Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Como ya es costumbre, a propósito de la reunión anual del Foro Económico Mundial realizado cada año en el mes de enero en Davos, Suiza, Oxfam publicó un nuevo informe sobre la desigualdad extrema en el mundo. El documento, que lleva por título La ley del más rico, denuncia que el uno por ciento más rico del mundo acaparó más del 60 por ciento de la riqueza que se ha generado desde que inició la pandemia en 2020.
Ante tal despropósito, Oxfam hace un nuevo llamado a combatir la desigualdad extrema. En esta ocasión, el llamado se centra en cobrar impuestos a los más ricos y viene respaldado por una carta titulada Poner fin a la era de la riqueza extrema. Gravar a los ultra ricos, en la que más de 200 millonarios de 13 países diferentes piden encarecidamente se les cobren impuestos.
Detrás de esta carta están los “Millonarios Patriotas”, un grupo de multimillonarios, estadounidenses en su gran mayoría, que desde 2010 realizan una campaña de concientización sobre la urgente necesidad de pagar impuestos dirigida a los ricos con un ingreso de por lo menos un millón de dólares al año o con una riqueza valuada en cinco millones de dólares. El asunto es ya, en sus propias palabras, “un éxito mediático”. En efecto, la prensa nos ha sumido en una densa niebla ideológica que desvía nuestra mirada del problema de la desigualdad entre pobres y ricos, y en su lugar nos presenta el de la desigualdad entre los propios ricos, entre los multimillonarios y los billonarios, entre los herederos de Disney, Jeff Bezos y Elon Musk. No obstante, los planteamientos de los Millonarios Patriotas, que dicho sea de paso son claros y directos, nos dicen mucho del problema de la desigualdad extrema y, sobre todo, nos anuncian hasta dónde el sistema capitalista está dispuesto a ceder voluntariamente para enfrentarlo.
Los Millonarios Patriotas sostienen que la solución a los problemas de la sociedad está en los impuestos a los más ricos. En su diagnóstico, los problemas que la sociedad enfrenta son la inestabilidad política causadas por la pobreza y la desigualdad en el ingreso y la riqueza, y los riesgos que esa inestabilidad pone al buen funcionamiento de los negocios y a la posibilidad de unir fuerzas contra el cambio climático. El problema último, es pues, la extrema desigualdad. Sin embargo, la explicación a esa desigualdad, según ellos, está en que una élite, en la que se cuenta a unos diez billonarios, ha coptado el poder del Estado para asegurar el incremento estratosférico de sus riquezas, despreciando así los intereses de las mayorías, en los que los sufridos Millonarios Patriotas se cuentan. El reto es, nos dicen, aumentar el poder político de quienes se comprometan a: 1) fomentar una mayor representación política; 2) establecer un salario mínimo digno; y 3) implementar un sistema fiscal progresivo, entiéndase, gravar a los ricos.
Estas propuestas son pan con navaja. En la naturaleza del capitalista consolidado no está el hablar a medias tintas. El pragmatismo y los intereses de clase no lo abandonan cuando habla del interés común. Cuando pide acabar con la desigualdad extrema, en realidad solo busca combatir la riqueza extrema (tackle extreme wealth!, dice la carta). Cuando pide mayor representación política, la pide para la fracción de los millonetas que han quedado excluidos; el problema no es que haya millonarios, sino que haya millonarios que no aprovechen su dinero y poder político para luchar por el bien “común”. Cuando pide un salario mínimo digno lo que quiere es asegurarse un nivel estable de demanda agregada, y cuando pide que le cobren impuestos es porque, como personas de negocios, entienden mejor que los políticos la urgente necesidad e importancia de una inversión pública constante y elevada. Y, finalmente, cuando pide estabilidad política, lo que realmente quiere es mantener la desigualdad económica en niveles manejables, de modo que el malestar entre los pobres no ponga en peligro el funcionamiento del sistema capitalista, y con él, su existencia misma como clase. Impuestos u horquillas (Taxes or Pitchforks), el título de la primera carta enviada en 2020, no deja lugar a malinterpretaciones.
Los Millonarios Patriotas han entendido que la filantropía y la teoría del goteo se han vuelto inservibles para defender el statu quo, que resultan incluso impresentables por su falsedad. Ven en los impuestos la vía rápida y conveniente para recomprar su legitimidad y esperan con ello el reconocimiento público de la estructura de clases imperante. Están dispuestos a enfrentarse a unos cuantos billonarios, y a invertir parte de su riqueza en el “bien común”, con tal de no dejar de ser millonarios. Están realmente preocupados, pero no por la desigualdad extrema, sino por el descontento y la polarización. Hablan del bien público, en beneficio de todos, pero no tocan en absoluto la explotación del trabajo asalariado, de donde brota la ganancia del capitalista. Sí, impuestos a los ricos, pero no en lugar de, sino además de salarios y empleo dignos.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Tania Rojas
Maestra en Economía por El Colegio de México. Estudia un doctorado en Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, en EE.UU.