Entre los comentarios vertidos en los medios, refiriéndose a la trágica muerte de 39 migrantes centroamericanos en Ciudad Juárez, no ha faltado la caracterización del acontecimiento como un crimen de Estado; y no ha sido una expresión a la ligera, una explosión sin fundamento; conforme pasaron las horas, se fueron conociendo suficientes detalles, aspectos que salieron a la luz, antecedentes y hechos increíbles por horrendos que acompañaron a la tragedia ese mismo día y que demuestran que la expresión crimen de Estado no carece de bases. Nuestro Reporte Especial recoge testimonios en el sentido de que lo sucedido es efectivamente resultado de una deshuimanizada política migratoria del Estado mexicano.

Está muy distante en el tiempo la complacencia de Nerón ante el incendio de Roma; no tan lejano es el recuerdo de los hornos crematorios de Hitler; pero está muy fresco el recuerdo del crimen de Estado ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero, que permanece impune. Hoy somos espectadores de otro crimen sangriento en el seno de un gobierno en el que los máximos jerarcas gritan que no se permite la violación a los derechos humanos ni la impunidad. Pero los responsables de la muerte de 39 migrantes latinoamericanos en tránsito por México no han sido obligados a comparecer y conservan sus elevados cargos, seguros de que el favor presidencial los eximirá de todo cuestionamiento.

Los migrantes muertos en Chihuahua no perecieron en un albergue o “centro de atención a migrantes”, murieron en una celda del Instituto Nacional de Migración (INM), frente a la cruel indiferencia de sus carceleros. ¡El INM convertido en prisión de migrantes!; carceleros con instrucciones precisas y terminantes de dejar perecer entre las llamas a decenas de seres humanos. La orden fue dada por un militar fungiendo como delegado del INM en el estado de Chihuahua, ejecutando la “humanitaria” política dictada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La responsabilidad en esta tragedia la comparten dos Secretarías de Estado: la SRE  y Gobernación (Segob), cuyos titulares son los más selectos y mejor calificados por el Presidente de la República, tanto así, que hace algunos meses fueron destapados por él como “corcholatas”; es decir, la Presidencia les considera aptos para convertirse en la máxima figura de autoridad del país.

Todo esto quiere decir, también, que la mayor responsabilidad o culpa de la muerte de 39 seres humanos, indebida e injustamente encarcelados, se encuentra en dos Secretarios de Estado, pues la política migratoria la dicta la SRE y el trato a los migrantes, su persecución y encarcelamiento es un asunto de la jurisdicción de la Segob.

No es el personal y los empleados del INM en Chihuahua, ni los carceleros, los principales culpables de estos hechos inhumanos, de este innombrable crimen; y es probable que ni siquiera el militar que ordenó que los dejaran morir quien deba responder por lo ocurrido, sino el Estado, al que pertenecen las autoridades implicadas en el trato a los migrantes en toda la frontera, en este caso todo el gobierno de la “Cuarta Transformación” al que los Secretarios de Estado obedecen; y es, en fin, todo el partido del que proviene este gobierno de “transformación”.

¿En qué tratan de “transformar” a México todos ellos? ¿Dónde están los que, al conocerse los horrores de la “Noche de Iguala” exigían la renuncia del Presidente en turno y declaraban que se trataba de un crimen de Estado? Hoy también deberían gritar, pero algunos no lo harán porque ahora son parte del Estado culpable de este nuevo crimen.