Después de aprobada la absurda y abusiva reforma judicial promovida por López Obrador y Morena, en el contexto de su implementación, se han dado manifestaciones y actos que profundizan la crisis de justicia en la que ya nos encontramos, por ello debemos reflexionar por su gravedad. 

Varios jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, primeros afectados por la reforma judicial pues serán removidos de sus cargos, unos en 2025 y otros en 2027, impugnaron dicha reforma con los medios que el sistema jurídico contempla para defender sus derechos laborales y la independencia judicial que se debe garantizar a los juzgadores, entre otras acciones, tramitaron juicios de amparo de los cuales derivaron suspensiones dictadas por los jueces de distrito que conocen de los mismos, y a través de las que se ordenaba a las autoridades involucradas abstenerse de realizar ciertos actos hasta en tanto se resuelvan dichos juicios, tales como frenar la discusión de la reforma judicial en el Congreso de la Unión; no publicarla en el Diario Oficial de la Federación una vez aprobada, por parte del Presidente de la República; o que el Consejo de la Judicatura Federal se abstuviera de entregar la convocatoria para la elección de juzgadores y las listas de cargos vacantes para la famosa tómbola. Pero, como es conocido, ninguna de estas suspensiones (que suman más de 70) dictadas por jueces con facultades para ello, en juicios absolutamente legales, fueron acatadas ni por el Congreso de la Unión, ni por la Presidencia de la República, incluso ni siquiera por el propio Consejo de la Judicatura Federal (órgano que se encarga de la administración del Poder Judicial de la Federación) que, en un acto ilegal por decir lo menos, organizó una votación para consultar a sus miembros si se acataba o no la suspensión de amparo que ordenaba no enviar las listas antes mencionadas al Senado de la República.

El incumplimiento de las suspensiones de amparo por parte de dichas autoridades es gravísimo, pues atenta contra la eficacia del juicio de amparo, mecanismo fundamental para que los ciudadanos nos defendamos de los abusos del poder; pero también implica la ruptura del orden legal y constitucional del país. Afirmamos esto porque, independientemente de lo que opinemos sobre la reforma judicial o de que las suspensiones se apeguen a derecho, no se puede admitir que el cumplimiento de éstas se deje a la voluntad de las autoridades a las que se dirigen, pues hasta hoy son obligatorias y se deben cumplir sin más. En caso de no estar de acuerdo, los obligados deben impugnar dichas determinaciones a través de los recursos legales que se prevén en la ley y lograr que se revoquen, pero de ninguna manera es aceptable que sólo porque no se comparta el criterio del juez o una supuesta superioridad moral, se dejen de observar. Precisamente para salvaguardar el respeto irrestricto a las resoluciones judiciales y preservar el orden jurídico y social, nuestro sistema jurídico establece sanciones para quienes incumplan con las mismas, por ejemplo, la Ley de Amparo en su artículo 262, fracción III, señala que se castigará desde con tres hasta nueve años de prisión, destitución del cargo e inhabilitación, a los funcionarios públicos que no obedezcan o incumplan lo que se ordena en una suspensión de amparo, una vez notificada.

Nuestro país se está adentrando rápidamente en una crisis de justicia que, más temprano que tarde, nos afectará a todos, por el desmantelamiento del Poder Judicial y sus implicaciones: jueces puestos a modo por el poder en turno, manipulables, fácilmente corrompibles y poco preparados para desarrollar su labor; y porque corremos el riesgo de enfrentarnos a que, cuando nos beneficie alguna resolución judicial, sea una suspensión de amparo o una sentencia, los funcionarios públicos, las fiscalías, las policías o, incluso, nuestra contraparte, no la obedezcan argumentando que, desde su punto de vista, es equivocada. A esta situación nos están conduciendo los actos irresponsables del gobierno morenista y sus funcionarios afines, quienes ignoran resoluciones judiciales y llaman a otros a hacer lo mismo, lo cual nos conducirá a un México donde no rija el Estado de Derecho, sino la ley de la selva y la justicia por propia mano, lo cual está prohibido por nuestra Constitución y no le conviene a nadie, ni siquiera a quienes hoy aplauden dichos comportamientos. De ese tamaño es la crisis que, con su arbitrariedad, ambición de poder, necedad e ignorancia, fomentan quienes hoy nos gobiernan.