Los índices de feminicidio y violencia familiar se han reducido muy poco y los especialistas afirman que la Alerta contra la Violencia de Género (AVG), instalada en 2016 en siete municipios de Chiapas, no ha rendido los efectos esperados.
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Con irse a paro y dejar de prestar sus servicios a miles de ciudadanos, amenazó el sector de taxistas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, si las autoridades no sacan de las calles a “los DiDi y a los Uber”. Serían por lo menos seis mil unidades las que saldrían de circulación de no atender la problemática.
Los taxistas concesionados bloquearon la mañana del jueves la Avenida Central entre la Calle Central y 2 oriente de la capital chiapaneca, como medida de presión toda vez que expresaron sus demandas no son atendidas por la Secretaría de Transporte y Movilidad (STyM) en el estado.
Los taxistas ya habían instado anteriormente la Secretaría a que regulara estas plataformas o, de lo contrario, ellos dejarían de pagar sus derechos y se convertirían en un sector privado también.
Al respecto, Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas, admitió que algunas unidades están en situación deplorable, con carencias pero que son una minoría a la cual se le debería aplicar la ley.
“Si el conductor no se asea, no se baña no se cambia y no da un servicio de calidad que sea sancionado”, sostuvo ante los medios de comunicación.
Tras dar una conferencia de prensa en el asfalto de la principal arteria de la ciudad se dirigieron un centenar de unidades a las instalaciones de la STyM para sostener un encuentro con dichas autoridades y los afectados para exigir que estos servicios sean suspendidos o regulados, ya que les han ocasionado pérdidas en sus ingresos de hasta un 50 por ciento.
La situación se ha tornado tensa ya que dieron a conocer que la competencia, principalmente DIDI, amenazó al gremio con actuar contra un taxi por cada DiDi detenido.
Los índices de feminicidio y violencia familiar se han reducido muy poco y los especialistas afirman que la Alerta contra la Violencia de Género (AVG), instalada en 2016 en siete municipios de Chiapas, no ha rendido los efectos esperados.
En municipios indígenas más del 75 por ciento de los nacimientos son atendidos por parteras.
Vecinos y padres de familia denuncian irregularidades en la detención del profesor Raúl Orión Jiménez y piden intervención urgente del gobierno estatal.
Hasta el mes de marzo de 2026, se tienen contabilizados nueve mil 446 palestinos que están detenidos en centros de detención israelíes.
Desde hace 33 años, 108 familias indígenas vienen luchando para que los gobiernos Federal y estatal otorguen certeza jurídica a las tierras que habitan, cultivan y denominaron Altamira La Providencia; ubicada a 350 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.
Pese al cerco policial, los manifestantes aseguraron que la movilización fue “exitosa”, al demostrar su disposición a continuar reclamando mejores condiciones.
Alrededor de las 10:00 horas, los manifestantes se disponían a avanzar sobre la vialidad; sin embargo, el cerco policial les impidió el cruce.
Quienes concluyen la secundaria deben caminar alrededor de siete kilómetros, cerca de hora y media, para continuar con sus estudios de bachillerato.
Aulas precarias construidas con madera o cartón; pisos de tierra, mobiliario deteriorado; sin servicios básicos como luz, agua o drenaje.
Claudia Sheinbaum Pardo presumió hace unos días que ya se habían aplicado un millón de vacunas contra el sarampión en Chiapas; aún así, el avance de esta epidemia tiene todavía en alerta a la población.
Durante el año 2025 se levantaron 460 reportes de menores desaparecidos, el 16 por ciento de las fichas de búsqueda siguen activas.
Los estados más afectados son: Chihuahua, Jalisco y Chiapas.
Especialistas recomiendan reforzar el monitoreo geoquímico para mejorar la interpretación de datos y emitir alertas tempranas ante una posible erupción.
Los documentos aparecen registrados en el Sistema Integral de Impresión de Actas y cuentan incluso con CURP certificada.
Habitantes del municipio, quienes cuestionan el presunto uso del dinero público para fines familiares, en un contexto marcado por rezagos en servicios básicos y obras públicas.
Escrito por Ricardo López
Colaborador