A unas semanas de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue obstinado en desaparecer los siete organismos autónomos que, a pesar de los recortes presupuestales y las descalificaciones, lograron frustrar sus aspiraciones de control total. Estas instituciones operaron como una piedra en el zapato del mandatario quien, durante el sexenio, insistió en imponer sin “contrapeso” alguno sus objetivos “personales” y arbitrariamente en su muy “particular estilo de gobernar”, que promete reeditar Claudia Sheinbaum Pardo.

Especialistas en política y derecho constitucional revelaron que tales organismos autónomos, creados a partir de los años 90, pudieron evitar múltiples acciones gubernamentales de AMLO que hubieran vulnerado la Carta Magna.

“En general, los organismos autónomos son considerados mecanismos de control y de contrapeso en el ejercicio del poder político, estructuras que ayudan a la conformación de la democracia”, advierte Yuritzi Arredondo Martínez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su característica principal –explicó– consiste en que no están a cargo de ninguno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sino en coordinación con ellos a través de una autoridad legal otorgada por la Constitución.

“Se crearon para ayudar en algunas funciones como agilizar, independizar, controlar y realizar de manera autónoma actividades que estaban a cargo del Estado… eliminarlos sería un grave retroceso”, afirma Arredondo en su estudio Los órganos constitucionales autónomos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: conflictos y posibilidades.

En la mira de AMLO están organismos protectores de los derechos a la información y la educación de calidad, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu); y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval).

También se hallan otros que protegen los derechos socioeconómicos y las inversiones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Juez y parte 

Organizaciones civiles, especialistas e integrantes de los organismos autónomos destacaron que, con la eliminación o la integración realizada a las dependencias federales, desaparecerá la supervisión externa a las acciones del gobierno y que éste se convertirá en juez y parte en los diferendos entre gobernantes y ciudadanos.

Explicaron que una vez desaparecido el Inai, el mismo gobierno –que en este sexenio reiteradamente se negó a proporcionar datos oficiales– sería también el encargado de garantizar su entrega a los particulares que soliciten información.

Con la eliminación del Coneval no habría un organismo independiente encargado de evaluar la eficacia de los programas gubernamentales en atención social y medir técnicamente los avances en el combate a la pobreza.

Este organismo, creado en 2004 y reforzado en 2012, se encargó principalmente de medir con objetividad los resultados comprobables y creíbles de las acciones gubernamentales tanto federales como estatales, que evitaran la politización y manipulación de las cifras oficiales.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el Centro de Análisis e Investigación Fundar, México ¿Cómo Vamos? y México Evalúa difundieron conjuntamente que la supresión de los organismos autónomos implicará un retroceso de más de 20 años en el avance democrático.

Precisaron que estos organismos “son garantes de los derechos de los ciudadanos, desempeñándose como contrapeso al ejercicio del Poder Ejecutivo para preservar los derechos de la población consagrados en la Constitución”.

A semanas de terminar el gobierno de AMLO y de que Claudia Sheinbaum tome posesión como presidenta el 1° de octubre, el Presidente “empujó” a las salientes bancadas de diputados para que aprobaran, aunque fuera en las comisiones de estudio previo, las 18 reformas constitucionales propuestas el cinco de febrero.

Al dictaminar y aprobar al vapor las iniciativas de AMLO, como han hecho en el Congreso de la Unión, cuya gestión concluye el 31 de agosto, los legisladores oficialistas aseguraron que es necesario dejar “adelantado” el trabajo a sus sucesores que tomarán posesión el 1° de septiembre.

Las bancadas de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) aprobaron en comisiones las iniciativas de reforma constitucional entre ellas  la que pretende desmantelar al Poder Judicial y eliminar los organismos autónomos.

Los diputados oficialistas actualmente tienen mayoría de votos en la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el morenista Juan Ramiro Robledo, para aprobar dictámenes de las iniciativas del Presidente; pero carecen de los suficientes para la aprobación de sus dictámenes de reforma en los salientes plenos de diputados y senadores.

Al cierre de la presente edición, el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, aseguró que el 15 de agosto (dos semanas antes de terminar la actual legislatura) se formalizarían los dictámenes de las iniciativas al Poder Judicial y la eliminación de los organismos.

El 1° de septiembre entrará en funciones una nueva “aplanadora legislativa” como la que tuvo hasta 1997 el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que será capaz de aprobar cualquier reforma constitucional o ley secundaria (reglamentaria), según sea el deseo del mandatario en turno y sin que la oposición lo pueda impedir.

Venganza y placer perverso

Enrevistado por buzos, Rodolfo Martínez, especialista en Derecho por la UNAM, afirmó que AMLO exigió a sus legisladores de este Congreso adelantar los dictámenes porque teme que no le alcance septiembre, su último mes como Presidente, para que la nueva legislatura apruebe sus reformas al Poder Judicial y a los organismos autónomos.

Es para conseguir –estimó– que el Presidente “se dé el placer perverso de promulgarlas y publicarlas. Porque eso es: un placer perverso el desaparecer los organismos constitucionales autónomos y trastocar el Poder Judicial de la Federación; y no se le puede denominar de otra manera.

“No tiene una razón ni de austeridad, ni tiene una razón de corrupción, ni de alguna otra circunstancia que no sea el simple hecho de que, durante seis años, no pudo tener el control y el poder absoluto depositado en una sola persona”, apuntó el académico.

“De ahí la gran molestia para con el Poder Judicial. Por ejemplo, que ésta haya sido el freno que constitucionalmente, de forma válida, le puso la Suprema Corte a muchas iniciativas de ley, o muchas leyes aprobadas por el Congreso (por Morena y sus aliados), que eran inconstitucionales”.

Las violaciones constitucionales, apuntó el también abogado litigante, no únicamente se dieron “en la materia que correspondía a cada una de esas leyes, sino también en el proceso de aprobación durante el proceso legislativo”.

Sobre la eliminación de los organismos constitucionalmente autónomos, Martínez consideró que también “es un placer perverso, porque estos organismos, que tardaron años en poderse diseñar y en poder lograr una eficiencia a toda prueba, de que cumplían con su misión constitucional, han sido contrapesos del Poder Ejecutivo”.

El especialista ejemplificó las funciones del Inai que develó “muchas cuestiones de probables actos de corrupción en las obras emblemáticas de este sexenio”.

“Cuando analizamos la verdad de los hechos… no podemos llegar a una conclusión diversa, sino de que esto es un acto de venganza y de placer perverso del Presidente de acabar con todos aquellos organismos y poderes que no le permitieron ejercer un poder autoritario, prácticamente dictatorial, durante su sexenio”, denunció Martínez.

Además, desde 2019, durante las aprobaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), las bancadas de oposición del saliente Congreso denunciaron el embate de AMLO contra los organismos autónomos mediante la reducción de su gasto, contraria al aumento del gasto de las supuestas “magnas obras”, entre ellas la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que hasta ahora no ha producido ni un litro de gasolina.

En noviembre de 2023, el presidente de la comisión de Presupuesto, el morenista Erasmo González Robledo, confirmó que, para 2024, se recortaron 13 mil 262 millones de pesos (mdp) a los organismos autónomos, dinero que sería utilizado para financiar las Becas del Bienestar. Quitaron 11.1 por ciento a la Cofece y al Inai 6.1 por ciento.

Al respecto, el diputado panista Héctor Saúl Téllez criticó el hecho de que en 2023 se asignaran 147 mdp al proyecto del Tren Maya, 127 por ciento más que en 2022; y que al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas se destinaran 43 mil 900 mdp adicionales.

Las fracciones parlamentarias de oposición estimaron que, en cinco años, los recursos destinados a los organismos autónomos se redujeron 0.57 puntos al pasar del 2.24 por ciento del PEF 2018 al 1.67 por ciento en el PEF 2023.

No cuadran los datos 

Entre los argumentos orientados a exhibir a los organismos como “carga” para el PEF, durante su conferencia de prensa “mañanera” del 11 de julio de 2024, el Presidente aseguró que al eliminarlos, “se ahorrarían unos 100 mil mdp al año”.

Esta cifra, sin embargo, no coincide con la información oficial; porque en el dictamen a la iniciativa de reformas de los legisladores oficialistas, que suprimen los organismos autónomos, se muestra que, en el sexenio 2018-2024, las siete instancias a desaparecer obtuvieron un presupuesto de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos, es decir, poco más de cinco mil 385 mdp anuales (no 100 mil mdp).

De acuerdo con el PEF-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 25 de noviembre de 2023, los presupuestos de los siete organismos suman cuatro mil 663 millones 947 mil 805 pesos.

Para el Inai fueron mil 97 millones 353 mil 466 pesos; al Coneval se asignaron 411 millones 266 mil 747 pesos; Mejoredu, 665 millones 670 mil 24 pesos; al IFT, mil 680 mdp; a la Cofece, 687 millones 866 mil 26 pesos; a la CRE, 285 millones 506 mil 948 pesos; y a la CNH, 247 millones 551 mil 341 pesos.

El CIEP, Fundar, México ¿Cómo Vamos? y México Evalúa rechazaron que los presupuestos de los organismos autónomos representen una carga en el gasto público, como ha interpretado el Presidente.

En un análisis conjunto sobre la reforma contra ese organismo, se aclara que “los recursos públicos destinados a organismos autónomos como el Inai y el IFT no alcanzarían para financiar mejoras en el bienestar de los pensionados, justificación difundida por AMLO.

“Con base en el PEF 2024, este año, el Inai y el IFT tendrán recursos por dos mil 777 mdp. Esta cifra representa apenas dos por ciento de los recursos asignados este año al Tren Maya y sólo 0.14 por ciento del presupuesto contemplado para pensiones”, agrega el documento.

La comisionada del Inai, Norma Julieta del Río Venegas, destacó la importancia democrática de un organismo público independiente que proteja los datos personales y garantice la información gubernamental requerida por ciudadanos, medios de comunicación o académicos. Explicó también que este organismo no resulta caro; y que desde 2018, cuando recibió un presupuesto de mil 98 mdp, siempre “ha ido a la baja”.

La comisionada también desmintió que con la desaparición de siete organismos autónomos se ahorren 100 mil mdp: “hay estudios que hemos conocido y que también nosotros hicimos; con esto se ahorran cinco mil 400 mdp.

“Se habla de duplicidad de funciones, no hay tal… la Secretaría de la Función Pública es un órgano de control del Poder Ejecutivo Federal que implementa las políticas públicas… somos un árbitro entre el ciudadano y las autoridades que les niegan la información, que se las clasifican, y ordenamos que se abra”, añadió.

En su posicionamiento sobre la reforma, el pleno del IFT consideró que la supresión de este organismo sería un retroceso que empeoraría la competencia entre prestadores de servicios, porque beneficia a los precios y la calidad de sus servicios a los usuarios.

“Este Instituto considera que la propuesta representa un retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias, dado que implica volver a un modelo que demostró tener serias limitaciones… (se creó el IFT) para que más mexicanos contaran con más servicios de telecomunicaciones a menor precio y con mayor calidad”, precisan los comisionados.

De junio de 2013 a diciembre de 2023, los precios de las comunicaciones disminuyeron 31.7 por ciento; se eliminó la larga distancia nacional (los pagos de Lada) “y la portabilidad numérica, y con ello cambiaron de operador, conservando su mismo número, en un plazo de 24 horas”.

“El otorgamiento de concesiones comunitarias e indígenas ha contribuido al ejercicio de los derechos de libertad de expresión, acceso a la información y comunicación; además de que fomentan la participación social, cultural y política de los pueblos y comunidades”, señalaron.

La Cofece, creada en 1992 y con autonomía desde 2013, promueve opciones de precios en bienes y servicios para el consumidor, en la medida en que éstos no sean controlados por intereses de determinados grupos políticos o económicos.

Alejandra Palacios Prieto, excomisionada presidenta de la Cofece entre 2013 y 2021, reveló que si las funciones desempeñadas hoy por este organismo autónomo pasan al Gobierno Federal, podrían usarse para favorecer a unos empresarios y extorsionar a otros.

En su artículo La desaparición de la Cofece sólo reforzaría el capitalismo de cuates, presentado el seis de agosto de 2024 por el diario El País, Palacios advirtió que la concentración de la riqueza es generada por el contubernio entre el poder político y el económico, lo que perjudica la libre competencia entre empresas y, a fin de cuentas, encarece los precios al consumidor.

La especialista en administración y políticas públicas explicó que la vinculación entre el poder político y el económico “se traduce en mercados concentrados y precios más altos en perjuicio de los consumidores. La autonomía de la comisión es central para poder romper esa simbiosis”, apuntó.

La autonomía “permite a la Cofece operar y emitir sus resoluciones basadas en consideraciones técnicas, al margen de las presiones tanto de los grupos económicos como del gobierno en turno”.

Mejoredu evalúa externamente al gobierno en el cumplimiento del Derecho Constitucional a la educación pública, gratuita e impulsar la mejora permanente.

En la descripción de su tarea específica, Mejoredu resalta que la educación impartida por el Estado debe preparar a los estudiantes “para disfrutar, ejercer y defender sus derechos, así como los de otras personas. Entre los derechos humanos, la educación es clave, ya que permite el conocimiento, disfrute, ejercicio y defensa de otros”.

Otro objetivo central de Mejoredu es la evaluación de los programas educativos para expedir sugerencias y criterios que faciliten los ajustes y cambios requeridos en la práctica, “a fin de satisfacer esas necesidades, afrontar los retos y sostener o acrecentar los avances”.

La reforma presidencial eliminaría también a la CRE, conformada el cuatro de octubre de 1993, cuya autonomía se reforzóel 28 de noviembre de 2008; y la CNH, instituida en esa misma fecha. Ambos organismos se constituyeron como órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía, a la que volverían ahora que su autonomía constitucional será eliminada y queden en manos del gobierno.

Les fue otorgada autonomía para garantizar que actuaran con imparcialidad y sin intervención de autoridades en el sector energético para dar confianza a los inversionistas privados que compitieran con empresas estatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.