El gobierno que, hasta el hartazgo y con gran derroche de dinero público, declara que está al lado del pueblo y que reiteradamente se autodefine como de “izquierda”, se desmiente en los hechos con sus tropelías y desatenciones hacia el pueblo. Su política económica es de corte capitalista, trasnochada y neoliberal; ya que está lejos de impulsar un capitalismo pujante que genere empleos y riqueza. Únicamente ha logrado frenar el desarrollo y provocar un mayor deterioro en el nivel de vida de los habitantes. Esto se observa todavía en sus obras de infraestructura más grandes, que son desechables y en las que, desde su inicio, surgieron denuncias de abusos y maltratos por cuenta de la administración federal.

Pero comencemos por hechos más recientes:

Es claro que, en el problema de la migración laboral hacia Estados Unidos (EE. UU.), el gobierno de México está “haciéndole el trabajo sucio” a su homólogo del país vecino mediante acciones de contención, persecución y acoso a los migrantes mexicanos, centro y sudamericanos. Estas prácticas, que con frecuencia causan “accidentes” fatales, están a cargo de militares, cuyo número aumentó de ocho mil a casi 30 mil en este sexenio. El Gobierno Federal, a través del Secretario de Defensa, Crescencio Sandoval, informó que uno de los acuerdos con el de EE. UU. fue precisamente incrementar aún más esta cifra para contener el flujo migratorio por cielo, mar y tierra.

El secretario argumentó que el objetivo consiste en localizar, rescatar, asistir y salvaguardar la integridad de los migrantes; pero también obligarlos a retornar a sus países. Sin embargo, los migrantes saben que lo único cierto ha sido la contención del 80 por ciento del flujo de personas; que la migración mexicana se ha incrementado debido a las crisis sanitaria, económica, de violencia generalizada; y que el único apoyo que reciben del gobierno es la colocación de letreros en la franja fronteriza donde se les advierte del alto riesgo que enfrentan, si saltan el muro edificado por las autoridades estadounidenses.

Otro evento significativo ocurrió el 21 de julio: la declaración de huelga en la empresa Teléfonos de México (Telmex), de la que es dueño Carlos Slim, uno de los asesores financieros del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y uno de los principales beneficiados por la pandemia del Covid-19, debido a que dicha telefónica monopoliza los servicios digitales. El suceso fue relevante también porque, desde hace 37 años, Telmex no había llegado a un paro de labores; y porque desde que Slim la compró al Estado mexicano, su fortuna creció exponencialmente y muy pronto llegó a acumular 1.88 billones de pesos, según estimaciones de América Economía.

Los trabajadores de la telefónica exigieron al oligarca que les respete el sistema de pensiones, las contrataciones y que incremente sus salarios; pero con respecto a esta última demanda, uno de los hombres más ricos de México y el mundo arguyó que la empresa ha disminuido sus ingresos y que el cumplimiento de esta exigencia la condenaría al cierre. Y aunque es cierto que la telefónica ha reducido sus ganancias, también es verdad que, gracias a ella, el hábil empresario creó otras empresas que hoy acaparan los servicios digitales como América Móvil, y que han dejado a Telmex solo los servicios básicos.

Es decir, todo parece indicar que Slim está violentando los derechos laborales de los telefonistas con base en una estrategia diseñada para aniquilar su sindicato e ir desarmando Telmex, confiado en que el servicio está automatizado y garantiza su funcionamiento a los usuarios. Frente a este hecho, el Presidente (enemigo encarnizado de disidentes, niños con cáncer, feministas, sindicatos, organizaciones sociales e iglesias no evangélicas) calla ante los atropellos y abusos del empresario, renegando en los hechos de las simpatías que afirma tener hacia los trabajadores.

¿Qué queda para los trabajadores de un país donde no hay empleos, y quienes los tienen ven violados sus derechos laborales? ¿Seguirán permitiendo pasivamente que jueguen con sus vidas como si éstas no valieran nada? ¿O ha llegado el momento de organizarse y luchar verdaderamente para que haya un gobierno de los trabajadores? La clase obrera tiene la última palabra.