantes deben trasladarse a la capital.

“Urge un hospital, una ambulancia. Ya han muerto varias personas porque la atención tarda de dos a tres horas en llegar. Estamos olvidados por nuestras autoridades, tenemos que pagar por el servicio privado de recolección de basura, así como el de alumbrado público, y ni hablar del pésimo servicio de agua potable. Hay mucha escasez y, para nosotros, cambiar de domicilio es casi imposible; las rentas son muy caras”, denunció Josué Olvera Ruiz, habitante de Ciudad Satélite.

Ramírez Abella, de la Canadevi, advirtió que “éste podría ser el momento para que alcance el nivel que se proyectó en los primeros años de este siglo, pues se trata de una reserva territorial destinada a trabajadores de bajos salarios, por lo que es muy importante que se retome este proyecto, ya que no hay oferta de Infonavit, del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), ni del Instituto de Vivienda del Estado (Invies)”.

El señor Josué Olvera agrega: “las pocas casas que se construyeron en esta zona presentaron fallas a unos seis meses de habitarlas. Las paredes se cuartearon rápidamente, pues los cimientos de construcción son frágiles; fueron construidas con block y sin castillos; y los espacios son muy reducidos, los servicios básicos son irregulares, existe continuo desabasto de agua, muchos se preguntarán: ¿pero porque siguen ahí? No tenemos un empleo bien remunerado, el costo de las viviendas es muy alto, tanto para comprar o rentar, ésta es nuestra única opción”.

Pero lo más dramático en Ciudad Satélite se presenta en las familias cuyos padres o madres perdieron sus empleos y han tenido que dejar sus viviendas porque no pueden pagar las mensualidades –cuyo precio aumentó mucho– y han tenido que habitar predios irregulares y sin servicios básicos porque no cuentan con parientes que les brinden asilo en la región.

Hoy, la crisis de vivienda que viven muchos potosinos contraviene lo que establece el Artículo 4° de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos: el derecho de toda familia a tener una vivienda digna y decorosa.