Mucho se ha criticado al gobierno actual por sus medidas infantiles para enfrentar la inflación y por sus “estrategias sin estrategia”; pero todavía hay quienes conservan la firme convicción de que bastan las palabras del Presidente para que este problema se resuelva. Éste fue el caso, por ejemplo, del Paquete Contra la Carestía e Inflación (PACIC) que, ni con modificaciones posteriores, “milagros”, “detentes”, ni con las medidas ortodoxas del Banco de México (Banxico) –que subió la tasa de interés 10 por ciento a fin año– logró parar la inflación.

Las familias cuentan que hasta los productos básicos más simples se hallan por las nubes y que sus bajos ingresos –México es conocido como uno de los países con los salarios más ínfimos en América Latina y gran parte del mundo– no les alcanzan para siquiera consumir los alimentos más indispensables de la canasta básica. El pueblo mexicano trabaja para sobrevivir pero, como ahora los precios aumentan constantemente, el dinero se esfuma de las manos repentinamente.

Este escenario depresivo se debe a la baja inversión pública y privada, cuyo efecto más inmediato radica en el desempleo y la precarización de los ingresos. Las medidas de Banxico únicamente han contribuido a enrarecer la economía, ya que la inflación no disminuye y el desempleo aumenta. En los últimos años, los gobiernos no atacaron con celeridad el problema estructural de la economía: la changarrización, en lugar de aplicar medidas serias, ha optado por intensificarla para ofrecerla como medida “popular”.

 Por ello, el 97 por ciento de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas, y el 60 por ciento de los empleos son informales. Aquí cabe la siguiente pregunta con respecto al anuncio que el Presidente realizó, en días pasados, en torno a que el salario mínimo tendrá un aumento del 20 por ciento en 2023: ¿la estructura empresarial, mayoritariamente endeble, puede aplicar ese incremento?

La respuesta es un no contundente; porque la mayoría de las empresas, como ya se mencionó, son “minis” y pequeñas, muchas son informales y carecen de la capacidad financiera para pagar ese salario. El Presidente se jacta de hacer justicia social para los trabajadores, pero no ha construido las condiciones necesarias para ello. Por esta misma causa, el resultado de sus políticas ha sido nulo o contrario.

Hay dos consecuencias previsibles: que los micro y pequeños empresarios que no puedan pagar el salario mínimo cierren sus changarros y emigren a la informalidad; o que las grandes y medianas empresas con capacidad para absorber ese incremento salarial apelen a recursos que les permitan tener más ganancias: aumentar las jornadas laborales de sus trabajadores y trasladar el incremento del salario mínimo al precio de sus productos, pero esto provocará mayor inflación.

Sin embargo, hay una tercera consecuencia derivada de las dos anteriores: que el desempleo aumenta y el número de los trabajadores que perciben un salario mínimo, dos, tres y hasta cinco salarios mínimos disminuye ahora considerablemente. Esto nos permite afirmar que los aumentos autorizados en este sexenio solo han sido mera ilusión porque, en términos reales, se gana menos y trabaja más; y se gasta mucho más en la compra de cada producto de la canasta básica.

En conclusión: el Presidente no es un humanista, es un perverso que sabe que tales aumentos no van a perjudicar a sus amigos empresarios, quienes están haciéndose cada vez más ricos, mientras el pueblo mayoritario de México es cada vez más pobre. Esto seguirá así hasta que el pueblo logre articular a todas las partes que lo conforman y que, como un gigante, dé sus primeros pasos hacia su libertad y la creación de un régimen efectivamente igualitario. Al tiempo.