Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) no sólo acosan sistemáticamente a los comerciantes ambulantes, sino que además, los agreden y extorsionan por sumas de dinero mayores a las que ganan con sus ventas que apenas les permiten sobrevivir.

Un grupo de comerciantes otomíes denunció a Tarin Daniela Muñoz Zúñiga, Directora General de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública (PAOVP) y a Krystian Méndez Salvatorio, Director de Ordenamientos y Seguimiento al Comercio en Vía Pública (OSCVP).

En los últimos meses, estos funcionarios públicos del gobierno morenista de la CDMX ordenaron operativos de desalojo contra los comerciantes ambulantes que trabajan en Paseo de la Reforma; durante los operativos la policía incluso golpeó a sus hijos menores de edad.

En entrevista con buzos, Alejandra Toribio de Jesús, Diana Quintana Toribio y Aralia Quintana Toribio, integrantes de la etnia otomí, denunciaron el hostigamiento sufrido un día antes por el gobierno capitalino.

Señalaron, además, que son objeto de discriminación, ya que a otros grupos de comerciantes sí los dejan trabajar en esas áreas porque pagan las cantidades elevadas de dinero que les piden semanalmente, y que siempre han procedido así.

“Antes, a nosotros nos dejaban ‘torear’, aunque no nos garantizaban que no nos quitarían la mercancía, podíamos estar en ratos”; pero la situación cambió cuando llegaron Tarin Daniela y Krystian, y el personal a su servicio empezó a extorsionarlas.

“Primero nos pedían dos mil pesos a la semana; luego subieron a dos mil 500 pesos y después pidieron cinco mil pesos a la semana. Hicieron esto porque otras organizaciones y compañeros han accedido a pagar esas cantidades”, lamentó una de las comerciantes.

La trabajadora informal explicó que, para llevar algo de dinero a sus hogares, ella y otros ambulantes se ven obligados a pagar cuotas que rebasan con mucho las escasas ganancias que obtienen en sus ventas.

“No pedimos que nos mantenga el gobierno; simplemente estamos pidiendo y exigimos que nos concedan la tolerancia necesaria para que nosotros y nuestros compañeros trabajemos y que no nos quiten nuestras mercancías; pues a veces hay que esperar hasta tres semanas para que nos las devuelvan”, reveló por su parte Alejandra Toribio.

Esta comerciante denunció que el gobierno de la CDMX les niega la oportunidad de trabajar porque son indígenas y “muchas veces por no saber expresarnos; lamentablemente no tuvimos la misma oportunidad de salir adelante y sobresalir; pero buscamos la manera más adecuada de dirigirnos a ellos”, dijo.

Diana Quintana responsabilizó a Tarin Muñoz Zúñiga y Krystian Méndez Salvatorio de las humillaciones que diariamente padecen; y advirtió que han solicitado la instalación de mesas de diálogo para pedir soluciones y, sobre todo, tolerancia hacia su única fuente de ingresos, pues la mayoría “somos madres solteras y de ahí sale para poder darle de comer a nuestros hijos”.

En la misma situación se hallan decenas de miles de mexicanas que diariamente salen a las calles a obtener honestamente los ingresos indispensables para sus familias y enfrentan la hostilidad, la agresividad, la discriminación y las extorsiones de las autoridades. Muchas de estas trabajadoras son indígenas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que las personas que trabajan en la informalidad en México suman casi 32 millones; y que además se ven obligadas a enfrentar las inclemencias del tiempo, espacios reducidos, ventas bajas, ingresos ínfimos, humillaciones, robos de delincuentes comunes y extorsiones de delincuentes organizados.

¡Y todo por ser madres solteras desde muy jóvenes, tener pocos estudios y verse en la necesidad de proveer a sus familias!

Los operativos

En noviembre de 2023, la PAOVP y la OSCVP decomisaron 13 carritos a los comerciantes informales en áreas del Paseo de la Reforma; únicamente han regresado dos, pero sin mercancías y con el agravante de que han incrementado el hostigamiento contra los vendedores ambulantes.

Entre los productos decomisados hay frituras, golosinas, frutas y artesanías; y quienes las quitan, “nos han dicho que tienen órdenes directas de Tarin Daniela y Krystian de levantarnos porque a ellos no les gusta que pidamos respeto, que ‘no merecemos’, según los funcionarios; porque somos de un pueblo y ni nos entienden lo que hablamos.

“Siempre nos han discriminado y hasta nos han sacado de su oficina cuando hemos ido a pedir audiencia o una mesa de diálogo; se aprovecha del poder que tiene; y lo único que pedimos es que tenga un poco de empatía para que podamos trabajar.

“Queremos que la directora general Tarin Daniela nos dé la oportunidad de trabajar; pues a final de cuentas todos somos iguales. Sólo que ellos tuvieron oportunidad de estudiar, que nosotros no tuvimos y no les estamos pidiendo las cosas gratis. Lo que pedimos es oportunidad de trabajar”, demandó una de las entrevistadas por este semanario.

Las hermanas Toribio aclaran que ellas no trabajan en el comercio informal por gusto, sino por necesidad, razón por la que les duele más el trato que reciben, dentro del que destacan las humillaciones y agresiones físicas que a veces son peores que las destinadas a los delincuentes.

 “Los policías pasan, ven a los delincuentes y no les hacen nada. En cambio, a nosotros nos humillan y discriminan cuando únicamente queremos trabajar honradamente, porque muchas de las personas que trabajan como comerciantes informales son abogados o doctores”, apunta una de las Toribio.

Denunciaron también que Tarin Daniela y Krystian han ordenado al personal a su servicio que las quiten de las bocacalles, específicamente a ellas porque no pertenecen a las organizaciones concedidas por las autoridades del gobierno de la CDMX y que pagan las extorsiones de cinco mil pesos semanales.

En una ocasión hablaron con Tarin Daniela sobre estos pagos ilícitos y ella les dijo que levantaran una denuncia. Pero después que hicieron la denuncia y le dieron los números del expediente, no pasó nada y, por el contrario, arreció el hostigamiento físico al grado de que los policías les advirtieron que “la situación ya era personal”.

Este hecho las ha llevado a concluir que les ha ido peor por alzar la voz y sólo por pedir “que nos den una tolerancia. No somos las únicas. Son varios compañeros que también tienen personas de la tercera edad, hijos que mantener, y no lo decimos para causar lástima. Queremos que nos den la oportunidad de salir adelante para sostener a nuestras familias”, insistió una de las afectadas.

El gobierno capitalino miente 

Las integrantes de la etnia otomí, al igual que los vendedores ambulantes de otras áreas de la alcaldía Cuauhtémoc, reportaron a buzos que el gobierno morenista de la CDMX miente cuando afirma que se dedica a servir “primero a los pobres”, ya que, en lugar de apoyarlos en sus labores de sobrevivencia, los obstaculiza, les niega permisos, los agrede, discrimina y los extorsiona.

Pero, además, el gobierno capitalino los coacciona con la promesa de no realizar tales acciones represivas si participan en mítines y marchas a favor de los candidatos de Morena; para demostrarlo deben pasar lista, pero si incumplen, les quitan sus lugares y a los que no asisten les impiden trabajar durante varios meses, en el mejor de los casos.

“Ellos cuentan que nosotros no podemos trabajar porque no pagamos impuestos; pero sí los pagamos porque todos los servicios públicos de nuestras casas y las mercancías que compramos en las tiendas llevan impuestos”, apuntaron.

Explicaron que el gobierno morenista reprueba el “aspiracionismo” en las personas porque únicamente le importa que se conformen con las migajas de sus programas sociales, los cuales se sustentan con los impuestos de los ciudadanos; y sus montos son tan bajos que no resuelven los gastos de una casa.

“El mismo gobierno hace más difícil que nuestros hijos salgan adelante, se pongan a estudiar y no caigan en alguna adicción hacia las drogas o al alcohol; ya que con su idea de quitarles una aspiración o una ambición para ser mejores como individuos o tener algo, puede llevarlos a la desilusión.

“Parece que el gobierno prefiere una persona que robe, que viole, que haga feminicidios, porque el Presidente dice abrazos no balazos; cuando eso debiera ser al revés y que nuestros hijos recibieran los abrazos. El país está como está porque no hay un cambio, sigue siendo igual o hasta peor porque el mismo gobierno pone a estas personas que a final de cuentas nos hostigan para que les demos dinero”, denunciaron.

Confiaron en que la actitud de las autoridades capitalinas no tenga que ver con su condición de indígenas, ni por su afiliación social o política; ya que con frecuencia su hostilidad está destinada a obligarlos a afiliarse a las organizaciones morenistas, a las que sí toleran y “no les levantan ni quitan sus mercancías”.

Denunciaron que Krystian Méndez se ha burlado de ellas; que cuando han ido a las bodegas a que les regresen las mercancías decomisadas, en lugar de devolvérselas, les ha dicho que no lo hará y “que le hagan como quieran, porque para eso él es el jefe y tiene el poder”. De estas burlas hay testimonios en video.

Las ambulantes otomíes plantean igualmente que para ellas resulta difícil trabajar cuando tienen hijos pequeños, a quienes deben llevar a las calles donde están expuestos a extravíos, accidentes viales, contaminación ambiental y lesiones derivadas de la persecución policial del gobierno morenista en la CDMX, ya que están imposibilitadas para encargarlos en guarderías oficiales o privadas.

Un estudio del grupo Transfer Pricing International reveló que, en México, la informalidad aporta 24 de cada 100 pesos generados en la economía nacional, cifra equivalente a casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB); y que en 2023 ocupó a alrededor de 32 millones de personas, el 55 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).

Además agrega que debido al cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) el comercio informal aumentará en los próximos años, afectará a los salarios formales y propiciará que en el país haya cada vez menos trabajadores con ingresos fijos, servicios médicos y seguridad social.

Willebaldo Gómez, catedrático de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que a la economía nacional mexicana le resulta imposible generar más empleos formales porque el incremento de productividad no se asocia a la generación de plazas.

En entrevista radiofónica con Grupo Imagen aseguró que la población joven del país desconoce los derechos laborales, entre ellos el de la afiliación sindical. “A pesar de haber una reforma laboral importante, los trabajadores no reflejan esta tasa de afiliación”, detalló.

Sin embargo, el Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió que en febrero pasado se crearon 156 mil 403 empleos (0.7 por ciento más) y que sumados a los de enero, en el primer bimestre de 2024 se acumularon 265 mil 424 nuevas plazas de trabajo (2.9 por ciento), por lo que en México se calcula que hay 22 millones 289 mil 810 empleos formales.

Pero estas cifras están muy lejos de suplir los 384 mil 882 empleos que según los analistas independientes se perdieron en diciembre de 2023 y de revertir el hecho de que el 55 por ciento de la PEA se encuentre en la informalidad.

Cifras del Inegi revelan que, en enero, la población ocupada en la informalidad fue de 31.9 millones, 160 mil 907 personas más que las computadas en diciembre de 2023. En enero de 2024, la tasa de informalidad laboral fue de 54.1 por ciento de la PEA; 53.1 por ciento son hombres y 55.5 por ciento mujeres.

En enero de este año se perdieron 395 mil 515 plazas en el sector formal, cifra equivalente al 27.03 de la PEA. Las mujeres fueron las más afectadas, ya que abandonaron 457 mil 28 empleos. Los estados con mejor economía formal fueron Campeche, con 40.4 por ciento; seguido de Quintana Roo, con 16.4; y Oaxaca, con 13.2 por ciento. Las principales entidades con aumento de empleos informales fueron Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Guerrero.

Mónica Flores, presidenta de Manpower Group, la empresa de colocación de puestos de trabajo, ha propuesto la eliminación urgente de las barreras que aún existen para integrar a las mujeres a los trabajos formales.

Manpower afirma que la sobrecarga del trabajo doméstico es el principal obstáculo y únicamente el siete por ciento de la población femenina busca trabajo presencial, el ocho por ciento aspira a conseguir un empleo a distancia y el 85 por ciento ansía un empleo formal con horarios flexibles para equilibrar las labores del hogar y las externas.

Por ello es importante que el gobierno impulse las negociaciones entre los trabajadores y los empresarios para generar mayor crecimiento con base en el reforzamiento de la economía formal.

Cifras alegres y mentirosas

Cuando Claudia Sheinbaum Pardo dejó la Jefatura de gobierno de la CDMX para buscar la candidatura presidencial, declaró: “recuperamos todos los empleos formales perdidos durante la pandemia y generamos cerca de 78 mil empleos adicionales. Logramos el máximo histórico en población ocupada de 4.7 millones al tercer trimestre de 2023”.

La morenista afirmó que desde el segundo semestre de 2022 y durante los primeros meses de 2023, la economía de la CDMX había crecido 3.8 por ciento gracias a las inversiones en el sector turístico, manufacturero, comercio, educativo y hospitalario; y que el empleo formal también aumentó.

Sin embargo, el IMSS la desmintió porque, con información oficial reveló que, en ambos periodos, la capital de México y el estado de Veracruz fueron las entidades del país más rezagadas en trabajos formales.

En la misma mentira incurrió su sucesor Martí Batres Guadarrama cuando informó, en enero pasado, que la CDMX se había colocado como la entidad federativa con más empleados formales y menos informales, porque tres millones 450 mil trabajadores capitalinos estaban afiliados en el IMSS.

Pero hasta el 11 de marzo de 2024, en el mismo portal de Internet del gobierno de la CDMX, podía leerse que los empleos formales recientemente creados sólo habían sido 16 mil 488, que en diciembre se perdieron 51 mil 214; en enero hubo 23 mil 329 menos; y que al 31 de diciembre, la tasa de informalidad era de 45.8 por ciento.

Las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) del Inegi evidenciaron, además, que en febrero de este año el comercio callejero en la Capital de la República alcanzó su mayor nivel de crecimiento desde 2005, con un alza de 3.9 por ciento.