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Son viejos y muy conocidos los argumentos en que se basa la división de poderes que existe en los países considerados como democráticos; los partidarios de la democracia y sus principios no deberían ignorarlos y tampoco debería ser necesario recordárselos a quienes presumen de luchar por una sociedad democrática y combatir la corrupción, es decir, las banderas que el Presidente de la República había enarbolado antes de asumir el cargo de primer mandatario.
Dentro de pocas semanas, el Congreso de La Unión discutirá, aprobará o modificará la iniciativa presidencial que propone reformas al Poder Judicial de la Federación y la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos. El resultado que se espera de esa discusión, dada la composición del máximo órgano legislativo es, sin duda alguna, la aprobación total de ambas propuestas, como pronostican analistas especializados. La estructura del Poder Judicial y la elección de sus integrantes será modificada; se espera también la desaparición de los organismos autónomos; con la aprobación de esta segunda propuesta se ejecutará la sentencia a muerte que hace tiempo, con otras palabras, dictó contra ellos el jefe del Ejecutivo Federal.
Hay que recordar que Morena llegó al poder gracias a las promesas de su candidato presidencial, en primer lugar la de erradicar la corrupción que, aseguraba, es causa de los más graves problemas de la sociedad mexicana: pobreza, desigualdad, delincuencia, violencia familiar y una larga cadena de males sociales; pero al término de su mandato, la corrupción no fue erradicada y los múltiples problemas que se derivan de ella permanecen como si nada hubiera ocurrido.
Una terrible pobreza y una profunda desigualdad en todo el territorio mexicano demuestran que nada cambió; el acaparamiento de la riqueza es mayor que en 2018, el neoliberalismo continúa vigente, un gran porcentaje de mexicanos no tiene acceso a la salud pública gratuita y de primer mundo y millones de jóvenes no cuentan con la atención educativa que les corresponde, muchos de ellos no pueden acceder a la educación preparatoria y quienes lo consiguen no alcanzan a ingresar a la universidad.
¿Y la democracia? El partido Morena y toda su dirigencia atentan contra ella cuando pretenden someter a todos los poderes al mando del Ejecutivo y más claramente del Presidente de la República, quien ordena y exige a diputados y senadores de Morena actuar a conveniencia de este partido y de la autodenominada “Cuarta Transformación”; atentan contra la democracia cuando pretenden desmantelar la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial, que no debe ser dirigido por ninguno de los otros dos poderes; y atentan contra los intereses del pueblo al promover la desaparición de los organismos autónomos aprovechando que han logrado la mayoría calificada, que les permitirá modificar todo aquello que les estorbe.
¿Cómo explicarnos que el Presidente de la República, electo por su discurso democrático, por sus posiciones izquierdistas y de defensa de los derechos del pueblo, ignore la importancia de la igualdad y el equilibrio entre los poderes de La Unión? ¿Cómo explicarnos que no comprenda que los organismos autónomos convienen a los intereses del pueblo, a su protección contra los abusos de cualquier gobernante presente o futuro?
La respuesta a estas interrogantes la dan algunos analistas especializados en derecho, académicos, legisladores y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Unos afirman que el partido gobernante intenta asegurar su continuidad en el poder, pero sin los obstáculos que le representaron los organismos autónomos y el Poder Judicial durante el sexenio que termina; otros afirman que se trata de aplicar el mismo modelo de gobierno de AMLO, haciendo campaña electoral desde el inicio con toda libertad y sin contrapeso alguno. Y no falta quien sostenga que se trata de una venganza, de un placer no muy racional de castigar a quienes frustraron los intentos de control absoluto durante su mandato; tal opinión es extrema, pero no descabellada y figura entre las voces que esta semana recoge nuestro Reporte Especial.
El Congreso de La Unión discutirá, aprobará o modificará la iniciativa presidencial que propone reformas al Poder Judicial de la Federación.
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Además, se han registrado 47 vehículos robados.
La hepatitis tipo A es común en niños menores de seis años en la región, lo que sugiere que esta fue la causa probable de la muerte.
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Aunque las funciones de estos organismos serán asumidas por dependencias federales, las autoridades no han garantizado que los puestos de trabajo también se transfieran a estas dependencias.
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Es muy importante en estos momentos insistir en hacer claridad sobre la verdadera naturaleza del modo de producción capitalista en su fase imperialista, porque ya nada tiene que ofrecer a los trabajadores sino lágrimas y sangre.
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Escrito por Redacción