La detención de seis jóvenes en Xalapa acusados de “ultrajes a la autoridadˮ provocó la denuncia de numerosos procesos que hoy está por desechar el Congreso local; sobre esta figura delictiva creada por su gobierno, Cuitláhuac García Jiménez declaró que acatará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Todo inició el pasado tres de septiembre de 2021 en las inmediaciones de un centro comercial en la ciudad de Xalapa, cuando varios policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, entre quienes se hallaban varias personas encapuchadas, detuvieron a los jóvenes, revisaron sus pertenencias, los hicieron cruzar los brazos a la espalda y les colocaron esposas metálicas para luego remitirlos a los separos policiales, donde firmaron documentos –hecho que grabaron con sus teléfonos celulares– y fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, donde fueron acusados de “ultraje a la autoridad” porque los policías afirmaron que los atacaron con cuchillos, razón por la que el Juzgado Estatal 1 declaró legal la detención y los vinculó a proceso. Sin embargo, los detenidos revelaron que la acusación es falsa.

El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila, grabó varios videos en redes sociales, en los que se denuncia que la detención es ilegal y anunció que ejercería la presión necesaria para que tal delito fuera derogado en Veracruz. Los jóvenes tramitaron y ganaron un amparo, y fueron liberados la noche del sábado 18 de diciembre, cuando el juez regresó de sus vacaciones.

El 30 de diciembre del año pasado se formuló la recomendación 146/2021, dirigida al gobernador García Jiménez para que no se violaran los derechos humanos de los jóvenes y que los pusiera en liberad, porque la imputación que se les había hecho era indebida y su detención había sido arbitraria en manos de los policías de la SSP y los agentes de la FGE.

El organismo autónomo advirtió que recabó pruebas suficientes para acreditar que se violaron los derechos humanos de las víctimas, debido a que los elementos de la SSP del estado realizaron la detención sin apegarse a los lineamientos legales constitucionales, ya que su detención se ejecutó sin orden de aprehensión, no acreditaron flagrancia y el caso no había sido urgente.

Además –prosigue la recomendación– se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia porque las autoridades de la FGE no valoraron objetivamente las evidencias contenidas en el proceso, porque no hay duda de que los elementos de la SSP se apartaron de la verdad, se desestimaron las pruebas de los imputados y se ratificó la resolución de mantener a las víctimas en prisión preventiva.

La CNDH incluyó, en su documento oficial, la consideración de que los servidores públicos involucrados en ese asunto exhibieron una manifiesta falta de compromiso con la cultura de la legalidad; tampoco cumplieron con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Por todo lo anterior, el órgano nacional solicitó al gobernador García Jiménez y a la titular de la FGE de Veracruz que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz (CEEAIV), proceda a la reparación del daño ocasionado, brinde a las seis víctimas la atención médica y psicológica gratuita que requieran y que se active el procedimiento legislativo necesario para derogar del Artículo 331° del Código Penal de Veracruz la figura penal en cuestión y prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.

También recomendó que se proceda en contra de los servidores públicos mediante la presentación de una denuncia de hechos ante la misma FGE y se siga penalmente la comisión de los hechos referidos en la recomendación, es decir, contra dos fiscales y siete policías estatales que acusaron injustamente a los seis jóvenes detenidos.

O sea, la fiscal décima tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Virginia Carrera Cumplido; la fiscal décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Susana Wong Palmeros y los policías Luis Fernando Hernández Solís, Esteban Daniel Tiel Rivas, Rocío Nava Hernández, Filiberto García Reyes, César Eduardo García Morales, Lizbeth Solano Santiago y Jesús Carlos Flores Rivera.

Presión de abogados y asociaciones civiles

Los colegios de abogados en Veracruz afirman que las personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridades llegan a 800. Los integrantes del Colegio de Abogados y Juristas de Veracruz anunciaron incluso que acudirán al Senado de la República para solicitar la revocación de la Ley de Ultrajes a la Autoridad porque están registrándose 200 casos a la semana.

“Exigimos los presentes que sea revisada minuciosamente para evitar detenciones arbitrarias o abuso de autoridad por parte de la Policía Preventiva. El principio de legalidad debe ser respetado y hemos visto que el gobernador Cuitláhuac está preocupado por la administración de justicia”, aseguraron en una conferencia de prensa.

El presidente de la Barra de Abogados de Xalapa, Octavio Ruiz Martínez, indicó, por su parte, que el delito de ultrajes a la autoridad, incorporado al Código Penal de Veracruz, representa un atentado contra los derechos humanos y que por ello debe ser revocado por el Congreso de Veracruz.

“Es una figura totalmente represiva la que se está utilizando contra los ciudadanos. La policía a veces interpreta mal una reacción de los ciudadanos en el momento en que son detenidos, a criterio del policía lo ponen a disposición de la fiscalía; los fiscales, lamentablemente, integran indebidamente las carpetas de investigación, sin hacer un estudio profundo sobre los hechos; únicamente la consignan al vapor, lo vinculan a proceso y los jueces de control, sin estudiar a fondo el asunto, determinan y les dictan una prisión preventiva oficiosa”.

El abogado señaló que, cuando los presuntos delincuentes agreden a los policías, éstos tienen la posibilidad de proceder legalmente por el delito de lesiones.

Gilberto Farías Morales, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C. y Mario Alberto López De Escalera Hernández, coordinador general de Delegaciones del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, aclararon que esta figura delictiva está propiciando la comisión de muchos abusos contra los ciudadanos veracruzanos.

“Ante los abusos y violaciones de derechos humanos que se han venido y se vienen cometiendo en agravio de la ciudadanía veracruzana con motivo del delito de ultrajes a la autoridad previsto y sancionado por el Artículo 331° del Código Penal para el Estado, el cual fue aprobado por la legislatura de esta entidad, los distintos Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, previo análisis del precepto legal, consideramos que éste es resultado de un exceso legislativo que la sociedad veracruzana no merece, puesto que la figura que se considera como delito grave y que actualmente amerita prisión preventiva oficiosa se está aplicando por los cuerpos policiacos con exceso y como una medida represiva y violatoria de los derechos humanos, del principio de inocencia y del debido proceso en agravio de la población”, puntualizaron.

Los penalistas además propusieron, al Congreso del Estado de Veracruz, abrogar este delito o, en su defecto, cambiar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por una menos lesiva que permita al imputado enfrentar su proceso en libertad.

En tanto, el colectivo Resistencia Ciudadana Xalapeña reveló que ha recibido, de varios municipios de Veracruz, entre 150 y 200 reportes semanales de detenciones policiales arbitrarias con el argumento de ultrajes a la autoridad.

Ricardo Daniel Alarcón Peñaloza, miembro de esta organización, informó que, en algunos casos, han logrado desestimar el cargo imputado con la presentación de pruebas, pero que su número solo llega al 20 por ciento cuando se trata de denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC).

“De hecho, todas estas quejas se vuelven vinculantes hacia una denuncia en Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía Contra Servidores Públicos, ahí hemos ingresado estas denuncias. Aproximadamente, solo el 20 por ciento se atreve a denunciar. Muchas veces hay amenazas de por medio, sobre todo en las detenciones, les dicen que no va a proceder”, aclaró

Alarcón Peñaloza recomendó a los ciudadanos informarse en materia de derecho para conocer sus garantías, defenderlas y evitar abusos policiales.

La respuesta de Cuitláhuac

En una conferencia de prensa celebrada en Palacio de Gobierno el pasado 12 de enero, el gobernador García Jiménez anunció que firmó el documento donde se compromete a acatar la recomendación de la CNDH.

“La aceptación es en sus términos, no se puede aceptar a medias. Bueno sí se puede hacer parciales y se debe justiciar, pero nosotros no. Tenemos confianza en que la Comisión está en manos de otras personas, que no se va a prestar a tintes políticos ni a golpeteo mediático”, declaró, y previó que, en unos días más, enviaría la respectiva iniciativa al Congreso Local.

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, ha sido insistente en la necesidad de reformar el Código Penal para que la sanción por el delito de ultrajes a la autoridad se modifique y no incluya cárcel preventiva oficiosa como medida cautelar.

El líder partidista consideró que el uso de esta sanción resulta excesiva en la mayoría de los casos; que las autoridades supuestamente agraviadas no han podido demostrar su comisión y que ello representa un atentado a los derechos humanos y que violenta la presunción de inocencia.

La presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso Local, Anilú Ingram Vallines, exhortó al titular de la SSP en la entidad a garantizar a la sociedad que sus elementos actúen correctamente cuando presuman que supuestamente se ha cometido el delito de ultrajes a la autoridad.

“La lógica de esta modificación legal fue que la ciudadanía respetara a la autoridad cuando está ejerciendo sus facultades; por otro lado, parece que ésta está diseñada para que la autoridad abuse del ciudadano”, comentó y recordó que a la SSP, como autoridad preventiva, le corresponde hacer el mayor número de detenciones, remitir a las personas detenidas y emitir sus “partes oficiales”, con los que las fiscalías consignan la “presunta comisión” del delito de ultrajes a la autoridad.

A raíz del caso de los seis jóvenes xalapeños, el Senado de la República creó una comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, la cual encabezaba el senador veracruzano Dante Delgado Rannauro. Ésta ha documentado más de 50 casos hasta el momento.

Uno de los más connotados fue la detención del diputado federal electo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rogelio Franco Castán, quien se encuentra en prisión desde marzo de 2021 por la presunta comisión del delito de ultrajes a la autoridad después de que supuestamente rompió la manga de la camisa a un policía ministerial. Primero fue internado en el penal de Pacho Viejo, cercano a la capital del estado y, posteriormente, fue trasladado al de Amatlán, en la zona centro de la entidad.

El abogado Luis Enrique González Lira, defensor del perredista, afirma que la detención es un acto arbitrario, injustificado y desapegado al Estado de Derecho, pues no hay ningún elemento jurídico que acredite el riesgo cautelar y que se encuentre tras las rejas, además de que no existe evidencia de que haya cometido un delito grave contra el policía.

El senador Delgado hizo un llamado al Poder Judicial para que actúe conforme a derecho en este caso, pues se trata de un personaje de la vida pública del estado.

“Se trata de un procedimiento al margen de la ley, donde se utilizó el poder público para agraviar a un personaje notorio de la lucha política del estado de Veracruz y que tiene una dimensión importante. Todos los casos serán claramente documentados, pues no se trata de agravar o incomodar a ninguna institución sino de impedir que haya violaciones al Estado de Derecho y a los derechos humanos de la ciudadanía de la entidad”, apuntó, además de que se trata de un delito con una “dimensión pervertida” y es inconstitucional.

“Es una acción regresiva y autoritaria porque basta con que una persona diga que fue ultrajada, sin tener ninguna evidencia para ser detenido con prisión preventiva”, enfatizó.

Otro de los hechos de mayor gravedad se registró en el municipio de Apazapan cuando, el pasado ocho de octubre, los hermanos Heber y José Antonio Galán Contreras fueron despojados de su terreno por policías estatales y representantes de Cementos Moctezuma. Al oponerse al despojo e intentar grabar la acción con su celular, fueron encarcelados por el delito de ultrajes a la autoridad y obstrucción de las vías de comunicación, pues su terreno sirve de paso a los camiones de volteo de la empresa.

A pesar de que el segundo delito fue desechado, fueron recluidos en el penal de Pacho Viejo en Coatepec y posteriormente en el de Tuxpan y Pánuco, al norte de la entidad.

“La pelotaˮ está en el Congreso

El Congreso Local, conforme al procedimiento, tenía 15 días para desechar de la ley el delito de ultrajes a la autoridad. Para abrogarla o reformarla, se necesita mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los 50 votos, los cuales pueden ser reunidos por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados.

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) Jaime Enrique de la Garza Martínez, Verónica Pulido Herrera, Miguel David Hermida Copado, Nora Jessica Lagunes Jáuregui y Enrique Cambranis Torres, así como las del Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, y Maribel Ramírez Topete, presentaron una iniciativa para derogar el Artículo 331° del Código Penal, pero sus votos no les alcanzan.

Antonio Luna Rosales, de la bancada morenista, informó que dada la premura del tiempo para su discusión en foros, está revisando a detalle, con especialistas, las implicaciones que tiene para que no queden vacíos legales que permitan malas prácticas tanto de las autoridades como de los ciudadanos.

Hasta el cierre de esta edición, el asunto no se había discutido en el pleno de la LXVI Legislatura local y los diputados de oposición aseguraban no conocer la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, además de que éste no ha informado si ya la envió. El periodo ordinario de sesiones del Congreso de Veracruz terminó el 31 de enero.