La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en México existe paz, no reprime y se protege a los ciudadanos, la realidad es otra, ya que, en un periodo de cuatro años este gobierno ha destinado más de 10 millones 133 mil dólares en armas no letales.
Así, México se coloca en el quinto lugar a nivel Latinoamérica que más recursos ha destinado a este sector según la más reciente investigación “El negocio de la represión”, elaborada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en coordinación con los medios internacionales El País, Telemundo y Animal Político.
La investigación incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México, y entre otros suman cien millones de dólares en gasto público por la compra de “armas no letales”. El destino de recursos corresponde al lapso de 2017 y 2021.
Brasil es el país que más destinó recursos al sumar 30 millones de dólares (mdd); le sigue Colombia, con 25 mdd; Chile, con 19 mdd; Argentina, con 13 mdd, y México, con 10 millones 133 mil 645 dólares. Ecuador, Guatemala y Bolivia destinaron ocho, cinco y un millón de dólares respectivamente.
Parte de la investigación
Vía Ley de Transparencia, la alianza periodística solicitó conocer el inventario de material disponible con el que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para la contención y disolución de manifestaciones, así como conocer el tipo de aparatos que se utilizan y que lancen humo, gas o similares.
En su respuesta, la dependencia encabezada por Omar García Harfuch aseguró que en 2017 adquirieron 4 mil 407 extinguidores y 500 vallas antimotín de 3 metros de altura cada una. Por los extinguidores, la SSC pagó 5 millones de pesos (equivalente a 99 mil 325 dólares), lo que gastó la dependencia entre octubre y diciembre de 2021 en la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades de gasolina y diésel de su propiedad.
En 2020, detallaron, adquirieron mil extinguidores portátiles adicionales.
De acuerdo con el inventario de armas no letales, para contener movilizaciones en la CDMX, la SSC solo cuenta con extintores y vallas metálicas antimotines que adquirieron entre 2017 y 2020.
Los primeros 4 mil 407 extintores fueron comprados bajo la identificación de “inhibidores de flama como dispositivo no presurizado de reacción inmediata para extinción de fuegos A, B, C y K en fase inicial, como equipo de seguridad básico para los elementos de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México”. Se hizo a través del contrato número SSP/BE/A/328/2017 por la cantidad de 4 millones 999 mil pesos, equivalente a 99 mil 325 dólares.
La segunda adquisición, correspondiente a mil extintores portátiles de 4.5 kilogramos de polvo químico seco ABC se hizo el 31 de marzo de 2020. Por los aparatos se pagaron 696 mil pesos, equivalentes a 13 mil 823 dólares.
Sobre el uso de estos aparatos, que las autoridades defienden es para protección de las policías que participan en las movilizaciones y no para reprimir o agredir a las manifestantes, el experto en legislación y protocolos para el armamento epiletal, Daniel Gómez Tagle, explica que, además de que su uso está prohibido por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, no sirven para nada.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Escrito por Redacción