En cada una de las agendas políticas de los gobiernos en turno la enseñanza se ha presentado como una cuestión a resolver. Parcialmente se debe a que desde décadas los resultados que arrojan las diferentes pruebas a las que constantemente se someten tanto estudiantes de todos los niveles como maestros son pésimos. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), más de la mitad de los estudiantes en México se encuentran en el nivel más bajo en matemáticas y 46.8 por ciento en lectura. Por tal razón, se esbozan proyectos, se discuten y hasta llegan a “implementarse”. Sin embargo, las estrategias hasta el momento no han resultado efectivas para contribuir a que los estándares en materia educativa se superen y, mucho menos, para evitar la deserción escolar.

En ese sentido, el gobierno ha destinado anualmente un presupuesto variable a la educación cuya ejecución hasta ahora, en lugar de incrementar ha ido disminuyendo aun cuando el contexto postpandemia ha demostrado que en comparación con otros años la educación en general ha presentado un retroceso. Pues bien, frente a este contexto, de acuerdo con el reciente estudio publicado por las organizaciones Mexicanos Primero y Red Latinoamericana por la Educación (Reduca), este año el presupuesto en educación básica ha sido el más bajo en los últimos 16 años, mientras en 2007 fue de 13.55 por ciento del total del presupuesto, en 2023 se ejercerá solo el 9.46 por ciento. Pero, por si eso fuera poco, la friolera de esta distribución es que el sector docente –a quien le toca lidiar directamente con los problemas de la enseñanza– ahora solo recibirá durante todo el año 85 pesos para su formación cuando hace unos años ascendía a mil 644 pesos.

Bajo esta situación, podemos deducir que la enseñanza de la historia seguirá la misma tendencia. O sea que, por mucho que se impriman millones de ejemplares de Historia del Pueblo Mexicano y se distribuyan en las escuelas, la formación del docente, es decir, la capacitación de los maestros continuará ausente, solo que ahora con mayor énfasis. Los esfuerzos de los historiadores que colaboraron para realizar ese proyecto no tendrán suficiente eco ni en las escuelas urbanas y mucho menos en las escuelas rurales en donde, además, los maestros escasean.

En conclusión, el programa de la Nueva Escuela Mexicana y su objetivo de universalizar la enseñanza de la historia, pese a que marca una ruptura con los planes de 2009 y 2018 (años en los que se suprimió la enseñanza de la Historia en distintos niveles), es un parche que solo simula que el gobierno está interesado en contribuir con la educación, cuando la realidad no garantiza una condición sin la cual no puede despuntar, la asignación suficiente de recursos económicos para la formación docente y la enseñanza en general; es decir, no basta la distribución de becas de manutención a los estudiantes, es indispensable destinar partidas importantes a la formación de los docentes y garantizar que se destinen recursos materiales suficientes para la construcción de instalaciones óptimas o la modernización de las ya existentes; es preciso desarrollar materiales didácticos para fomentar una educación crítica –como pretende el libro ya mencionado– de lo contrario, todos esos esfuerzos caerán en saco roto.