Los gobiernos o universidades lo ven como una “inversión para desarrollar la ciencia” y no como carrera profesional autofinanciable.
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Por irrumpir violentamente en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), esta casa de estudios interpuso una demanda de juicio político contra del Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXV Legislatura.
El centro universitario será representado por el despacho jurídico Gabriel Regino, mismo que presentó la solicitud el 4 de marzo de 2024 que insta a las autoridades correspondientes a llevar a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer la actuación y determinar la responsabilidad del funcionario público demandado.
La acción legal surgió a consecuencia del pasado 5 de febrero cuando al campus ingresó de manera violenta la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en colaboración con la Fiscalía Regional del Estado de México en Texcoco, la Policía de Investigación del Estado de México y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también estatal.
La UACh denunció que los agentes policiacos que ingresar a esta casa de estudios portaban armas de alto calibre, lo que generó temor y crisis de pánico entre la comunidad estudiantil. Asimismo, indicaron que las autoridades involucradas causaron daños al patrimonio artístico de la Universidad al irrumpir por la fuerza en el Edificio de la Rectoría.
El Honorable Consejo Universitario de la UACh decidió tomar medidas legales y aclarar los hechos que han pasado inadvertidos, esto durante la Sesión Extraordinaria Número 1231, celebrada el 6 de febrero de 2024, y en cumplimiento del acuerdo Número 1231-4. Además, puntualizó que la demanda se fundamenta en la presunta violación de los derechos humanos de la comunidad universitaria y del principio de autonomía de la UACh, conforme a lo establecido en los artículos 108, 109, fracción I y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, 6°, 7°, 8°, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como los numerales 130, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; además de los artículos 213, 214, fracción VI, 215 y 216 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Asimismo, la UACh destacó que en ningún momento se ha demostrado que los uniformados contaran con algún mandato que les permitiera ingresar al recinto educativo, y mucho menos se ha señalado qué autoridad autorizó dicho ingreso.
Finalmente, insistió en que este centro del saber es un espacio donde se fomenta el pensamiento crítico, la libre expresión, la investigación científica, el debate académico y, por supuesto, la integridad de todo su alumnado y trabajadores académicos y administrativos.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.