Los tres primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podrían expresarse en el dicho mucho ruido y pocas nueces. Para los especialistas consultados por buzos, sus compromisos de combatir fervientemente la corrupción y la pobreza son un discurso de relumbrón que la realidad y la estadística desmienten a cada momento.

Las conferencias mañaneras del Presidente son la principal estrategia de su política para convencer al pueblo de México de que su gobierno y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), están cumpliendo sus compromisos de campaña. Sin embargo, en su análisis de contenido de las 713 ruedas de prensa realizadas hasta el 15 de octubre de 2021, el Taller de Comunicación Política Spin (TCP-S), contabilizó que el Presidente había dicho 64 mil 152 “afirmaciones no verdaderas”, es decir 90 mentiras diarias.

El analista político y especialista en derecho, José Luis Espinosa Piña, comentó a este semanario que los tres primeros años de AMLO pueden sintetizarse con la expresión coloquial mucho ruido y pocas nueces… mucho discurso y pocos resultados, ya que gran parte de sus labores y el gasto público de su gobierno se han enfocado en tres obras: el aeropuerto Felipe Ángeles en la base área de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, mientras que los estados han estado recibiendo menos presupuesto federal y no pueden satisfacer las necesidades de su gente.

“Los municipios han obtenido menos dinero que nunca. Vemos la cancelación de los fideicomisos del Estado y eso es gravísimo. Al cancelarlos, por ejemplo, no hay apoyos para la investigación en las universidades. Tampoco hay dinero para el desarrollo de nuevas tecnologías, vemos desaparecer los fideicomisos que ayudaban a los pequeños y medianos empresarios y otros que atendían aspectos como salud, educación. Todos fueron cancelados”, concluyó Espinosa.

El viraje que ha impuesto al gasto público federal con base en su política de “austeridad”, que solo se aplica a los proyectos de obras públicas urbanas de beneficio social mayoritario, pero no a las tres megaobras presidenciales, ha implicado un grave retroceso en el bienestar de los mexicanos, empezando por la ausencia de un ataque real o de fondo a la pobreza que afecta a decenas de millones de personas.

En los dos primeros años del actual sexenio, por ejemplo, la pobreza se extendió a 3.8 millones de personas más, según el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cifra equivalente al dos por ciento, que elevó el porcentaje de pobres del 41.9 por ciento en 2018 al 43.9 por ciento en 2020 y el número de mexicanos en esta situación a 55.7 millones.

La pobreza extrema también creció, ya que pasó de 8.7 millones de personas en 2018 a 10.8 millones en 2020. El componente mayoritario de este estrato social está formado por los grupos indígenas y en las zonas urbanas aumentó del 36.8 al 40 por ciento. Las entidades con más pobreza extrema son Chiapas, con el 29 por ciento; Guerrero, con el 25.5; y Oaxaca, con el 20.6. En Quintana Roo se incrementó el 6.8 por ciento; en Tlaxcala, el 6.5; y en Yucatán el 4.8 por ciento.

El mayor aumento de la pobreza en general se registró en Quintana Roo, que pasó del 30.2 por ciento al 47.5 por ciento; Baja California Sur pasó del 18.6 al 27.6; Tlaxcala, del 51 al 59.3; y la Ciudad de México (CDMX), del 30 al 32.6 por ciento.

En el nivel nacional, la carencia en el acceso a servicios de salud aumentó del 16.2 al 28.2 por ciento; y la falta de alimentación suficiente, nutritiva y de calidad se incrementó del 0.3 al 22.5 por ciento; hoy, este factor negativo afecta a 28.6 millones de mexicanos.

En el análisis Las distintas caras de la pobreza, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), fechado el cinco de agosto de 2021, se reporta que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el que el actual gobierno sustituyó al Seguro Popular, representa un programa de salud fallido.

“Los datos muestran que, a pesar de un incremento real de 11 por ciento en el gasto público de salud, la nueva institución no logró absorber a los beneficiarios del Seguro Popular. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2018, el 42.1 por ciento de la población estaba afiliada al Seguro Popular y que, en 2020, solo el 26.9 por ciento tenía acceso al Insabi.

Pero éstas no son las únicas cifras alarmantes. En materia de economía, asegura Espinosa Piña, hay dos datos contundentes: “la inflación y la generación de empleo. Vemos que han decrecido los empleos. Simplemente al analizar cuánta gente ha sido dada de alta en el IMSS, vemos que los números son negativos. No hay inversión extranjera ni nacional y, por lo tanto, no se generan; ahí no ha dado resultados. Entonces, AMLO puede decir todo lo que quiera en sus mañaneras, pero esos dos datos hablan por sí mismos y anulan cualquier discurso”.

Sin embargo, las 90 mentiras diarias que en promedio dice el Presidente no pueden comparar su impacto negativo –argumenta Espinosa Piña– que han tenido, desde diciembre de 2018, con el de los mensajes de rechazo a los inversionistas extranjeros, como fue el caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y su reciente iniciativa de reforma energética, con la que pretende devolver el control de los mercados a las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para los especialistas, sería una contrarreforma de la reforma energética que se expidió en 2013-2014, ya que pondría, bajo control de estas compañías del Estado mexicano, los mercados petrolero y eléctrico; anularía la apertura a las inversiones privadas nacionales y extranjeras e incumpliría lo dispuesto en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya primera versión se firmó en 1994, con el nombre de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y permite la libre inversión a las empresas de los tres países en esas materias.

Si se aprueba y se activa la mencionada reforma, México incumpliría el T-MEC en ambas ramas energéticas y abriría la puerta a juicios internacionales, han advertido los expertos en esta materia.

Han fallado sus programas sociales

La pobreza que afecta a muchos mexicanos ha aumentado en lugar de disminuir, a pesar de que el gobierno de AMLO ha implementado varios programas sociales de entrega monetaria directa. En su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, el Coneval asegura: “si bien existe una clara intención por construir un sistema de bienestar universal, los Programas Integrales de Bienestar se enfocan principalmente en las transferencias directas de apoyos económicos, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrentan las personas en las distintas etapas del curso de su vida”.

Es decir, el respaldo al ingreso de las personas y los hogares a través de transferencias directas no está logrando el objetivo de reducir el número de pobres en México; pues dichos programas carecen de un enfoque abocado a desarrollar las capacidades de sus beneficiarios para que posteriormente generen ingresos propios. Su impacto, en rigor, es limitado y no busca objetivos sociales más amplios.

Este organismo público también advierte que la pandemia generada por el Covid-19 podría incrementar, entre 8.9 y 9.8 millones, el número de las personas que se hallan en la Línea de Pobreza por Ingresos; y entre 6.1 y 10.7 millones las que tienen un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos.

En septiembre de 2020, el desempleo, otro flagelo permanente, afectaba al 44.5 por ciento de la población, un nivel diez por ciento más alto que el registrado en abril de ese mismo año. Con base en este dato, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (IIDE) asegura que la pandemia podría generar un aumento de la inseguridad alimentaria, “principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico, poniendo en riesgo los avances observados en la reducción de la carencia por acceso a la alimentación”.

Los programas destinados a atender a la niñez son asimismo objeto de la crítica especializada; porque, pese a que están orientados a garantizar el nivel de ingresos familiares ante contingencias específicas, su entrega monetaria directa los hace susceptibles de desviarse hacia otros gastos.

La población de adultos mayores, el mayor capital político de AMLO y al que hizo mayores “promesas”, tampoco ha sido beneficiada a cabalidad. Por ejemplo, el reporte del Coneval denuncia que “entre los Programas Integrales de Bienestar no fue posible identificar programas que cubran riesgos por enfermedad o discapacidad para la mejora del acceso a los servicios de atención médica para la población adulta mayor”.

Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) describe al actual sexenio como el más violento de la historia del país, con más de 100 mil muertos en homicidios dolosos, cifra 65 por ciento superior a la registrada en la gestión presidencial del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa y 150 por ciento mayor a la que alcanzó Enrique Peña Nieto.

Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al 30 de septiembre de 2021, registran 100 mil 344 muertes violentas. Según Francisco Rivas, quien encabeza el ONC, el gobierno de Morena carece de una estrategia de seguridad y no ha logrado la pacificación del país como prometió el Presidente, pese a la creación de la Guardia Nacional y la militarización de las operaciones orientadas a combatir la inseguridad pública.

Pero lo peor de estas prácticas es que quienes fueron sacados de sus cuarteles ahora son victimizados y amenazados por las fuerzas del crimen organizado. Una reciente afrenta fue el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a quienes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) privó de su libertad por la detención de Rosalinda ‘N’, esposa de Nemesio Oseguera, El Mencho, dirigente de esta organización delictiva.

Durante dos días, Zapopan, Jalisco, se convirtió en una zona de guerra cuando los militares realizaron un operativo continuo con el uso de helicópteros, carros blindados y comandos armados para buscar a los marinos, quienes finalmente fueron hallados con vida dos días después y por casualidad.

Este escenario, sin embargo, no es nuevo para la población mexicana; ya en agosto de 2020, con la detención de El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, se desató la violencia armada en Guanajuato, sobre todo en el municipio de Celaya, donde se registró la muerte de varias personas, así como de heridos y el incendio de locales y automóviles.

Un año antes de este suceso, la detención de Ovidio Guzmán López, El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, provocó una espectacular movilización de narcos en Sinaloa, y efectivos militares y policiales que horas después derivó en la liberación de Guzmán López, uno de los líderes actuales del Cártel de Sinaloa.

Tres años de malos resultados

En 2019, la economía nacional dio muestras de un desplome; el Producto Interno Bruto (PIB) solo creció el 0.1 por ciento y en 2020, ya con la pandemia encima, el PIB cayó 8.5 por ciento, impacto negativo que, según los analistas, será muy difícil de remontar en el corto plazo, incluso al mismo nivel de crecimiento económico que había antes de la crisis sanitaria.

Aunque el Presidente difunda que el PIB crecerá al menos en seis por ciento en los tres años que restan de su mandato, los especialistas estiman que su alza no sobrepasará el dos por ciento, incluso que será del 1.5 por ciento, a decir de David Lozano Tovar, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) publicó, en diciembre de 2020, un análisis sobre la situación económica en el que afirma que la pandemia golpeó aún más a la economía nacional, que andaba casi en recesión desde 2019, con una baja de 0.1 por ciento del PIB debido a la caída en la inversión privada y el empleo, ya que solo se habían creado 342 mil 77 trabajos formales, 50 por ciento menos que los generados en 2018 y 26 por ciento menos que en 2013.

“En general, la situación previa a la pandemia se caracterizaba ya por un marcado deterioro económico y un ambiente antiempresarial desde el Gobierno Federal, visible en múltiples cambios de reglas, bloqueo de permisos para la inversión privada y falta de certidumbre jurídica”, revela el estudio patronal.

Este análisis de Coparmex también denunciaba que frente a la pandemia el gobierno de AMLO fue uno de los que menos porcentaje del PIB destinó en apoyos fiscales para ayudar a las empresas a superar la crisis económica generada por el cierre de actividades comerciales; ya que solo aplicó el uno por ciento, a diferencia de países como Perú, Brasil y Chile que inyectaron el 12, 10 y seis por ciento, respectivamente.

Las repercusiones, revela el estudio, son devastadoras: “El 79 por ciento de las empresas reportaron una caída de sus ingresos que, en promedio, fue del 50 por ciento. Un millón 117 mil 584 empleos formales se perdieron entre marzo y julio (de 2020), lo que equivale a ocho empleos perdidos por minuto durante este periodo. Se registró la muerte de un millón 10 mil 857 empresas. Estas empresas representaban 2.9 millones de personas ocupadas”.

Sobre la pérdida de empleos, indica: “Se ha recuperado solamente el 50 por ciento de los empleos formales perdidos, aún faltan 561 mil 984 de ellos para volver al estado previo al inicio de la pandemia; cifra muy lejana a la prometida desde abril con la creación de dos millones de empleos en nueve meses, plazo que vence en enero de 2021”.

El análisis de la Coparmex revela que, en las empresas, “la incertidumbre permanece. Ante las afectaciones que continúan viviendo las empresas y que se podrían acentuar ante el repunte en el número de contagios, el 15 por ciento de ellas dice que solo podrían mantener sus operaciones por tres meses más. Esto quiere decir que alrededor de 700 mil empresas están en riesgo inmediato de cerrar ante las condiciones actuales y la falta de apoyo del gobierno”.

El diagnóstico de la Coparmex sobre el desempeño del actual Gobierno Federal es el siguiente: “los tres años iniciales del gobierno del presidente AMLO (de 2019 a 2021) serán la peor primera mitad de un sexenio en resultados económicos en 86 años, con base en las recientes cifras y proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)”.

Y con respecto al presente, el análisis apoya también el pronóstico de la Cepal que prevé una recuperación de apenas el 3.8 por ciento en este año. “De esta manera, entre 2019 y 2021, la economía mexicana habrá acumulado una contracción de 5.5 por ciento”, indica; y destaca que el principal problema de la economía está en el mercado interno:

“Después de un crecimiento mensual del consumo privado en el mercado interior de 5.6 por ciento y 5.4 por ciento en junio y julio, las cifras de septiembre muestran un crecimiento de solo 2.2. De hecho, los datos del PIB, al tercer trimestre, muestran que el sector servicios tuvo una menor recuperación, con 8.6 por ciento”, apunta el detallado estudio de la central patronal.

Para la Coparmex, es urgente superar la mala administración del Gobierno Federal e impulsar una nueva política económica, pues “la adopción de una irracional austeridad, la creación de un ambiente antiempresarial y la negación de una de las peores crisis económicas de la historia de México, solo tendrán como consecuencia mayor pobreza, más desempleo, la quiebra de millones de micro, pequeños y medianos negocios y la condena al país a padecer una recuperación larga y dolorosa”.