“Fraude: Esto no es mantenimiento, pongamos un alto a los recomendados” fue el mensaje anónimo difundido en la página web de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) para mostrar que la caída del sitio, el 23 de junio, “sí” fue provocada por hackeo.

Esta confirmación, igualmente anónima, surgió para desmentir a Sócrates Muñoz, Coordinador de Tecnologías de la USICAMM, quien, el 24 de junio, había negado, mediante un comunicado oficial, que la página de esta institución hubiera sido interferida.

A través de un video incluido en el boletín, Muñoz aseguraba que los resultados de la evaluación “están debidamente resguardados y no presentan ninguna alteración” y que “la información que se registra en la plataforma Venus se encuentra protegida conforme a la Ley de Protección de Datos Personales”.

Sin embargo, todo indica que la demanda inserta en el mensaje anónimo procede del magisterio, porque muchos profesores han denunciado prácticas de favoritismo en la USICAMM, cuya dirección general está en manos de Adela Piña Bernal, quien milita en el partido Morena y fue habilitada en esa posición por Delfina Gómez Álvarez, extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y hoy gobernadora del Estado de México (Edomex).

Desde que se creó en 2019, en desacato a la Ley General de Educación (LGE), en vez de ayudar a los docentes a desarrollar sus carreras magisteriales y proteger sus derechos laborales y datos personales, la USICAMM les ha provocado incertidumbre por la falta de claridad y cumplimiento a sus reglas de operación.

Por ejemplo, el Artículo 10 de la Ley General del SICAMM, relativo a la evaluación de la carrera magisterial, establece: “Los procesos que se deriven de la instrumentación del Sistema serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”.

Pero en varias entidades del país, la citada dependencia no aplica este mandato legal porque, sin convocatorias públicas y sin la realización de exámenes de evaluación, se publican “listas” de maestros evaluados; es decir, éstas se inventan o se dictan en otras instancias oficiales o laborales.