La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que la participación “inédita” en este sexenio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en proyectos de infraestructura conlleva sus riesgos, “como la opacidad en el uso del presupuesto, la falta de transparencia en sus convenios de colaboración, irregularidades en el ejercicio del gasto y la reserva de información por razones de seguridad nacional”, entre otros.
El IMCO recordó que, de acuerdo con el titular de Sedena, entre 2019 y 2023, el número de obras en las que ha participado esa dependencia asciende a 2 mil 823, lo que constituye un aumento significativo si se considera que entre 2006 y 2018 la institución incursionó en la construcción de 851 obras civiles y militares.
En su análisis, el Instituto destaca que, pese a que su participación en Proyectos de Construcción se encuentra dentro del marco legal, las construcciones de obras civiles se realizan en un contexto de opacidad en varios aspectos, ya que no es posible conocer de forma completa y detallada los términos de la subcontratación de otros actores para cumplir con los términos de los tiempos en los proyectos de la obra pública.
Estas dos modalidades para ejercer el presupuesto de obra son distintas en su magnitud: mientras 2 mil 449 millones de pesos, es decir, 2 por ciento de su gasto total se destinaron a las obras públicas en bienes propios, 36 mil 798 millones, el 25 por ciento de su gasto, se transfirieron al FPAPEM en 2022.
En lo que se refiere a los recursos de obra ejercidos a través del FPAPEM, es posible observar un incremento significativo en su saldo disponible en 2019. Sus egresos, sin embargo, no siguieron la misma tendencia hasta 2021, periodo en el que se gastaron 31 mil 874 millones de pesos destinados, en su mayoría, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En 2022 y 2023 estos niveles de egresos se han mantenido en un nivel inferior -pero alto- y es imposible conocer cómo se ejercieron esos recursos, concluyó el IMCO.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
Los estados más afectados son: Chihuahua, Jalisco y Chiapas.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera