Los ataques y las acusaciones desorbitadas contra el Movimiento Antorchista no son nuevos; comenzaron casi desde su nacimiento en 1974 y se han mantenido y diversificado en la misma medida en que ha crecido el número de sus militantes y su arraigo entre las masas populares del país. No sobra señalar que, de esa inmensa montaña de acusaciones, imputaciones e infundios infames, ni uno solo ha sido probado nunca ante juez competente; ningún antorchista ha enfrentado juicio legal ni cárcel por alguna de tales vilezas. Esto demuestra su carácter absolutamente falso, puramente mediático y con fines publicitarios en contra del antorchismo.

La sincronía entre la virulencia de los ataques y el relativo éxito de Antorcha como organización de auténtico carácter popular, nos dan la clave para entender el objetivo y las causas de fondo de esta guerra sucia: frenar (y si es posible, extinguir) el ensayo más logrado hasta ahora de despertar la conciencia de los olvidados y oprimidos, organizarlos y enseñarles a defender unificadamente sus intereses y sus derechos ante los gobernantes y funcionarios de los tres niveles, que con frecuencia olvidan quién les dio el poder y a quién deben servir. ¿Y por qué quieren impedir la organización independiente de los desamparados? Primero, para no tener que invertir en su provecho un dinero que ellos ya tienen asignado a sus proyectos “prioritarios”; segundo, para eliminar el riesgo de tener que enfrentarse, en las justas electorales, con un enemigo organizado que pueda abollarles la corona o arrancarla de sus regias cabezas.

Los antorchistas llevamos un registro puntual de todas las acusaciones y ataques que hemos sufrido a lo largo del tiempo, y podemos demostrar que la guerra sucia en nuestra contra no ha cesado nunca y se mantuvo, incluso, durante todo el sexenio pasado. Eso de que fuimos los consentidos y privilegiados del Gobierno del Lic. Peña Nieto no pasa de ser un infundio más entre los miles que nos han endilgado. Nunca hemos sido los privilegiados de ningún Gobierno; jamás hemos mantenido relaciones secretas ni celebrado contubernios inconfesables con ningún poderoso; jamás hemos solicitado, y menos arrancado “con presiones y chantajes”, ningún favor o concesión ilegítima en beneficio de las finanzas de Antorcha. En los archivos de las dependencias respectivas, Pemex por ejemplo, deben obrar los expedientes completos de las gestiones llevadas a cabo por nuestros financieros y la constancia de que cumplimos a su entera satisfacción todos los requisitos exigidos por la normatividad. Las franquicias que poseemos son, pues, absolutamente legales y legítimas. Una vez más (la enésima), desafío a quien sostenga lo contrario a que lo demuestre con pruebas fidedignas, no citando en su apoyo a otros calumniadores que dijeron lo mismo antes que él. Eso se llama un círculo vicioso y no prueba nada, como lo sabe cualquier estudiante de preparatoria.

¿Algo de esto cambió con la 4ª T? Sí y no. Sí, porque algunos insultos como “grupo de choque” o “brazo armado del PRI”, parecen no ser de mucha utilidad para el actual gobierno y hace poco uso de ellos. No, porque los motivos de fondo son los mismos de siempre. Nadie puede dudar de que el actual Gobierno pretende que todo el dinero que se pueda ahorrar con el combate a la corrupción, con la “pobreza franciscana” del aparato administrativo o como se pueda y de donde se pueda, tiene que destinarse íntegro a los proyectos prioritarios del Presidente; tampoco que la cacería de brujas en nombre de la corrupción y las amenazas reiteradas de ampliarla y profundizarla según lo requieran las circunstancias, buscan eliminar (o al menos inmovilizar) a todos los rivales políticos, para garantizar la permanencia de Morena en el poder. Ambos objetivos se hallan en el centro mismo de la política de la 4ª T, solo que con una variante: en vez de manejarlos como algo separado, los han fundido en uno solo que les da mejores resultados: precisamente la lucha contra la corrupción.

En efecto, en nombre de esa lucha, el gobierno ha podido, sin tener que modificar la Constitución, suprimir de facto los derechos de asociación y organización, de petición y de gestión; el de manifestación y protesta públicas, la libertad de palabra y de opinión, e incluso la inviolabilidad de las personas, de sus domicilios y de su legítima propiedad. Ya nadie puede hablar en nombre de otros ni menos gestionar y protestar por ellos o junto con ellos. Si lo intenta, de inmediato será acusado de corrupto, de que quiere “moches” y de que busca “lucrar con la pobreza y las necesidades de la gente”. Se acabaron, pues, las organizaciones sociales, los intermediarios “corruptos” (empezando por la antorcha mundial), se acabó el derecho a organizarse con fines lícitos y se acabó el derecho de petición, de gestión y de protesta, aunque la Constitución diga exactamente lo contrario. Ahora, la atención de las necesidades de la gente y el manejo de los recursos destinados a su atención, son monopolio exclusivo de Morena y sus “operadores en campo”. Mataron dos pájaros con un solo tiro.

Pero hay más. La misma arma se aplica a líderes de partidos políticos; a militantes destacados; a exfuncionarios de pasados sexenios que pudieran armar una crítica sólida a las políticas cuatrotransformistas; a líderes sindicales, abogados de prestigio, jueces y ministerios públicos insumisos; a ministros de la Suprema Corte, a diputados y senadores que se atreven a insinuar algún intento de crítica; a organismos autónomos como la CRE y el INE y a sus respectivos titulares que quieren ejercer sus funciones; a periodistas, columnistas y medios que se resisten a aplaudir como focas cada vez que el Presidente abre la boca; a las “organizaciones de la sociedad civil” que intentan ejercer contrapeso al poder presidencial e incluso, como no, a empresarios que quieren ser escuchados en temas relacionados con su actividad productiva. A todos ellos se los tiene azorrillados, agarrotados con la amenaza de que, si dicen o hacen algo en contra de la 4ª T, serán acusados de corruptos e irán derecho a la cárcel. En este contexto entra la actual denuncia de Santiago Nieto en contra de los antorchistas. México está cada vez más paralizado por el miedo.

Habrá quien diga que tienen miedo quienes se saben culpables de algún ilícito. Puede ser. Yo no estoy en condiciones de negar o desmentir eso. De lo que sí estoy seguro es que no hay ningún mexicano adulto que ignore que, si la orden de juzgarlo y condenarlo viene del Presidente de la República, no habrá prueba, por contundente e irrefutable que sea, ni jurisconsulto alguno, por sabio que se le considere, que pueda librarlo de la cárcel. Solo la defensa unificada de las víctimas puede detener el brazo ejecutor de tales atropellos. Ojalá que todos lo entendamos y nos apresuremos a dejar atrás nuestros prejuicios para poder formar, y pronto, un frente unido de lucha por la legalidad y la verdadera justicia en este país. También puedo asegurar, apoyado en información directa que llega a mis manos, que ya con todo el espacio social libre de competidores y con todo el dinero público en sus manos, los operadores de Morena están llevando a cabo, casi clandestinamente, una gigantesca operación de compra de conciencias, la más gigantesca maniobra clientelar nunca antes vista en la historia de México.

Muchos pelearon para que se considerara delito grave el uso del dinero público con fines electorales; pero hoy, a la vista de todos, el padrón completo de beneficiarios con dinero en efectivo, el de becas Benito Juárez, el de Jóvenes construyendo el futuro y el de las micro y pequeñas empresas que recibirán el crédito de 25 mil pesos, fue levantado por activistas de Morena, y la ayuda se condiciona al voto en favor de los candidatos morenistas. También se logró que los contratos de obra pública y de suministros al Gobierno fueran sometidos a rigurosa licitación; pero hoy, más del 70 por ciento de esos contratos han sido asignados en forma directa, sin licitación de por medio. Mucho se ha reclamado contra el “diezmo” que se cobraba a quienes obtenían un contrato de obra pública; pero hoy, algunos funcionarios de Morena se dejan pedir hasta el 40 por ciento de “comisión”. Se promueven bajo cuerda los créditos de 25 mil pesos, sin otro requisito que “mocharse” con el 10 por ciento. Es decir, en los hechos no hay tal combate a la corrupción; se combate a los rivales políticos acusándolos de corruptos, que es distinto.

Y vea usted cómo tratan a los necesitados del apoyo oficial que no se declaran morenistas. Un engendrito identificado como Rubén Hernández/Quadratin Tlaxcala, publicó lo siguiente: “Antorchistas sacan raja política del Covid-19, se cuelan con 600 peticiones al gobierno”. En el cuerpo de la nota dice, al enterarse de que el gobierno de ese estado repartiría dinero a los afectados por la pandemia, Antorcha aprovechó “para sacar raja política (¡¿) y colarse con 600 solicitudes de apoyo económico.” José Orlando Isidro Ramos, el líder de Antorcha, “explicó que llevan tres días consecutivos entregando solicitudes…, por lo que en suma llevan 600 agremiados que se han registrado…” (¡Qué abuso de los antorchistas! ¿No cree usted?)

La explicación del líder antorchista está clara. ¿Tienen o no derecho los antorchistas tlaxcaltecas sin empleo a buscar la ayuda que su gobierno ofrece? Rubén Hernández, en vez de aclarar eso, pasa sin transición a “denunciar”: “Es de recordar, que Antorcha Campesina cuenta con más de 50 estaciones de gasolina y gas LP en el Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Morelos y Veracruz y que no obstante, su dirigencia ha buscado el registro como partido político para hacerse de prerrogativas del gobierno”. ¿Qué tiene que ver toda esta sarta de idioteces con las 600 solicitudes de tlaxcaltecas que se quedaron sin empleo? ¿No era ése el asunto de la nota? Por supuesto que no. Se trata de golpear a Antorcha para que no vuelva a disputarle a Morena la exclusividad en el manejo del dinero público y en la compra de la simpatía popular con ese dinero, que es de todos. ¿Con gentes de la estatura mental de Hernández, dirá alguien? ¡Sí, con esta calidad de ideólogos y propagandistas! No hay más.