En 2023, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, gastó más de 35 millones de pesos (mdp) para promover su imagen en los medios de comunicación masiva. Al menos cuatro mdp de este dinero se entregaron a televisoras nacionales. Este régimen de gasto poco “austero” persiste desde finales de octubre del año pasado, cuando el huracán Otis dejó sin empleo, mayor pobreza y en el desamparo a más de dos terceras partes de esta población tras la destrucción de la infraestructura turística, habitacional y servicios públicos.

Hoy, a casi un año de que las fuertes ventiscas de Otis devastaran el puerto de Acapulco, los pobladores enfrentan el azote de los grupos delictivos que operan en el estado de Guerrero; bandas criminales extorsionan a dueños de locales, asesinan a los pobladores y mutilan los cuerpos de sus víctimas para aterrorizar a la región.

Aunque el Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el estatal, a cargo de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda; y el municipal, dirigido por Abelina López, se coordinaron y activaron una estrategia contra la inseguridad apoyada en el uso de drones para detectar los movimientos de los grupos delictivos, pero las acciones criminales no cesan y se incrementan; en la segunda semana de agosto, durante la homilía dominical, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, lamentó que el ascenso de la violencia demuestra la fallida estrategia de seguridad aplicada por los tres órdenes de gobierno y pidió a los feligreses “no acostumbrarse a la violencia”.

Las huellas de Otis no se han borrado; hasta ahora sólo 15 por ciento de los negocios turísticos grandes y medianos –hoteles y restaurantes– han logrado reactivarse; mientras, los pequeños comercios permanecen cerrados porque sus propietarios no pueden solventar las pérdidas ni sus gastos en vivienda, salud, educación y servicios urbanos.

La catástrofe provocada por el huracán afectó también severamente las áreas rurales de Acapulco y de Coyuca de Benítez, donde al menos 70 mil campesinos y ganaderos esperan el apoyo de los programas gubernamentales; y ante la falta de los tres órdenes de gobierno exigen la instalación de una mesa de trabajo para resolver sus dificultades, denunció Evencio Sotelo, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos del estado de Guerrero.

En esa región costera de Guerrero, el golpe del fenómeno hidrometeorológico derribó miles de palmeras de coco y árboles de mango; causó la muerte de miles de reses y cerdos y dejó intransitables las carreteras y caminos vecinales; sin embargo, hasta la fecha los gobiernos se niegan a repararlos.