Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Las múltiples crisis económicas ocurridas en la década de los 60 golpearon fuertemente a los bolsillos de las familias mexicanas más pobres. Para evitar la hambruna generalizada y un estallido social debido al elevado precio de los productos básicos, en 1961 se creó, bajo el sexenio del expresidente Adolfo López Mateos, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Una de sus funciones elementales fue el abastecimiento de productos de la canasta básica con precios regulados, principalmente el maíz, para que la población de las zonas rurales accediera a alimentos accesibles y de calidad.
Conasupo, con subsidio oficial, se expandió en todo México porque respondió a las necesidades alimenticias; y fue ésta la razón por la que se le mantuvo en los sexenios posteriores, además de que los usuarios podían adquirir los productos necesarios en almacenes cercanos a sus comunidades, en su mayoría pobres y muy alejadas. También nació Liconsa, otra empresa paraestatal que distribuye leche, en polvo y líquida, a precios accesibles para muchas familias.
Durante muchos años, ni el Revolucionario Institucional (PRI) ni Acción Nacional (PAN) se atrevieron a destruir ambas empresas, que eran rentables y representaban una ayuda real para la población pobre. Pero las cosas cambiaron en perjuicio de millones de mexicanos cuando llegaron al poder Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el morenismo pues, además del apoyo alimentario a los pobres, empezaron a demolerse los sistemas de salud, educación, vivienda, etc., y a reaparecer los actos de corrupción que tanto critica el actual Presidente.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fue creada en 2019, cuando el Gobierno Federal declaró su intención de ofrecer “productos baratos y de mayor calidad”. Un año después, Segalmex fue una de las empresas paraestatales con más opacidad; y así permanece. La Auditoria Superior de la Federación (ASF), órgano de la Cámara de Diputados, que revisa la Cuenta Pública del Gobierno Federal, ha detectado irregularidades en los contratos de compra-venta de Segalmex, en los que se presume la existencia de conflictos de interés.
En 2019, por ejemplo, se detectaron desfalcos por 15 mil 401 millones 11 mil pesos cometidos por Segalmex y sus filiales, monto que duplicó el de la “estafa maestra” (que fue de siete mil millones de pesos) uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente del país. En Diconsa, el monto por aclarar es de mil 462 millones 111 mil pesos debido a que las mercancías caducaron, fueron adquiridas en mal estado o no se desplazaron; también falta justificar cuatro mil 321 tiendas y comprobantes de contratos de servicios.
Liconsa debe justificar un monto por 258 millones 41 mil 100 pesos y la ASF advirtió que si esta empresa no logra mantener o aumentar sus ventas netas y disminuir sus gastos de operación, no alcanzará sus objetivos y pondrá en duda su existencia y rentabilidad. A decir de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el desvío de recursos es similar al que se usó en la “estafa maestra”: se contrataron empresas fachada y convenios irregulares en la compra de leche en polvo.
Las auditorías de la ASF han revelado que el actual desabasto que afecta a las tiendas de Segalmex se debe a que las mercancías almacenadas caducaron. Aunque el maíz y la leche son los productos más demandados, nunca salieron, porque su calidad era extremadamente baja como para perecer rápidamente. ¿Quién es el responsable de esto?, ¿por qué estos productos eran de muy baja calidad? La respuesta sigue sin conocerse.
En su informe sobre la Cuenta Pública de 2021, la ASF denunció inconsistencias por dos mil 346 mdp únicamente en Segalmex, que está bajo control de la Secretaría de Agricultura. Desde su creación en 2019 ha acumulado más de 15 mil mdp no comprobados. Hoy es fácil constatar el aumento en el precio del kilo de tortillas y el deterioro en el nivel de vida del pueblo mexicano, empeoramiento del que es responsable el gobierno de AMLO.
Es momento de exigir cuentas claras al gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque en un país donde la canasta básica cuesta dos mil 500 pesos y la alimentación de los mexicanos está en peligro. Por el momento, querido lector, es todo.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).