“Fraude: Esto no es mantenimiento, pongamos un alto a los recomendados” fue el mensaje anónimo difundido en la página web de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) para mostrar que la caída del sitio, el 23 de junio, “sí” fue provocada por hackeo.

Esta confirmación, igualmente anónima, surgió para desmentir a Sócrates Muñoz, Coordinador de Tecnologías de la USICAMM, quien, el 24 de junio, había negado, mediante un comunicado oficial, que la página de esta institución hubiera sido interferida.

A través de un video incluido en el boletín, Muñoz aseguraba que los resultados de la evaluación “están debidamente resguardados y no presentan ninguna alteración” y que “la información que se registra en la plataforma Venus se encuentra protegida conforme a la Ley de Protección de Datos Personales”.

Sin embargo, todo indica que la demanda inserta en el mensaje anónimo procede del magisterio, porque muchos profesores han denunciado prácticas de favoritismo en la USICAMM, cuya dirección general está en manos de Adela Piña Bernal, quien milita en el partido Morena y fue habilitada en esa posición por Delfina Gómez Álvarez, extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y hoy gobernadora del Estado de México (Edomex).

Desde que se creó en 2019, en desacato a la Ley General de Educación (LGE), en vez de ayudar a los docentes a desarrollar sus carreras magisteriales y proteger sus derechos laborales y datos personales, la USICAMM les ha provocado incertidumbre por la falta de claridad y cumplimiento a sus reglas de operación.

Por ejemplo, el Artículo 10 de la Ley General del SICAMM, relativo a la evaluación de la carrera magisterial, establece: “Los procesos que se deriven de la instrumentación del Sistema serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”.

Pero en varias entidades del país, la citada dependencia no aplica este mandato legal porque, sin convocatorias públicas y sin la realización de exámenes de evaluación, se publican “listas” de maestros evaluados; es decir, éstas se inventan o se dictan en otras instancias oficiales o laborales.

Favoritismo e “influyentismo”

El pasado 25 de junio, un grupo de docentes afectados por estas prácticas emitió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un comunicado en el que acusó a la SEP de corrupción y de usar como “moneda de cambio” el nombramiento en escuelas primarias a directores “allegados a las cúpulas en las estructuras de la Secretaría de Educación de Chiapas y el Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal de la Sección 40”.

Una denuncia similar se produjo también en Oaxaca, cuando maestros afectados revelaron que la USICAMM en la entidad publicó una lista de resultados de la evaluación sin que antes se hubiera publicado la convocatoria respectiva ni realizado las pruebas. “¿Cómo se hizo un examen si no hubo convocatoria?”, cuestionaron los docentes.

Uno de ellos –de quien se omite el nombre por razones de seguridad– reveló a buzos que estas prácticas evidencian que “la autoridad federal está avalando procesos que se realizan en la entidad sin mediar convocatoria pública y que son organizados, en los hechos, por la cúpula de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado (CNTE)”.

En Oaxaca, la CNTE –que posee un gran poder político no sólo en el ámbito educativo– está bloqueando los procesos de evaluación de la USICAMM “por lo que no existe propiamente una representación local de este organismo” ya que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cooptado por la CNTE es el encargado de coordinar sus funciones.

En otras palabras, detalla el declarante, la Sección 22 envía los nombres de las personas que deben ingresar al magisterio, a la IEEPO, y la oficina estatal entrega la lista a la USICAMM para publicarla; por ello advirtió que, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el poder regresó a la cúpula de la CNTE y “ahora tenemos un gobierno estatal completamente inoperante, omiso, y una autoridad federal, que es la USICAMM, que avala lo que está ocurriendo en Oaxaca”.

En Oaxaca, este tipo de problemas surgió en 2022, al comienzo de la administración del morenista Salomón Jara quien, en gran medida, debe el puesto al apoyo de la CNTE, cuyos dirigentes, en los hechos, actúan como “patrones” y obligan al titular del IEEPO, Emilio Montero Pérez, a omitir las convocatorias de la USICAMM.

Los docentes en Oaxaca –denunció el declarante– no sólo están agremiados a la CNTE, sino también a la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM). 

Pero estos dos últimos sindicatos, aclara, no son considerados por el IEEPO en las convocatorias ni en los procesos de evaluación o, para aclararlo, en la designación de directores de escuelas públicas de nivel básico; porque esta atribución corresponde en exclusiva a la CNTE.

Esta organización sindical los excluye, porque ha impuesto la regla a la dependencia educativa del gobierno estatal de que los maestros únicamente deben ascender en su carrera magisterial si demuestran que han participado en al menos 80 por ciento de las marchas, mítines, bloqueos, etc., organizados por la Sección 22.

“¿Qué pasa, entonces? Si soy un maestro de la Sección 59 o del SITEM, o no soy un estudiante de escuela pública, sino de una Universidad Pedagógica Nacional o egresado de una universidad privada, no puedo participar porque el IEEPO no hace públicas sus convocatorias, sino las hace de manera sesgada, sólo con unos cuantos, lo cual es un completo favoritismo.

“La CNTE (en Oaxaca) dicta quién sí y quién no; y eso aplica tanto en el proceso de admisión docente como en los procesos de promoción vertical para los que el año pasado tampoco hubo convocatoria pública; aunque si vamos al archivo de la USICAMM, encontraremos un listado público de resultados. Es decir, pasó exactamente lo mismo: la Sección 22 le pasa la lista al IEEPO, éste a la USICAMM; y ésta simplemente da su visto bueno.

Los maestros han expresado su inconformidad públicamente y en reiteradas ocasiones; sin embargo, las solicitudes que los afectados han enviado al titular del IEEPO, Emilio Montero Pérez, no han recibido una respuesta satisfactoria, pues dicho funcionario condicionó la emisión de las convocatorias a “particularidades” no contempladas en la legislación educativa vigente.

Montero Pérez difundió estos condicionamientos en una respuesta que pasó a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Oaxaca, Flora Tania Cruz Santos, quien le había recordado que las convocatorias deben ser públicas para que en los exámenes de evaluación participen todos los maestros:

“… sobre el particular –escribió el titular del IEEPO– hago de su conocimiento que el instituto se encuentra en la revisión de las particularidades del entorno local y regional del servicio educativo con la finalidad de considerarse la emisión de las convocatorias reguladas por la USICAMM”. 

Es decir, el IEEPO no emite convocatorias para la evaluación de los maestros que pretenden ascender en su carrera magisterial porque las “particularidades del entorno local y regional” están por encima de la ley y de los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Es por ello, señaló el maestro, que “el magisterio necesita una ley que rija nacionalmente y que otorgue certeza y fortaleza jurídica a los docentes que reclamen y se sometan a un proceso de evaluación; porque de seguir vigentes leyes como la impugnada, se alentará a las autoridades de los estados a negociar con los sindicatos de acuerdo con sus intereses gremiales y a costa de la ley, equidad, imparcialidad y transparencia”.