Las entidades que concentran la mayor parte de esta población son: Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo.
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Fuente: X de Ofelia Angulo, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX, en la entrega de recursos del Programa La Escuela es Nuestra.
Con el programa federal La Escuela Es Nuestra, más de 44 mil centros educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria han recibido bolsas presupuestales que van desde los 90 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil, hasta el medio millón de pesos; sin embargo, no existe una ruta de rendición de cuentas a las que se encuentren obligados tanto padres de familia como autoridades escolares.
En la publicación titulada “Falta de control, opacidad y obras de baja calidad, las marcas de La Escuela Es Nuestra”, de Daniel Flores, Reporte Índigo confirmó el “desfalco”, luego de enviar una decena de solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia que afirmó, no cuenta con protocolos para garantizar “el buen gasto de los recursos públicos que se entregan a los planteles escolares que solicitan el apoyo económico por medio de los comités de padres de familia que se conforman”.
El programa tiene como propósito subsanar las necesidades de las escuelas con el mejoramiento de infraestructura, equipamiento o remodelaciones de áreas que lo ameriten; pero en la práctica, publicó el medio informativo que “se han cometido diversas irregularidades como obras mal ejecutadas y construcciones a sobreprecio”.
De acuerdo con las reglas de operación del programa, cada escuela conforma un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) con padres de familia, una vez que se aprueba el recurso para la escuela, se deposita el recurso en una tarjeta electrónica, cuyo titular es un padre de familia designado. Asimismo, se elige a una persona ejecutora encargada de decidir cómo se gasta el dinero, el cual debe transparentarse en su totalidad; sin embargo, los padres de familia suelen exhibir sólo fotografías y algunas facturas en un tablero de la escuela, a la vista de todos; todo ello, sin una consecuencia ya que no existe una norma que los obligue a transparentar las acciones que tomaron referente al presupuesto.
Como ejemplo, se consideró al preescolar “Galación Gómez”, ubicado en la colonia Peralvillo de la Ciudad de México, el cual luce como un establecimiento deteriorado y con problemas de mantenimiento, pese a que ha sido beneficiado con un total de 85 mil pesos en tres años, mismos que se emplearon en la colocación de pisos para aulas, que, a decir de los padres de familia, dichos trabajos están mal hechos y fueron a un sobrecosto.
Por medio de las solicitudes 330026023005622 y 3300260230056255 hechas por el medio digital Reporte Índigo a la Unidad de Transparencia y la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las dependencias contestaron que no hay información disponible que permita dar a conocer a detalle en qué se emplean los recursos “ya que carecen de mecanismos de seguimiento para rastrear este dinero”.
CEAP destinan presupuesto en tareas de menor prioridad
El director de la Escuela Secundaria Técnica, Industrial y Comercial (ESTIC) 97 José María Velasco, ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), Orlando Daniel Gómez Chávez, manifestó que el programa “La Escuela Es Nuestra”, representa una oportunidad para mejorar los centros educativos; sin embargo, carece de regulación y control.
Señaló que aún existen cientos de planteles que carecen de lo más básico para funcionar como una cisterna, instalación eléctrica, aulas y sanitarios; necesidades que podrían cubrirse con los recursos del programa federal; pero insistió, los CEAP muchas veces no se ponen de acuerdo y terminan erogando el presupuesto asignado en tareas de menor prioridad.
“Al llegar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la educación tendría un gran impulso; y que los padres se encargarían de realizar las mejoras en las escuelas. Hasta ahí íbamos bien; pero, en los hechos, el recurso tarda en llegar, los comités de padres de familia no logran ponerse de acuerdo y cada institución tiene necesidades distintas. Por ejemplo, unos quieren pintar la fachada, cuando urge una cisterna… obras básicas que dificultan nuestra labor; porque en lugar de reforzar un plan educativo, nos vemos obligados a estar preocupados y resolviendo situaciones como el suministro de agua”, comentó en entrevista para buzos.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.