La Revolución Cubana cumple 62 años en un mundo multipolar donde su triunfo sobre el imperialismo estadounidense le permitió construir una sociedad nueva con base en la reforma agraria, la educación gratuita, la salud universal y principios humanitarios que hoy son un ejemplo para otros países. En 2020, Cuba fue un referente exitoso de cómo combatir el Covid-19.

En los últimos cuatro años, la Revolución Cubana desafió la ola destructiva de Donald John Trump, quien pretendió impedir la autodeterminación de 11.3 millones de personas con el bloqueo económico-tecnológico, que es terrorismo de Estado. Ahora el presidente electo de Estados Unidos (EE. UU.) tiene el compromiso histórico de ver a Cuba desde una perspectiva opuesta a la barbarie facinerosa ideada por sus antecesores.

El 1° de enero de 1959 triunfó el movimiento contra la dictadura cubana y comenzó el proceso revolucionario que puso al ciudadano en el centro de la atención del Estado. Con terror porque perdía sus privilegios en La Isla, la élite del poder en EE. UU. intentó, con todos sus medios, frenar el derecho al desarrollo de su antigua colonia.

Bloqueo económico, sabotajes, extorsión a terceros para no cooperar con La Isla y la desinformación han sido el rostro de la obscena política exterior de EE. UU. hacia Cuba. Pese a transitar por múltiples y variadas encrucijadas a lo largo de estas décadas, los cubanos y su revolución han sido capaces de transitar hacia vías cada vez más creativas para sobrevivir y dar el ejemplo al mundo.

Detrás del impulso por la integración latinoamericana ha estado la Revolución Cubana, así como tras la defensa de los recursos naturales para el desarrollo de las naciones. Fue pionera en llevar campañas de alfabetización al mundo y ayuda médico-humanitaria a Estados en situación de desastres, guerras o pandemias.

En todos los foros multinacionales, sus dirigentes han exigido el fin de la deuda con la usurera banca mundial y han reprochado el vasallaje de quienes imponen a sus pueblos la sumisión al imperialismo.

Los valores y principios de ese proceso ya son patrimonio de los pueblos de América Latina (AL), África, Asia y de quien en EE. UU. y Europa trabajan por el fin de la insultante desigualdad. Ése es su legado y por eso la exasperación del hegemón.

Así lo reconoció el presidente Miguel Díaz-Canel, cuando al finalizar 2020, declaró: “Hemos vivido, quizás, el año más duro de la Revolución en las últimas décadas. Hemos tenido más bloqueo y carencias, pero menos muertes y contagios tras vencer la primera y segunda ola de Covid-19”.

Ese enorme logro sanitario, humillante para la superpotencia, muestra al presidente electo Joseph Robinette Biden la calidad sociopolítica y cultural de la nación vecina a solo 144.8 kilómetros de sus costas.

Él y las fuerzas que representa, saben que toda relación con AL y el Caribe pasa por su proceder hacia La Isla. En campaña afirmó que la política de Trump hacia La Isla era un “fracaso total” y manifestó su intención de dar un nuevo enfoque hacia esa nación. Queda por verse cuál será.

Asfixia criminal

Mientras tanto, está en curso la siniestra estrategia de Donald Trump para incitar a la disidencia interna y mantener un estallido social desde afuera, que detone un cambio de gobierno en Cuba. Sus mecanismos son endurecer el ilegal bloqueo hasta imposibilitar todo suministro de bienes y recursos, y repartir, desde el Departamento de Estado, millones de dólares a pseudodisidentes.

En el último tramo de su presidencia, Trump adoptó medidas que cerraron el acceso de Cuba a alimentos y bienes básicos. Como sus antecesores, desde 1959, el neoyorquino presionó a sectores de alto impacto social en La Isla. Solo en un año ocasionó pérdidas por cinco mil millones de dólares (mdd).

Entre abril de 2019 y marzo de 2020, causó pérdidas en salud por 160.2 mdd, en educación 21.2 mdd; y en alimentación y agricultura, el déficit sumó 428.8 mdd. Con ánimo criminal, impunidad y atropello al derecho internacional, Trump ordenó acciones que entorpecieron la atención a víctimas de Covid-19 y frustró la compra de equipos e insumos para tratar el virus.

El empresario hizo todo lo que pudo para ahogar al pueblo de La Isla y tuvo el cinismo de decir que lo ayudaba. Cuando impedía, retrasaba o aumentaba el costo al traslado de barcos con petróleo o impedía el comercio, las transferencias de dinero, decía socarrón: “no saben gestionar la economía”.

Cuba gestionó ejemplarmente la crisis sanitaria y sus efectos al fortalecer su industria biomédica y relacionarse con colegas de naciones amigas. Entretanto, amortiguó los daños por huracanes y envió 53 brigadas médicas a decenas de países. “No dejó a nadie desamparado”, describió Enrique Ubieta en Granma.

Sin embargo, EE. UU. y sus aliados difamaron a las brigadas médicas. “Ése es el esfuerzo de Donald John Trump contra la Cuba revolucionaria, antes de salir de la Casa Blanca”, denunció Johana Tablada, del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Isla.

En plena campaña electoral, y para atraerse votos de la derecha, Trump prohibió a Western Union trabajar en La Isla y así impidió el envío de remesas. Colérico, redujo la frecuencia de viajes aéreos que transportan bienes de consumo básico; vetó donativos y adquisiciones en otros países con destino a La Isla. Alegó que violaban su ilegal bloqueo.

Con esa iracunda racha de represalias, Trump también violó el derecho humano de sus conciudadanos al esparcimiento y libre tránsito cuando impidió los viajes turísticos a La Isla en aviones, cruceros y embarcaciones privadas. Solamente le importó que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros impusiera 12 multas por más de dos mil 403 mdd a organizaciones de EE. UU. y a terceros por relacionarse con La Isla.

Por esta injustificada ola de castigos contra un país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), analistas estadounidenses piden el fin del bloqueo. Explican que también perjudica su economía, como demuestran William M LeoGrande y Peter Kornbluth en su espléndido ensayo sobre la relación entre Washington y la Habana.

Opositores, criminales a sueldo

EE. UU. financia la violencia contra Cuba de forma sistemática. El Departamento de Estado, su brazo ejecutor, anunció que antes de concluir el 2020, destinaría un millón de dólares para “programas de derechos religiosos y laborales”. Es decir, actos de subversión disfrazados. Así, quienes aspiren a recibir dinero a cambio de delinquir, solo deben registrarse en el sitio cubamoneyproject.com.

“La violencia y el terrorismo son parte del plan para desestabilizar nuestra sociedad. Basta ver la catadura moral de los mercenarios y sus financistas”, escribió en Twitter el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel el dos de diciembre.

El mensaje siguió a la presentación de videos que revelan cómo, desde EE. UU. se incita a cubanos en La Isla a sabotear y subvertir, en su país, a cambio de dinero y promesas de emigrar. Ésa fue la causa por la que, en mayo de 2019, se descarriló un tren de contenedores en el Mariel, la zona de mayores inversiones en el país.

En el material fílmico, los participantes del ataque a vehículos, consultorios médicos, centros educativos y locales de cómputo, confiesan cómo recibieron instrucciones detalladas para actuar. Narran cómo incendiaron instalaciones comerciales y de servicios en La Habana y el interior.

Ahí se ve cómo personas y organizaciones radicadas en EE. UU. facilitan dinero a cubanos para cometer esos ataques. La mayoría de los instigadores residen en el sur de Florida. Por eso, Cuba alertó al gobierno de EE. UU. sobre esos planes terroristas; pero la superpotencia simuló actuar contra los delincuentes sin enfrentarlos, confirman los videos.

El dinero para cometer delitos en Cuba procede del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Llega a “disidentes”, “activistas por la democracia” y “periodistas independientes” que forman una red adoctrinada y criminal.

Algunos grupos son tan secretos porque ni la USAID ni el Departamento de Estado los transparentan, denunció el periodista Tracey Eaton, experto en rastrear esos fondos, y se amparan en que la Ley de Libertad de Información prohíbe divulgar estrategias “para rescatar la democracia cubana”.

Pesquisas recientes detectaron los montos que EE. UU. destina a la subversión en Cuba. La USAID pagó públicamente 67 mdd este año a 54 grupos, pero se ignora a cuántos otros financian el Departamento de Estado y la Agencia Nacional para el Desarrollo (NED) o sus contratistas.

Eaton encontró que EE. UU. financia, en Cuba, a Agora Cuba Inc, Arlenia, Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social, Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos, Cubalex, Asociación Civil Cronos, Asociación Diario de Cuba, Center for a Free Cuba, Cuban Soul Foundation, Inc. CubaNet News, Inc, Echo Cuba/Americas Relief Team, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir AC, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y National Democratic Institute for International Affairs, entre otras pseudorganizaciones.

Solo el Directorio Democrático Cubano, cliente favorito del Departamento de Estado y la USAID, recibió seis millones 970 mil 939 dólares entre 2006 y 2019, según registros. Su amplio margen de acción se ve en sus cuentas: en un año pagó 103 mil 647 dólares a 746 “empleados, agentes y contratistas independientes” en EE. UU. y pagó en Cuba 48 mil 288 dólares a mil 930 personas.

El modus operandi del ciclo desestabilizador empieza en EE. UU., donde un grupo de residentes (algunos de origen cubano) hacen labor de cooptación de personas en La Isla para que cometan sabotajes. Yamila Betancourt, llamada en redes La Hija de Maceo instruyó a Abdel Alonso Cárdenas para armar la protesta de “artistas” ante el Ministerio de Cultura y le aseguró: “Esto es lo que esperamos para el estallido social”.

El 16 de noviembre, en vísperas del aniversario 501 de La Habana, estalló una bomba molotov en la gasolinería del municipio del Cerro, y alguien dañó la mampostería y la puerta de cristal del Banco de Crédito y Comercio en Las Tunas. Tras su detención, los autores, Alejandro Cesaire y Manuel Arias, confesaron que recibieron dinero por ello, y que los incitó Yamila Betancourt a través de Facebook y WhatsApp.

“Ella no pagaba las actividades, sino una amiga”, confirmó Arias. Recibió 200 CUC (unos 200 dólares) por golpear policías, destruir tiendas, hoteles, campos de caña y 500 CUC por desvalijar las cajas de CUPET (donde se cambian divisas).

Otro cubano residente en EE. UU., Alipio Alexis Estupiñán, ordenó a José Osmaní y Francisco Correa quemar mercados, lanzar cadenas en conexiones eléctricas, verter arena en motores de autobuses y mostrar carteles contrarevolucionarios en zonas turísticas. Se los arrestó cuando intentaban ubicar a dos oficiales del Ministerio del Interior para asesinarlos a golpes.

A la par, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantiene campañas de desinformación mediante la denuncia de supuestas violaciones a derechos humanos y a la libertad de expresión, a la que destina cuantiosos recursos.

Entretanto, la versión sesgada de medios “independientes” como CiberCuba, los llama “jóvenes demócratas”, animados por Iliana Hernández, simpatizante de Trump y temerosa de que Biden no los apoye igual.