El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
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Es evidente la desigualdad, la discriminación y la injusticia que sufren las mujeres en México y, en general, en la sociedad capitalista; no hace falta estudiar mucho para enterarse de que esta desigualdad es histórica y que está íntimamente ligada a la división de la sociedad en clases y a la explotación que sufren las mayorías por parte de una clase minoritaria que se impone con la fuerza del Estado, es decir con la fuerza pública, el gobierno, las leyes y la ideología inculcada a todos desde la infancia. Al descubrir estas verdades es posible entender por qué el gobierno, que representa a la clase explotadora, no puede apoyar la lucha de los oprimidos o de algún grupo de ellos, por numeroso que sea; por ejemplo, la lucha de las mujeres por el respeto a sus derechos y la atención a sus demandas.
Aunque un gobierno capitalista presuma de ser democrático y partidario de la honestidad y la justicia, todas sus afirmaciones se convierten, en la práctica, en palabrería o, quizás, en buenas intenciones que no llegan a convertirse en realidades. Éste es el caso del gobierno actual, que un día prometió que sería el “sexenio de las mujeres” y contra el que muy pronto se organizaron los colectivos feministas porque lo identificaron como contrario a sus intereses y demandas, como un obstáculo en la lucha al estar dispuesto a emplear la represión contra los actos de protesta y protestas masivas del movimiento.
Todo esto contiene nuestro Reporte Especial de esta semana, que nos da a conocer la opinión de activistas y representantes de la lucha de las mujeres por la equidad de género, contra la violencia y los feminicidios que han aumentado a lo largo de este Siglo y que en este sexenio parecen escalar a pesar de las promesas del Presidente.
A través de las entrevistadas, diversos colectivos feministas manifiestan que no están dispuestos a retroceder a pesar de la pandemia, la represión, la sordera oficial o la etiqueta de “grupos de choque” y “grupos de conservadores” que les ha endilgado la más alta autoridad del gobierno mexicano. “Volveremos a la carga” dicen, al anunciar, con motivo del Día Internacional de la Mujer, las próximas protestas masivas, a las que invitan a participar a todas las mexicanas.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
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Escrito por Redacción