La expulsión de los habitantes de las grandes ciudades, para sustituirlos por nuevos propietarios o inquilinos, pero de mayores ingresos, es un fenómeno creado y fomentado en todo el mundo  por el genio perverso del capital financiero, siempre ansioso de acumular más riqueza.

Los ciudadanos más pobres, los trabajadores y la clase media sufren el desplazamiento de la ciudad, siendo obligados a trasladarse del centro hacia la periferia, a zonas carentes de agua, luz, drenaje y otros servicios básicos y alejados de sus centros de trabajo.

Las estrategias de los dueños del capital para apoderarse de las viviendas, de colonias enteras y de toda la ciudad se multiplican y refinan constantemente; en los últimos tiempos han aprovechado los altos sueldos de los “nómadas digitales”, a quienes ofrecen ventajas al tiempo que elevan las rentas de los antiguos inquilinos haciéndolas inaccesibles para éstos y obligándolos a emigrar. A través de plataformas digitales, los dueños de estos inmuebles ofrecen “espacios de tiempo compartido” y habitaciones en renta a precios elevados, desplazando a los antiguos ocupantes en un fenómeno que se ha denominado gentrificación. En alianza con los gobiernos, las inmobiliarias construyen grandes edificios destinados no a resolver el problema de vivienda de la población, sino a favorecer el negocio de estas empresas.

México no podía sustraerse a estas variadas formas de un fenómeno que hizo acto de presencia durante los primeros años de este siglo y que se ha intensificado a partir del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”. Esta semana, en las páginas de buzos de la noticia, activistas sociales y voceros de los grupos que integran el Movimiento Inquilinario de la Ciudad de México (CDMX), hablan acerca de este desplazamiento, de su aparición y su intensificación durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Del seno de este movimiento se han elevado voces que recuerdan a la Jefa de Gobierno la firma del convenio por el “Derecho a la Ciudad”, suscrito en marzo de 2018, compromiso que después de cinco años no se ha cumplido; por el contrario, los afectados denuncian la traición de que son objeto, las alianzas del gobierno capitalino con empresas constructoras y organizaciones internacionales cuyo fin es, precisamente, la expulsión de los inquilinos de sus departamentos para convertir el centro de la CDMX en un jugoso negocio.

En su lucha por la reconstrucción de las viviendas destruidas por los sismos del 19 de septiembre, en vez de apoyo y “transformación”, el movimiento inquilinario denuncia que solo ha recibido traición de un gobierno que presume ser “de izquierda” y estar al servicio de las causas del pueblo.