A unas semanas de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue obstinado en desaparecer los siete organismos autónomos que, a pesar de los recortes presupuestales y las descalificaciones, lograron frustrar sus aspiraciones de control total. Estas instituciones operaron como una piedra en el zapato del mandatario quien, durante el sexenio, insistió en imponer sin “contrapeso” alguno sus objetivos “personales” y arbitrariamente en su muy “particular estilo de gobernar”, que promete reeditar Claudia Sheinbaum Pardo.

Especialistas en política y derecho constitucional revelaron que tales organismos autónomos, creados a partir de los años 90, pudieron evitar múltiples acciones gubernamentales de AMLO que hubieran vulnerado la Carta Magna.

“En general, los organismos autónomos son considerados mecanismos de control y de contrapeso en el ejercicio del poder político, estructuras que ayudan a la conformación de la democracia”, advierte Yuritzi Arredondo Martínez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su característica principal –explicó– consiste en que no están a cargo de ninguno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sino en coordinación con ellos a través de una autoridad legal otorgada por la Constitución.

“Se crearon para ayudar en algunas funciones como agilizar, independizar, controlar y realizar de manera autónoma actividades que estaban a cargo del Estado… eliminarlos sería un grave retroceso”, afirma Arredondo en su estudio Los órganos constitucionales autónomos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: conflictos y posibilidades.

En la mira de AMLO están organismos protectores de los derechos a la información y la educación de calidad, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu); y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval).

También se hallan otros que protegen los derechos socioeconómicos y las inversiones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Juez y parte 

Organizaciones civiles, especialistas e integrantes de los organismos autónomos destacaron que, con la eliminación o la integración realizada a las dependencias federales, desaparecerá la supervisión externa a las acciones del gobierno y que éste se convertirá en juez y parte en los diferendos entre gobernantes y ciudadanos.

Explicaron que una vez desaparecido el Inai, el mismo gobierno –que en este sexenio reiteradamente se negó a proporcionar datos oficiales– sería también el encargado de garantizar su entrega a los particulares que soliciten información.

Con la eliminación del Coneval no habría un organismo independiente encargado de evaluar la eficacia de los programas gubernamentales en atención social y medir técnicamente los avances en el combate a la pobreza.

Este organismo, creado en 2004 y reforzado en 2012, se encargó principalmente de medir con objetividad los resultados comprobables y creíbles de las acciones gubernamentales tanto federales como estatales, que evitaran la politización y manipulación de las cifras oficiales.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el Centro de Análisis e Investigación Fundar, México ¿Cómo Vamos? y México Evalúa difundieron conjuntamente que la supresión de los organismos autónomos implicará un retroceso de más de 20 años en el avance democrático.

Precisaron que estos organismos “son garantes de los derechos de los ciudadanos, desempeñándose como contrapeso al ejercicio del Poder Ejecutivo para preservar los derechos de la población consagrados en la Constitución”.

A semanas de terminar el gobierno de AMLO y de que Claudia Sheinbaum tome posesión como presidenta el 1° de octubre, el Presidente “empujó” a las salientes bancadas de diputados para que aprobaran, aunque fuera en las comisiones de estudio previo, las 18 reformas constitucionales propuestas el cinco de febrero.

Al dictaminar y aprobar al vapor las iniciativas de AMLO, como han hecho en el Congreso de la Unión, cuya gestión concluye el 31 de agosto, los legisladores oficialistas aseguraron que es necesario dejar “adelantado” el trabajo a sus sucesores que tomarán posesión el 1° de septiembre.

Las bancadas de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) aprobaron en comisiones las iniciativas de reforma constitucional entre ellas  la que pretende desmantelar al Poder Judicial y eliminar los organismos autónomos.

Los diputados oficialistas actualmente tienen mayoría de votos en la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el morenista Juan Ramiro Robledo, para aprobar dictámenes de las iniciativas del Presidente; pero carecen de los suficientes para la aprobación de sus dictámenes de reforma en los salientes plenos de diputados y senadores.

Al cierre de la presente edición, el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, aseguró que el 15 de agosto (dos semanas antes de terminar la actual legislatura) se formalizarían los dictámenes de las iniciativas al Poder Judicial y la eliminación de los organismos.

El 1° de septiembre entrará en funciones una nueva “aplanadora legislativa” como la que tuvo hasta 1997 el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que será capaz de aprobar cualquier reforma constitucional o ley secundaria (reglamentaria), según sea el deseo del mandatario en turno y sin que la oposición lo pueda impedir.