Los defensores de derechos humanos y periodistas de la entidad son víctimas de agravios y ataques directos, no sólo provenientes de bandas del crimen organizado, sino también de autoridades locales y municipales.
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Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en los circuitos judiciales de Jalisco, Chiapas y Tabasco, realizaron jornadas de protesta este lunes 20 de enero y anunciaron el paro de actividades en tribunales y juzgados para los próximos días.
Los quejosos se oponen al recorte de sus prestaciones por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y anunciaron que continuarán con la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales.
En el Décimo Circuito, con base en Tabasco, los trabajadores externaron su amplía preocupación porque “se incumple con el artículo décimo transitorio de la reciente reforma judicial, en la que expresamente se indicó que los derechos laborales de todos los trabajadores no se verían afectados”.
Sin embargo, ante la presunta afectación a sus prestaciones, indicaron que “resulta indispensable que sin distinción de cargos exista unidad y formemos un frente común que nos permita defendernos, dejando atrás las viajas políticas de descalificación entre nosotros”, lanzaron.
La Judicatura envió el pasado 14 de enero un oficio en el que señala que, dado el recorte de 13 mil 107 millones de pesos a su presupuesto, se adoptarán otras medidas con el fin de preservar los salarios y prestaciones de los funcionarios.
Los defensores de derechos humanos y periodistas de la entidad son víctimas de agravios y ataques directos, no sólo provenientes de bandas del crimen organizado, sino también de autoridades locales y municipales.
Chiapas, Durango, Nayarit, Guerrero y Baja California son las entidades con más nacimientos de todo el país.
Se activó el protocolo del Plan DN-III-E para garantizar la seguridad de la población reportando el rescate de un total de 96 personas.
Exigen regularización de su estatus migratorio, aseguran que llevan años sin respuesta.
Más de 71 mil migrantes con estatus irregular se encuentran en la entidad tabasqueña para reducir presión mediática, acusan organizaciones.
Las víctimas de desplazamiento aseguran que sufrieron amenazas y extorsiones.
Las víctimas fueron localizadas en el municipio de Pinos, posteriormente fueron trasladados a Ojuelos, Jalisco, presume Fiscalía.
Los manifestantes denuncian irregularidades en la investigación y señalaron actos de violencia institucional.
La SCJN contará con 600 millones de pesos adicionales, lo que representa un aumento del 12 por ciento.
Mientras los habitantes enfrentaban los estragos de la inundación, el alcalde Quirino Velázquez presentaba su primer informe de gobierno.
Díaz Flores acusó al presidente de la CEDH, de desviar recursos públicos y manipular redes sociales para atacarla.
Se presume que el Defensor de Derechos Humanos de Chiapas se quedaba con el 63 por ciento del salario de un empleado, a quien corrieron por denunciar el hecho.
Un hombre del municipio de Tonila falleció el pasado 27 de agosto, tras estar en contacto con un becerro presuntamente infectado.
Legisladores los instan a ejercer la justicia sin presiones ni obediencia partidista.
La entrega de constancias no es un acto administrativo, sino el acatamiento a una resolución que ha protegido la voluntad ciudadana que participó directamente el día de la elección del PJF.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera