Este trabajo busca entender San Quintín como una economía de enclave imperialista; mostrará algunos datos de cómo el nacionalismo no tiene ningún sentido cuando el país funciona bajo la lógica del imperialismo.
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Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se esfuerce por hallar “nuevas” estrategias con las cuales contener los problemas más graves del país; en sus dos primeros meses de gobierno, la violencia delictiva y la inseguridad pública permanecen como el “coco” que aterra a los ciudadanos. Hasta el cinco de diciembre se habían contabilizado cinco mil 189 homicidios dolosos, con el promedio más alto entre 80 y 90 diarios en Sinaloa y el más bajo entre 15 y 20 en Michoacán, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México (CDMX).
La política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior aún continúa y ha trascendido que no pretende irse a pesar de su fracaso y porque los gobiernos morenistas están pensando en llegar a un “acuerdo” con los grupos delictivos. Hasta hoy, los únicos resultados tangibles en este rubro deben ser atribuidos a Donald Trump que, con sus amenazas de aplicar aranceles a las mercancías mexicanas, logró que Claudia Sheinbaum y Omar García atacaran a los cárteles de las drogas (principalmente de fentanilo) y contener, ¡con mucho gusto!, a los migrantes.
La estrategia de seguridad que el actual gobierno activó ha logrado algunos éxitos, como la captura de más de tres mil personas por delitos de alto impacto, entre ellos algunos que, en el argot “harfuchista”, son denominados “generadores de violencia”; y la de varios funcionarios públicos de rango municipal implicados o relacionados con el crimen organizado, según los investigadores de “la operación enjambre”. Con respecto a esta acción, sin embargo, hay analistas que aseguran que, en realidad, se trató de una venganza política entre el Gobierno Federal y el mexiquense.
Sea lo que sea, los primeros 60 días del gobierno de Sheinbaum Pardo han sido marcados por homicidios de políticos, enfrentamientos entre militares y civiles, múltiples asesinatos en centros nocturnos y crímenes contra figuras religiosas. En su mañanera del cuatro de diciembre, la Presidenta anunció que su titular de Seguridad Pública se había trasladado a Sinaloa por tiempo indefinido para reducir la ola de violencia en aumento, agravada por el estallido de un coche-bomba, y no se había logrado frenar la guerra entre grupos criminales, desatada por el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y de la manifiesta incapacidad del gobernador Rubén Rocha Moya.
La primera acción de García Harfuch fue una reunión con el gobernador, en la que aclaró que no estaría por tiempo indefinido en Sinaloa, pero que sí iría con frecuencia a esa entidad. Entrevistado por la prensa reveló que “las autoridades no pueden evitar la comisión de actos delictivos y hechos violentos en su totalidad; pero sí pueden trabajar en evitar la impunidad”, e informó que “la estrategia de seguridad que se aplica en Sinaloa para frenar la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa no presentará resultados de la noche a la mañana”. ¡Qué bueno que lo aclara!
Estos primeros pasos para atacar la violencia delictiva y la inseguridad pública no están mal; habrá que esperar más y mejores resultados, porque si se insiste en la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”, defendida a capa y espada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, habrá retroceso en lugar de avances para tranquilidad de los mexicanos. Sheinbaum Pardo y García Harfuch fueron blanco fácil de los dardos lanzados por el embajador estadounidense Ken Salazar, quien declaró que “México no es seguro”, que la austeridad republicana puede dejar la seguridad peor de lo que está y que la estrategia de abrazos, no balazos, no funciona.
Esta declaración le dio en la mera cabeza a la Presidenta, pues sólo en los primeros dos meses de su gobierno se cometieron más de cinco mil homicidios dolosos. ¿El aún embajador Ken Salazar tendrá razón? Conoceremos la respuesta conforme avanza la nueva administración federal. Por el momento, querido lector, es todo.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).