La legislación mexiquense también contempla arrestos administrativos y medidas para garantizar la tenencia responsable.
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La inseguridad pública es un grave problema nacional; no sólo del Estado de México (Edomex) ni de alguna otra entidad federativa; sin embargo, los estados más desarrollados e importantes en muchos aspectos geográficos, como Jalisco, en occidente; Nuevo León, en el norte; o los del noroeste –región de gran desarrollo agrícola– y el Edomex, del que se habla esta semana en buzos, también son azotados, y con extremo rigor, por el terrible mal de la inseguridad pública.
Es indiscutible la importancia económica y social del Edomex, así como su peso político en el país; en diversas ocasiones se ha tratado en buzos el tema; hoy se habla de la inseguridad que sufren todas las regiones de esta entidad, donde se reflejan como en un espejo la inseguridad, el crimen y la violencia, igual que se reflejan muchos otros aspectos de la vida nacional.
En lo que va del siglo, la inseguridad creció desenfrenada, acentuándose desde mediados de esta década en forma tal, que motivó al gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) a ocuparse del problema (pero sólo en el discurso, afirman mexiquenses) desde el inicio del sexenio y prometer a la población del estado una mayor protección ciudadana, reducción de la delincuencia en todas sus formas, en pocas palabras, mayor seguridad pública.
A punto está de comenzar el último año del sexenio “transformador del país” y Morena gobierna el Edomex, pero la inseguridad pública –asaltos, robos, extorsiones, secuestros, violaciones y, en general, todas las formas de violencia– en vez de reducirse, como prometió la 4T, se ha arraigado en los 125 municipios mexiquenses, llegando a ser extrema en algunos, como los de la zona oriente o la del Valle de Toluca.
Habitantes de todos los niveles sociales y sectores de la población: amas de casa, empleados públicos, obreros, profesores e investigadores sociales del Edomex, denuncian el aumento acelerado de la inseguridad, de los delitos cometidos a cualquier hora del día, impunemente, a veces con lujo de violencia, sin que los encargados del orden público, de la protección ciudadana, hagan acto de presencia y sin que la 4T, por fin, convierta en realidad la seguridad prometida al inicio de su mandato.
Ciudadanos mexiquenses afirman que la seguridad pública era sólo promesa de campaña y después discursos demagógicos del gobierno. Otros opinan que no basta con un cambio de gobierno o de partido en el poder, que las causas son más profundas: económicas, educativas, culturales; que en estos renglones tiene que actuar el gobierno para combatir la delincuencia; y que mientras esto no ocurra, la inseguridad continuará o se incrementará.
Y algunos ciudadanos mexiquenses llegan al extremo de asegurar que los encargados de la seguridad pública y los delincuentes son lo mismo, por lo que hay que desconfiar de las promesas de reducción de la delincuencia y del clima de inseguridad en el Edomex y añaden que la sociedad tiene que organizarse para su propia defensa. buzos recoge para sus lectores todas estas opiniones en su Reporte Especial de la semana.
La legislación mexiquense también contempla arrestos administrativos y medidas para garantizar la tenencia responsable.
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Escrito por Redacción