Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las fuerzas armadas de México realizaron 267 funciones civiles adicionales a las asignadas por la Constitución, revela el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización en México, de la asociación civil Causa en Común. 

El informe de Causa en Común (CC) detalla que entre las tareas burocráticas más relevantes de los efectivos militares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) destacaron la administración del Tren Maya y varios puertos marítimos y aeropuertos; la operación de una aerolínea comercial (Compañía Mexicana de Aviación), el Instituto Nacional de Migración (INM); los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y varias oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

La investigación incluye al menos 30 empresas mixtas con inversión estatal mayoritaria en esta lista, creadas durante el sexenio 2018-2024, en cuya titularidad el Presidente designó a militares. 

También destaca que, durante el sexenio pasado, el presupuesto destinado a las fuerzas armadas federales aumentó a los “máximos históricos” y su gasto contrastó abismalmente con el dedicado a las policías municipales que recibieron incrementos mínimos y recortes en muchos casos. 

“Para 2024, a la Guardia Nacional (GN) le aprobaron 67 mil 526 millones de pesos (mdp); 247 mil 551 millones a la Sedena y 68 mil 596 mdp a la Semar. En conjunto, los presupuestos para las fuerzas armadas alcanzaron 383 mil 673 mdp en 2024, colocándose como el tercer presupuesto más importante, sólo por debajo de la Secretaría del Bienestar y Educación Pública”, precisa el informe. 

El documento de Causa en Común aclaró que estos incrementos contrastan notoriamente con los resultados de las labores de seguridad realizadas por los efectivos militares; ya que, según el último Censo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se reportó que la GN sólo realizó dos mil 814 detenciones por “presunta comisión de delitos” en 2022. 

Desde su fundación y hasta 2022, la GN estuvo integrada por 128 mil 233 efectivos, de los cuales 76 mil 400 provenían de la Sedena y 14 mil 541 de la Semar; es decir, el 71 por ciento de la corporación era militar. 

“Con la reforma que militariza la seguridad pública, las violaciones a derechos humanos por la GN continuarán, simplemente porque las fuerzas armadas no están preparadas para actuar con los ciudadanos; tienen una mentalidad completamente diferente debido a su preparación militar y no civil”, destacó el pasado 25 de septiembre María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, cuando difundió un informe desglosado. 

Eruviel Tirado, coordinador del Diplomado Seguridad Nacional en México, insistió en que los desafíos del Siglo XXI, impartidos en la Universidad Iberoamericana, reveló, en fecha reciente, que “los cambios constitucionales aprobados ahora van más allá de lo relativo a la GN, liquidan la previsión de acotar el intervencionismo militar al ampliarlo a cualquier ámbito ajeno a las misiones castrenses al permitir su actuación en cualquier actividad prevista por las leyes. Esto abre la puerta al uso extenso y abusivo de las fuerzas armadas en cualquier ámbito de gobierno de cualquier nivel”. 

Sofía Rosales Atilano, de la iniciativa Seguridad Ciudadana: la vía civil, también de la Universidad Iberoamericana, señaló que la militarización de la seguridad pública puede afectar desproporcionalmente a las comunidades más vulnerables “ya que pueden convertirse en zonas de conflicto y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales. Esto puede exacerbar la inseguridad en áreas ya afectadas por la pobreza”. 

También pronosticó: “la militarización a veces se efectúa a expensas de la inversión en servicios sociales, como educación, atención médica y desarrollo comunitario. Las comunidades empobrecidas a menudo dependen en gran medida de estos servicios, por lo que su falta puede empeorar la situación económica y social. 

“Adicionalmente, la militarización puede plantear cuestionamientos en cuanto a los derechos humanos, como la libertad de movimiento y el derecho a un juicio justo. Estos problemas pueden afectar de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, ya que pueden tener menos recursos para enfrentar problemas legales y obtener justicia”. 

Guardia militar, no civil 

En el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), AMLO se mostró como un férreo opositor al empleo del Ejército para combatir al crimen organizado, con el argumento de que “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia”, en su propia administración se convirtió en el teórico de Estado más convencido de que los militares son más eficientes y honestos que los burócratas de oficina y escritorio. 

Con base en esa idea, militarizó casi 250 de las tareas civiles pertenecientes a su administración y se empeñó en esta política hasta el último día de su gobierno, como lo demuestra la aprobación en el Congreso de la reforma constitucional que dejó a la GN en manos de los militares. 

Este avance del militarismo fue aprobado por los diputados y senadores de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), que cuentan con mayoría calificada en ambas cámaras y avalaron la reforma constitucional por la que el cuerpo de seguridad civil pasa a depender de la Sedena.  

AMLO firmó dos decretos el pasado 30 de septiembre; uno correspondiente al funcionamiento de los pueblos indígenas y otro relativo a la GN, que se define como una institución creada para “garantizar la seguridad pública”. 

Esta reforma fue aprobada en una sola semana, sin previo análisis ni debates: el 20 de septiembre por la Cámara de Diputados, el 25 del mismo mes por el Senado y para el 27 de septiembre ya había sido avalada por 17 congresos estatales y declarada constitucional. 

La GN fue creada en 2019 para sustituir a la Policía Federal; inicialmente estuvo conformada por civiles, pero a iniciativa del Presidente de la República se incorporaron elementos del Ejército y de la Semar, aunque su mando estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

La Sedena asumió el control de la GN el pasado 1° de octubre; durante la ceremonia de traslado, el nuevo titular de la institución, Ricardo Trevilla, advirtió que ésta seguirá el proceso de integración conforme al mandato de la reforma aprobada; y sus efectivos serán “aliados estratégicos de los proyectos prioritarios del gobierno”. 

Durante sus cinco años de existencia, la GN no logró abatir los altos índices de violencia delictiva en el país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que entre el 1° de diciembre de 2018 y el mes de agosto de 2024 hubo 196 mil 505 homicidios y cinco mil 227 feminicidios, que sumaron 201 mil 772 muertes violentas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 157 mil 158 víctimas y en el de Felipe Calderón, 121 mil 613. 

El pasado 14 de mayo, la asociación civil A Dónde Van los Desaparecidos informó que, hasta ese momento del sexenio de AMLO se habían registrado 50 mil 278 desapariciones, de acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL). En el gobierno de Calderón hubo 26 mil 121 desapariciones y en el de Peña Nieto, 40 mil 180 víctimas. 

“Fue en junio de 2023 cuando el Gobierno Federal anunció un nuevo censo que permitiría la actualización de la cifra de personas desaparecidas con el propósito de desmentir que éste es el sexenio con mayor número de víctimas; en diciembre fue presentado con el nombre de Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada”, comunicó la asociación civil. Una vez actualizado el registro, se reportaron 48 mil 870 víctimas. 

Mayor poder político a la Sedena 

En 2022, AMLO introdujo una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión en la que propuso, entre otros aspectos, ampliar hasta 2028 el plazo para que las fuerzas armadas comenzaran a realizar tareas de seguridad pública. En este cambio se hallaba implícito el propósito de entregar la GN a la Sedena. 

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CDHMAP) difundió en 2023 la segunda edición de su Informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, en el que destacó la urgencia de reducir las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos castrenses. 

En apoyo, su propuesta reveló que, hasta el cuatro de julio de 2023, en la Unidad de Asuntos Internos de la GN, el número de los expedientes integrados por las infracciones cometidas por sus efectivos ascendía a 11 mil 186 y 449 de estas carpetas fueron redirigidas a los Consejos de Disciplina competentes para determinar la responsabilidad disciplinaria correspondiente; que en 320 “se dio vista al Órgano Interno de Control para deslindar la responsabilidad administrativa de los elementos involucrados; y en 261 se dio vista a las fiscalías competentes en casos penales”. 

La organización civil aclaró, sin embargo, que los expedientes no se refieren a las sanciones aplicadas a los perpetradores en ningún caso; esto significa que los controles internos de la GN “no están funcionando” y que en esta “naciente corporación continúan las inercias nocivas desarrolladas por la participación de las fuerzas armadas en seguridad”. 

El CDHMAP detalló además que, durante ese año, se amplió la intervención militar en diversas investigaciones y diligencias realizadas sin transparencia y con la “pasiva complacencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR)”. 

La asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señaló que la GN ya no es una institución civil, y que ahora se completará la militarización “total y permanente de la seguridad federal al dotar a la GN de un carácter militar en su mando, composición, entrenamiento y régimen disciplinario”. 

La militarización “total y permanente” comenzó en todo el país, resaltó MUCD, incluso antes de que se aprobara la reforma, porque los “militares no saben ni deben hacer prevención, investigación y persecución del delito”. 

La organización reveló, además, que la Sedena incrementó su poder político y económico, porque este año recibió un presupuesto de más de 400 mil mdp; y respecto al conjunto de 20 reformas que el Presidente envió al Congreso el pasado cinco de febrero, comentó lo siguiente en un comunicado: 

“En este (paquete), el mandatario presentó una iniciativa que modificó 12 artículos de la Constitución con los objetivos de poner a la GN bajo el mando y control total de la Sedena; reconocer a la GN formalmente como una nueva corporación de las Fuerzas Armadas permanentes; facultar al Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad de manera ordinaria; conceder la posibilidad de fuero militar a los guardias nacionales que cometan delitos y violaciones a derechos humanos y la eliminación a los últimos elementos civiles de la GN: los policías federales. 

“Una de nuestras principales preocupaciones es la reforma al Artículo 129° Constitucional, principal candado que limita la participación de las Fuezas Armadas en tareas ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz. La reforma permite que las corporaciones castrenses puedan participar en cualquier tarea establecida en la Constitución y otras leyes secundarias. Es decir, cualquier tarea estaría permitida, aunque no esté relacionada con la seguridad, lo que aceleraría el proceso de militarización del país, mismo que dieron cuenta los secretarios de la Defensa Nacional y Marina en el pasado desfile militar al enlistar las funciones que desempeñan, entre las cuales se encuentran la administración de empresas productivas, construcción y operación de aeropuertos, aduanas, puertos, etc.”. 

MUCD agregó que la reforma traerá otras afectaciones a los derechos humanos y a la democracia; ya que la militarización de la seguridad pública no ha contribuido a la pacificación del país, como lo evidencian las cifras oficiales. Además, ha obstaculizado los esfuerzos para fortalecer a los cuerpos policiacos y la implementación de estrategias de seguridad ciudadana. 

Aumentará también el riesgo de violaciones a los derechos humanos, particularmente de los grupos vulnerables, porque las corporaciones castrenses tendrán la facultad de investigar y perseguir delitos sin formación técnica, detalló la asociación civil.