Se trata de un análisis del derrumbe de la Unión Soviética en 1991, una pérdida asombrosa para la humanidad.
Internacional
Prohíben a Gobierno de Biden pausar las deportaciones
Biden prometió durante su campaña detener la mayoría de las deportaciones durante 100 días.
Un juez federal de Estados Unidos prohibió al Gobierno de Joe Biden hacer cumplir una pausa de 100 días a las deportaciones, una prioridad clave en la agenda del mandatario demócrata sobre inmigración y de la cual habló desde el primer día en la presidencia.
Drew Tipton juez federal de distrito emitió una orden de restricción temporal solicitada por el Gobierno de Texas, que presentó una demanda el viernes pasado contra un memorando del Departamento de Seguridad Nacional que ordenó a las agencias de inmigración que detuvieran la mayoría de las deportaciones.
Según expertos la orden de Tipton es un golpe para el Gobierno de Biden, que ha propuesto cambios de gran alcance buscados por los defensores de la inmigración, incluido un plan para legalizar a cerca de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia. Biden prometió durante su campaña detener la mayoría de las deportaciones durante 100 días.
El secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske, firmó un memorando el primer día de Biden como presidente, en el que ordenaba a las autoridades de inmigración que se centraran en la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad pública, así como en cualquier persona detenida que ingresara sin permiso a Estados Unidos después del 1 de noviembre. Eso significó un cambio radical de política frente al gobierno de Trump, que hizo que cualquier persona que hubiera ingresado ilegalmente en Estados Unidos fuera una prioridad para deportación.
La moratoria de 100 días entró en vigor el viernes y benefició a casi cualquier persona que haya ingresado a Estados Unidos sin autorización antes de noviembre.
El fiscal estatal de Texas, Ken Paxton, argumentó que la moratoria violaba la ley federal, así como un acuerdo que Texas firmó con el Departamento de Seguridad Nacional al final del Gobierno de Trump. Ese acuerdo requería que Seguridad Nacional consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier acción para “reducir, re orientar, cambiar prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración”.
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